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Reporteros de Guerrero denuncian peligros ante relator de la ONU

Gobernantes, servidores públicos, grupos criminales y hasta sindicalistas, los principales agresores de reporteros, exponen en un documento.

Por Luis Jijón León, 2017-12-02 19:09

Guerrero.- En lo que va del año en Guerrero se han perpetrado 32 agresiones en contra de 40 periodistas, la mayoría por parte de servidores públicos. El común denominador en todos los casos ha sido la impunidad, la protección y la complicidad de las autoridades con los agresores, denunciaron comunicadores del estado ante el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre libertad de Expresión, David Kaye.

Este día el relator junto al director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández se reunieron con periodistas del estado quienes externaron las condiciones de riesgo en la que realizan su trabajo, algunos relataron las agresiones y amenazas de las que han sido objeto.

En un escrito entregado a David Kaye los periodistas dan cuenta de la situación a la que se exponen en Guerrero, uno de los cuatro estados más peligrosos para ejercer el periodismo, además contabilizan el asesinato de 12 reporteros de 1997 a 2017.

“Nunca como ahora la libertad de expresión había estado en peligro, ni los periodistas se habían visto tan amenazados. En estos días, los periodistas trabajamos literalmente bajo fuego. Gobernantes, servidores públicos, grupos criminales y hasta sindicalistas, pareciera que nos tienen bajo la mira”, exponen en el documento.

“Frente a estos hechos, los periodistas no pedimos mecanismos ni medidas de protección; simplemente el cese de la impunidad y castigo a los culpables, para evitar que los agravios se repitan. En una palabra, que las autoridades cumplan con su responsabilidad de garantizar seguridad a toda la sociedad agraviada por la violencia; en esa medida, los periodistas ejerceremos de manera plena nuestra labor”.

En el documento exponen que el trabajo de los reporteros se desarrolla en condiciones de mucho riesgo. “Guerrero es uno de los cuatro estados más peligrosos del país para ejercer el periodismo: el periodista hace su labor en medio de 29 grupos de civiles armados, entre bandas de delincuentes y autodefensas, de acuerdo a informes de Seguridad Pública”.

Sin embargo, precisan que el 71.8 por ciento de las agresiones documentadas por organizaciones de periodistas en el estado, provienen de servidores públicos.

De acuerdos a los comunicadores, la estela de asesinatos contra los periodistas en Guerrero empezó durante el gobierno interino de Ángel Aguirre Rivero. El 23 de mayo de 1997 fue asesinado y después incinerado adentro de su automóvil el director del Semanario 7 Días, Jesús Abel Bueno León.

En mayo de 2004, durante el periodo de gobierno de René Juárez Cisneros, el periodista Leodegario Aguilera Lucas, director de la revista mensual Mundo Político, fue sustraído, al parecer por policías judiciales, de su casa de Acapulco una madrugada y hasta la fecha no aparece.

Y en lo que toca a las agresiones en contra de reporteros que cubren la nota diaria, empezaron en el 2006, durante el sexenio de Zeferino Torreblanca Galindo, periodo en el que también arreció la espiral de violencia de la delincuencia organizada que agobia a Guerrero hasta hoy, y que cada día se vuelve más sanguinaria.

El 10 de noviembre de ese año, apareció muerto en un cuarto de hotel al director del periódico El Despertar de la Costa, Misael Tamayo Hernández. Según las autoridades a Tamayo Hernández le inyectaron una sobredosis de narcóticos, hasta paralizar su corazón.

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Durante ese gobierno, también fue asesinado el corresponsal de Televisa, Amado Ramírez Dillanes, el 7 de abril de 2007.

“Es así, como a lo largo de esta última década, los reporteros desarrollan su trabajo en medio de un contexto de violencia extrema, en el que no existe ningún tipo de seguridad, debido a que hay zonas en las que la delincuencia opera a sus anchas sin que ninguno de los tres órdenes de gobierno haga algo al respecto”.

En lo que va de la actual administración estatal han asesinado a dos periodistas. En abril de 2016, mataron en Taxco al corresponsal de El Sol de Acapulco, Francisco Pacheco, y en marzo de este año, en Ciudad Altamirano, al corresponsal de El Universal en Tierra Caliente, Cecilio Pineda Birto. El gobierno no ha esclarecido ninguno de los crímenes.

De las 40 agresiones que se han registrado este año contra periodistas precisan que, siete han sido por el crimen organizado y el resto por servidores públicos estatales y municipales.

El caso más reciente, es el del reportero del periódico El Sur, Zacarías Cervantes, a quien la noche del 15 de noviembre retuvieron unos siete individuos –uno de ellos armado– durante 20 minutos, al momento de abordar su automóvil en el centro de Chilpancingo.

