Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Producto de la reforma laboral aplicada desde 2012, empeora la calidad de vida de las trabajadoras y de su familia, y se aleja su posibilidad de una pensión.
En 2012, con el regreso del Partido Revolucionario Institucional al poder Ejecutivo, se aprobaron modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, dentro de las llamadas “reformas estructurales”, las cuales fueron casi de inmediato aplicadas para iniciar la gestión de Enrique Peña Nieto. Sus resultados a tres años de administración, muestran un panorama desolador para las trabajadoras mexicanas.
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, el gobierno federal debe garantizar a las mujeres un salario digno que alcance para el gasto familiar y al mismo tiempo sea un piso económico firme que les permita tomar decisiones con miras a prosperar en ámbitos educativos, políticos, artísticos y otros.
Pero lejos de eso, más de 11 millones de mexicanas mantuvieron durante este año de 2015 condiciones informales de empleo, una cifra que es superior por un millón de mujeres respecto de 2014.
Por otro lado, dentro de este grupo, la tasa de ocupación femenina en el sector informal es casi del tres por ciento y es superior a la de los varones.
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SALARIOS… NI PARA LA CANASTA BÁSICA
En términos generales, las mexicanas recibieron por su trabajo, en promedio, hasta dos salarios mínimos –poco más de cuatro mil pesos al mes-, lo que impide que una jefa de familia, de las más de cuatro millones que existen en México, logre cubrir el precio de la canasta básica alimentaria, cuyo costo es de mil 247 pesos mensuales por persona, según cálculos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política (Coneval) a noviembre de 2015.
Si se multiplica esta cifra por el promedio de hijos que tiene cada trabajadora, que es entre uno y dos, resulta que cada jefa de hogar requiere de un ingreso mínimo de tres mil setecientos pesos, sólo para costear lo básico en alimentos para su familia, sin contar ropa, artículos de higiene, transporte y otros gastos.
Esta condición de informalidad obligó a que en 2015 hubiera más de un millón 400 mil mujeres, la mayoría con uno o dos hijos y 400 de ellas jefas de hogar, sub-ocupadas; es decir, con disposición y necesidad de trabajar más horas.
Y por eso, más de tres millones de mujeres laboraron más de 48 horas a la semana, lo que rebasa una jornada de ocho horas diarias con dos días de descanso.
Por otro lado, al cierre de septiembre de 2015, ingresaron a un empleo aproximadamente 600 mil mujeres más que en 2014
Sin embargo, de las que ingresaron a trabajar o trabajaron más horas, prácticamente un millón quedó desempleada, porque la mayoría renunció, perdió su empleo o tuvo dificultades para ingresar a su primer empleo.
Según el Inegi, más de 100 mil trabajadoras le revelaron que se sentían insatisfechas con el empleo que tenían. Se trata de mujeres en su mayoría jóvenes, solteras, con menos de dos hijos o sin hijos, y con un nivel de instrucción más alto.
SIN SEGURIDAD SOCIAL NI PENSIONES
Los datos más recientes sobre cobertura de salud muestran que apenas siete millones de trabajadoras de las más de 19 millones que hay en el mercado de trabajo tuvieron acceso a una institución de salud. La cifra es prácticamente exacta en el mismo periodo pero de 2014.
Por otra parte, diversas reformas a otras legislaciones –como la reciente a la Ley del ISSSTE-, eliminan la oportunidad de que las pocas trabajadoras afiliadas a una institución de salud cuenten con un sistema de pensiones auspiciado por el Estado.
En este contexto, para que una joven de 25 años de edad, que no cotiza en ninguna institución de salud y que acaba de ingresar al mercado del trabajo, pueda tener acceso a una pensión para su vejez, debe trabajar hasta los 65 años de edad y reservar al menos la mitad de su salario para vivir con cinco mil pesos mensuales. Así lo indica un simulador de pensiones del Instituto de Seguridad y Seguros Sociales de los Trabajadores del Estado.
HOSTIGAMIENTO Y ACOSO
La “reforma laboral” incluyó prohibir el hostigamiento y acoso sexual, hasta ahora las instituciones públicas sólo han presentado protocolos de intervención que no han conseguido que las denuncias por este delito se resuelvan de manera expedita.
Como botón de muestra, durante 2015 Cimacnoticias documentó al menos dos testimonios de dos trabajadoras de la Comisión Federal de Electricidad y una del el Instituto Nacional Electoral que presentaron denuncias por hostigamiento sexual.
Se hicieron investigaciones, algunas con cuestionamientos intimidatorios por parte de los encargados de impartir justicia, que no concluyeron en una resolución favorable y mucho menos en sanciones contra los agresores.
Sin embargo, la administración peñista presume que este año creó la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI. 2015 sobre igualdad laboral y no discriminación.
Se trata de un certificado que elaboró el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y que pueden adquirir los centros de trabajo de manera “opcional”, si desean ser “modelos” en materia de equidad.
Además, el Gobierno federal no ha logrado cumplir su meta de incluir más mujeres en el mercado de trabajo, ya que en la actualidad menos de la mitad de las mayores de 15 años de edad trabaja o está en disposición de hacerlo, principalmente porque no tienen tiempo, ya que se dedican al cuidado del hogar, sin salario, y eso les implica hasta ocho horas diarias de actividad.
Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo indican que en 2015 la población femenina económicamente activa (PEA) sólo sumó 616 mil 653 trabajadoras más a las que había en 2014, mientras que en general la población femenina en edad de trabajar creció casi un millón de un año a otro.
