Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Con la publicación del Reglamento de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y la instalación del Sistema Nacional de Protección Integral para la Infancia, el gobierno federal y los locales tendrán que garantizar medidas para erradicar la violencia sexual, el trabajo infantil, los matrimonios en menores de 18 años de edad, y las privaciones de la libertad de niñas y niños migrantes.
Hoy se cumple un año desde que se decretó la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que presentó el Ejecutivo federal en septiembre de 2014 como iniciativa urgente, pero que el Congreso de la Unión, con apoyo de grupos civiles, modificó casi en su totalidad.
No obstante, apenas hace dos días se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de esa ley, y se instaló formalmente el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, encargado de coordinar trabajos conjuntos con los gobiernos de los estados, garantizar el cumplimiento de recomendaciones internacionales a México en materia de infancia, y vigilar el acceso a la justicia de las y los niños víctimas de delitos.
De acuerdo con lo que establecen la ley y su reglamento, las entidades federativas deben modificar sus códigos civiles para establecer los 18 años como edad mínima para el matrimonio, ya que a nivel nacional 21.5 por ciento de las mujeres se unieron antes de esa edad.
La norma también señala que en los casos de niñas y niños víctimas de abusos físicos, psicológicos y sexuales, abandono, trata de personas, trabajos en condiciones inseguros o insalubres, de incitación para cometer delitos, entre otros, las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes –que deberán instalarse a nivel federal y local– están obligadas a garantizarles justicia, reparar el daño y, en su caso, brindar medidas especiales de protección.
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El Reglamento también dice que el personal del Instituto Nacional de Migración está obligado a informar a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes cuando inicie un proceso administrativo contra una niña o niño migrante, además de darles toda la información sobre sus derechos, y en tanto se resuelva su condición migratoria deberán ser atendidas y atendidos por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Por otra parte, el Sistema Integral de Protección –encabezado por Ricardo Bucio– quedó integrado por cinco comisiones sobre Abuso Sexual Infantil, Justicia para Adolescentes, Cumplimiento de Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Trabajo Infantil, y de Secretarías Ejecutivas Nacional y Estatales.
Además de que se destinaron ocho espacios para la participación de organizaciones civiles y una comisión para especialistas.
Hasta ahora, 29 entidades ya cuentan con su propia ley de infancia, mientras que aún no la publican. Las y los gobernadores de los estados se comprometieron a instalar a más tardar el 30 de abril de 2016 los sistemas locales, así como a modificar sus códigos civiles para erradicar el matrimonio infantil.
