México.-  La pandemia de Covid-19 se expande en las cárceles del país.

De acuerdo con la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal), existe un aumento de casos de Covid-19 dentro de las cárceles del país, pues actualmente hay alrededor de mil 100 contagios en estos espacios.

AsiLegal, que basa su estadística en un monitoreo de medios de comunicación y cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), lamentó que los contagios hayan crecido de esta manera, pues a su parecer es una situación que se pudo haber evitado.

“Estas lamentables cifras, a todas luces, pudieron haber sido evitadas de implementarse una planificación coherente y apegada a los derechos humanos de excarcelación de personas. La inacción, el cierre de juzgados y tanto la inhabilidad como la misma indiferencia a hacer un impacto han resultado en una catástrofe penitenciaria”, señaló la ONG.

Según AsiLegal, 939 contagios se han dado entre la población penitenciaria y 161 entre los trabajadores de las cárceles. El Covid-19 ha impactado a 26 estados de la República y ha dejado 112 muertos.

Las entidades con más contagios son Jalisco, Puebla, Ciudad de México, Chihuahua y Estado de México, pero las cárceles con mayor mortalidad se encuentran en Baja California, Morelos y Guerrero.

“La actualidad del sistema penitenciario, es una conclusión de lo poco que se ha avanzado en la materia: el año pasado, por ejemplo, el promedio de calificación de los centros penitenciarios, según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 (de la CNDH), fue de 6.75, donde el 33 por ciento presentaron condiciones de hacinamiento y sobrepoblación”, agregó la asociación civil en un comunicado.

De igual forma, criticó que no hay una estadística oficial general de todos los contagios que se han dado dentro de las prisiones, lo cual provoca que haya un subregistro en este conteo y en el elaborado por la CNDH.

“La transparencia es un derecho y exigencia que ejercemos desde la sociedad civil para poder defender los derechos humanos de las personas privadas de libertad en el país. De otra manera, no será posible hacer frente a la crisis en desarrollo y, aún más, se profundizarán las peores prácticas que suceden desde el aparato estatal en contra de sus ciudadanos”, concluyó AsiLegal sobre este tema.

 

Con información de El Universal.