“Como puede verse, el panorama luce bastante sombrío para el ejercicio periodístico, tanto como para el resto de la sociedad; se fue complicando sin que estuviéramos preparados para hacerle frente. Los ataques, cada vez más frecuentes y en mayor número, están dirigidos contra esos reporteros que tratan de iluminar las zonas oscuras que los grupos de poder no quieren que se descubran”.

Los periodistas pidieron al relator que su vista a México no sea un asunto de trámite o anecdotario, y contribuya para comenzar un nuevo camino donde se respete la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio periodístico.

Pidieron también que a partir luego de su visita se convierta en vigilante permanente de la actuación de las autoridades de México en relación al ejercicio periodístico.

Los testimonios de los periodistas que han sido amenazados y agredidos se realizaron en privado. El lunes previó a concluir su gira de trabajo por el país, el relator de la ONU habrá de entregar un reporte al gobierno federal sobre las conclusiones de la visita, y habrá de redactar recomendaciones sobre la situación de los comunicadores y defensores de derechos humanos.

Por la tarde y tras concluir el encuentro con los periodistas David Kaye se reunió el privado en el Palacio de Gobierno con el secretario de gobierno, Florencio Salazar Adame.

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Iniciativa de reforma no resuelve corrupción del TSJ: Colegio de Abogados

El presidente del Colegio de Abogados calificó de una iniciativa “parcialmente correcta”, pero no resuelve el problema de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias que persiste en el TSJ

Por Luis Jijón León, 2018-02-22 14:07

Chilpancingo, Guerrero.- La iniciativa de reforma a la Constitución local en materia de impartición de justicia presentada ayer ante el Congreso no resuelve el problema de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias que persiste en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y sus magistrados, dijo el presidente del Colegio de Abogados de Chilpancingo, Rubén Cayetano García quien insistió en la necesidad de la refundación del Poder Judicial.

Ayer el diputado perredista Perfecto Rosas Martínez presentó ante el Congreso local una iniciativa que propone entre otras cosas, un nuevo marco constitucional que fortalezca al Poder Judicial, dar autonomía al Consejo de Judicatura, y que los magistrados sean designados por el Congreso a través de una convocatoria abierta, concurso de oposición y consulta ciudadana, cuidando los criterios de la carretera judicial.

En entrevista telefónica el abogado calificó dicha iniciativa como “parcialmente correcta” realizada desde el aspecto jurídico, pero el problema del Poder Judicial no es un asunto de leyes ni de legalidad, sino un asunto de fondo, dijo.

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“El Poder Judicial ya tocó fondo, al Poder Judicial lo embargó la corrupción, el nepotismo que se padece al interior”, dijo.

“El problema del Poder Judicial no es de leyes, con las leyes que tenemos se podría sacar adelante. El problema son los que están al frente del Poder Judicial, los que se sienten amos y señores, ese es el problema la falta de autoridad moral para impartir justicia”.

Los magistrados están carcomidos por la corrupción, por el nepotismo, y el Poder Judicial no va a cambiar hasta que se vayan los magistrados, “pude ser bien vista la iniciativa, podemos decir que es parcialmente correcta, pero no resuelve el problema de fondo”, dijo el abogado.

En 2015 el colegio de abogados de Chilpancingo interpuso ante el Congreso local un juicio político contra los magistrados del TSJ, y plantearon la necesidad de la refundación del Poder Judicial, sin embargo, hasta el momento dicho juicio permanece en la “congeladora” del poder Legislativo.

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Inexistente el permiso “sin goce de sueldo” del TSJE a Adela Román

La Secretaría General de Acuerdos del TSJ, dice que la licencia fue aprobada en una sesión ordinaria el 24 enero, pero no hay acuerdos publicados de esa sesión.

Por Juan Manuel Molina, 2018-02-22 13:02

Guerrero.- El supuesto acuerdo mediante el cual el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), aprobó la licencia “sin goce de sueldo” de la magistrada Adela Román Ocampo para participar en el proceso de selección de candidatos de Morena, es inexistente.

Según declaraciones de Román Ocampo a medios locales, la licencia de 60 días que le dio la judicatura, tuvo efectos desde el 19 de enero y esa información coincide con la proporcionada por la Secretaría General de Acuerdos del TSJ, sin embargo, los resolutivos de esa supuesta sesión no se encuentran en el listado de acuerdos del pleno.

De acuerdo al artículo 80 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia de Guerrero, “El Pleno del Tribunal conforme lo establece el artículo 16 fracción XXII de la Ley Orgánica, resolverá respecto de las licencias con o sin goce de sueldo que soliciten los magistrados por más de quince días y hasta dos meses”.

