#Guerrero

Reporteros de Guerrero denuncian peligros ante relator de la ONU

Gobernantes, servidores públicos, grupos criminales y hasta sindicalistas, los principales agresores de reporteros, exponen en un documento.

Por Luis Jijón León, 2017-12-02 19:09

Guerrero.- En lo que va del año en Guerrero se han perpetrado 32 agresiones en contra de 40 periodistas, la mayoría por parte de servidores públicos. El común denominador en todos los casos ha sido la impunidad, la protección y la complicidad de las autoridades con los agresores, denunciaron comunicadores del estado ante el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre libertad de Expresión, David Kaye.

Este día el relator junto al director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández se reunieron con periodistas del estado quienes externaron las condiciones de riesgo en la que realizan su trabajo, algunos relataron las agresiones y amenazas de las que han sido objeto.

En un escrito entregado a David Kaye los periodistas dan cuenta de la situación a la que se exponen en Guerrero, uno de los cuatro estados más peligrosos para ejercer el periodismo, además contabilizan el asesinato de 12 reporteros de 1997 a 2017.

“Nunca como ahora la libertad de expresión había estado en peligro, ni los periodistas se habían visto tan amenazados. En estos días, los periodistas trabajamos literalmente bajo fuego. Gobernantes, servidores públicos, grupos criminales y hasta sindicalistas, pareciera que nos tienen bajo la mira”, exponen en el documento.

“Frente a estos hechos, los periodistas no pedimos mecanismos ni medidas de protección; simplemente el cese de la impunidad y castigo a los culpables, para evitar que los agravios se repitan. En una palabra, que las autoridades cumplan con su responsabilidad de garantizar seguridad a toda la sociedad agraviada por la violencia; en esa medida, los periodistas ejerceremos de manera plena nuestra labor”.

En el documento exponen que el trabajo de los reporteros se desarrolla en condiciones de mucho riesgo. “Guerrero es uno de los cuatro estados más peligrosos del país para ejercer el periodismo: el periodista hace su labor en medio de 29 grupos de civiles armados, entre bandas de delincuentes y autodefensas, de acuerdo a informes de Seguridad Pública”.

Sin embargo, precisan que el 71.8 por ciento de las agresiones documentadas por organizaciones de periodistas en el estado, provienen de servidores públicos.

De acuerdos a los comunicadores, la estela de asesinatos contra los periodistas en Guerrero empezó durante el gobierno interino de Ángel Aguirre Rivero. El 23 de mayo de 1997 fue asesinado y después incinerado adentro de su automóvil el director del Semanario 7 Días, Jesús Abel Bueno León.

En mayo de 2004, durante el periodo de gobierno de René Juárez Cisneros, el periodista Leodegario Aguilera Lucas, director de la revista mensual Mundo Político, fue sustraído, al parecer por policías judiciales, de su casa de Acapulco una madrugada y hasta la fecha no aparece.

Y en lo que toca a las agresiones en contra de reporteros que cubren la nota diaria, empezaron en el 2006, durante el sexenio de Zeferino Torreblanca Galindo, periodo en el que también arreció la espiral de violencia de la delincuencia organizada que agobia a Guerrero hasta hoy, y que cada día se vuelve más sanguinaria.

El 10 de noviembre de ese año, apareció muerto en un cuarto de hotel al director del periódico El Despertar de la Costa, Misael Tamayo Hernández. Según las autoridades a Tamayo Hernández le inyectaron una sobredosis de narcóticos, hasta paralizar su corazón.

Durante ese gobierno, también fue asesinado el corresponsal de Televisa, Amado Ramírez Dillanes, el 7 de abril de 2007.

“Es así, como a lo largo de esta última década, los reporteros desarrollan su trabajo en medio de un contexto de violencia extrema, en el que no existe ningún tipo de seguridad, debido a que hay zonas en las que la delincuencia opera a sus anchas sin que ninguno de los tres órdenes de gobierno haga algo al respecto”.

En lo que va de la actual administración estatal han asesinado a dos periodistas. En abril de 2016, mataron en Taxco al corresponsal de El Sol de Acapulco, Francisco Pacheco, y en marzo de este año, en Ciudad Altamirano, al corresponsal de El Universal en Tierra Caliente, Cecilio Pineda Birto. El gobierno no ha esclarecido ninguno de los crímenes.

De las 40 agresiones que se han registrado este año contra periodistas precisan que, siete han sido por el crimen organizado y el resto por servidores públicos estatales y municipales.

El caso más reciente, es el del reportero del periódico El Sur, Zacarías Cervantes, a quien la noche del 15 de noviembre retuvieron unos siete individuos –uno de ellos armado– durante 20 minutos, al momento de abordar su automóvil en el centro de Chilpancingo.

“Como puede verse, el panorama luce bastante sombrío para el ejercicio periodístico, tanto como para el resto de la sociedad; se fue complicando sin que estuviéramos preparados para hacerle frente. Los ataques, cada vez más frecuentes y en mayor número, están dirigidos contra esos reporteros que tratan de iluminar las zonas oscuras que los grupos de poder no quieren que se descubran”.

Los periodistas pidieron al relator que su vista a México no sea un asunto de trámite o anecdotario, y contribuya para comenzar un nuevo camino donde se respete la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio periodístico.