 Inexistente el permiso “sin goce de sueldo” del TSJE a Adela Román

En una hoja sin membrete, emitida por la Secretaría General de Acuerdos del TSJ, se señala que el término de la licencia de Román Ocampo, comprendida desde el 19 de enero, concluirá el próximo 19 de marzo.

Señala que el permiso, “sin goce de sueldo”, fue aprobado aparentemente en una sesión ordinaria el 24 enero, mediante un escrito firmado por la magistrada que, de existir, lo tienen oculto.

Sin embargo, cuatro días antes de que se realizara la supuesta sesión ordinaria donde le concedieron el permiso, el día sábado 20 de enero, la magistrada hizo público, en una entrevista con reporteros en Acapulco informó que “solicitó su licencia ante el pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para separarse del cargo de magistrada, que a partir de este viernes (19 de enero) empezó a tener efecto”. “Pertenezco a un poder público del estado, decidí pedir permiso para venir a luchar por la democracia”, afirmó.

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 Inexistente el permiso “sin goce de sueldo” del TSJE a Adela Román

Debido a la absoluta falta de transparencia en el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, en el portal de transparencia de ese Poder estatal, no se encuentran publicadas las actas de las sesiones del Pleno del TSJ, a pesar de ser una obligación que los sujetos obligados deben respetar, según la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.

Al buscar en estrados la sesión del día 24 donde supuestamente el pleno le concedió permiso a la magistrada Adela Román, este no existe. La sesión más próxima es la del 23 de enero cuya copia aquí se anexa.

 Inexistente el permiso “sin goce de sueldo” del TSJE a Adela Román

En mayo del año pasado, el Congreso del Estado ratificó a Adela Román como magistrada del TSJ para un periodo comprendido del 4 de mayo de 2017 al 3 de mayo de 2025. La experredista fue nombrada magistrada en 2011 a propuesta del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.

La cuestionada magistrada aspira a ser nombrada como candidata de Morena a la alcaldía de Acapulco.

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Acusa comandante de la UPOEG, colusión de gobierno con Ardillos

La madrugadad este jueves, agentes federales irrumpieron el domicilio del comandante de la UPOEG a quien acusan de enriquecimiento ilícito

Por Alejandro Ortiz, 2018-02-22 12:23

Chilpancingo, Guerrero.-Un grupo de agentes ed la Marina Armada de México y de la Procuraduría General de la Reública (PGR), irrumpieron en el poblado de Xlatianguis para detener al comandante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Ernesto Gallardo Grande, acusado de enriquecimiento ilícito.

Estas acciones, según Ernesto Gallardo, buscan el desarme de la UPOEG en el corredor desde el valle del Ocotito municipio de Chilpancingo, hasta Xaltianguis para dar paso libre a la banda delictiva de Los Ardillos, quienes el día de ayer atacaron la base comunitaria del poblado de Buenavista de la Salud, dijo en conferencia de prensa.

“Es evidente la colusión que tiene el gobierno con el grupo criminal de Los Ardillos. Es mucha casualidad que después del ataque del grupo criminal nos metieron al gobierno para desarmarnos y quedarse con el corredor (…) se da por hecho que tienen un trato con el grupo criminal”, manifestó Ernesto Gallardo.

Gallardo Grande informó que minutos después de las dos de la mañana, un convoy de 20 camionetas con agentes federales con el rostro cubierto, ingresaron a la comunidad, ubicada en la zona urbana de Acapulco y se trasladaron al domicilio de Ernesto Gallardo.

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“Vino la PGR con la Marina a hacer un operativo, su objetivo era detenerme, yo estaba fuera de la casa y por ello no me encontraron”, relató el líder comunitario.

Durante el operativo, según Ernesto Gallardo, fue detenido un familiar que no tiene nada que ver con el movimiento de la policía ciudadana por lo que de inmediato replicaron las campanas de Xaltianguis y antes de las tres de la mañana comenzó el bloqueo para evitar la salida de los federales.

El comandante general de la UPOEG, aseguró que los agentes federales tenían solamente una orden de cateo y de no de aprehensión, sin embargo de manera informal le indicaron que es acusado por enriquecimiento ilícito.

Aunque el detenido fue liberado horas más tarde, policías ciudadanos y habitantes de la comunidad mantienen a un agente de la PGR retenido con el fin de presionar a las autoridades federales para que aclaren la situación legal de Ernesto Gallardo y de la UPOEG en Xaltianguis.

Informó que los bloqueos continuarán hasta que se aclare la situación del líder de la UPOEG e incluso adelantó que de ser necesario, los bloqueos carreteros se extenderán a la Montaña y Costa Chica, así como zonas donde el grupo tenga presencia.