Pidieron también que a partir luego de su visita se convierta en vigilante permanente de la actuación de las autoridades de México en relación al ejercicio periodístico.

Los testimonios de los periodistas que han sido amenazados y agredidos se realizaron en privado. El lunes previó a concluir su gira de trabajo por el país, el relator de la ONU habrá de entregar un reporte al gobierno federal sobre las conclusiones de la visita, y habrá de redactar recomendaciones sobre la situación de los comunicadores y defensores de derechos humanos.

Por la tarde y tras concluir el encuentro con los periodistas David Kaye se reunió el privado en el Palacio de Gobierno con el secretario de gobierno, Florencio Salazar Adame.

#Guerrero

Normalistas toman la caseta de Palo Blanco en Chilpancingo

Un centenar de estudiantes de la Centenaria Escuela Normal del Estado “Ignacio Manuel Altamirano” pidieron una audiencia con el gobierno.

Por Alejandro Ortiz, 2018-10-22 14:59

Chilpancingo, Guerrero.- Un centenar de estudiantes de la Centenaria Escuela Normal del Estado “Ignacio Manuel Altamirano” (Ceneima), tomaron la caseta de cobro en Palo Blanco, municipio de Chilpancingo, para pedir una audiencia con autoridades estatales y de educación.

La mañana de este lunes, un grupo de normalistas con el rostro cubierto, tomaron dos autobuses de la central en Chilpancingo, los cuales serian usados para una actividad de protesta.

Los autobuses ingresaron a las instalaciones de la Ceneima y alrededor de la 1 de la tarde, decenas de estudiantes salieron hacia el sur de la ciudad por la autopista del Sol, a bordo de los vehículos.

El grupo de normalistas, entre hombres y mueres con el rostro cubierto, tomaron el control del peaje en la caseta de Palo Blanco, ubicada al sur de Chilpancingo, y pidieron una cooperación de 50 pesos a los automovilistas que pasaban por el lugar.

“Hemos acudido a diversos funcionarios para hacer petciones sobre algunas situaciones al interior de la normal. El año pasado hubo un conflicto docente y hasta el día de hoy no se ha podido restablecer totalmente la actividad escolar”, señaló uno de los normalistas.

De igual modo señalaron que se encuentran detenidas las becas de manutención y cuarto año, debido a la ausencia de un subdirector administrativo, lo cual consideró como preocupante.

Al lugar de la protesta arribaron policías federales, representantes del gobierno y directivos de la Ceneima que buscaron dialogar con el grupo de manifestantes a fin de terminar con la protesta, sin embargo ésta se extendió hasta minutos antes de las 3 de la tarde.

#Acapulco

Hoteles y refresquera gozan del agua que no tienen los acapulqueños

El director de la Capama, Mario Pintos Soberanis, denunció que la mayoría de las concesiones se otorgaron en la zona Diamante del puerto,

Por Elibeth D Nicolas, 2018-10-22 14:17

Acapulco, Guerrero.- El nuevo director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), Mario Pintos Soberanis, informó que no solo un hotel en Acapulco se encuentra concesionado, sino más hoteles en Punta Diamante, condominios y hasta una empresa de refrescos.

En conferencia de prensa, después de su nombramiento como nuevo director de Capama, Pintos Soberanis señaló que la deuda total que tiene la dependencia es de mil 470 millones de pesos, los cuales se deben a proveedores y a la Comisión Federal de Electricidad.

“Sobre esta situación ya se envió un oficio a las autoridades competentes para que se investigue, pero debo decirles que no solo un hotel se encuentra concesionado, sino existen más; no quiero decirles porque no soy chismoso, esto se tendrá que investigar”

“También se benefician condominios y hasta una fábrica de refrescos”, denunció Pintos Soberanis.

Mencionó que la Capama contará con un despacho contable por parte del Colegio de Contadores Públicos para que puedan realizar una auditoría a la dependencia.

Agregó que buscarán instalar tecnología avanzada para los sistemas de bombeo para se ahorre energía eléctrica, porque la mayoría del recurso que entra para esta dependencia se va en el sistema de bombeo para colonias populares.

Se comprometió en reparar el sistema de servicio hidráulico que existe en la ciudad para poder superar el 70 por ciento del bombeo de agua que se maneja y hacer cumplir las políticas de gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Este jueves, adelantó, tendrán una reunión en la Ciudad de México donde se reunirán con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el delegado de la Capaseg y la presidenta municipal, Adela Román Ocampo.

#Guerrero

Rencilla entre alcalde y exedil tiene inactivo Ayuntamiento de Copalillo

La Unión de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares denunció a la nueva administración por haber otorgado nombramientos a personas sin experiencia.

Por Juan Manuel Molina, 2018-10-22 13:44

Chilpancingo, Guerrero.- Por discrepancias entre el alcalde panista de Copalillo, Julián Castro Santos, y el expresidente municipal, Getulio Ramírez Chino, este lunes se cumplieron cinco días de que la actividad administrativa en el municipio se encuentra detenida por la toma del Palacio de Gobierno.

En conferencia de prensa, miembros de la Unión de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares, la cual es encabezada por Ramírez Chino, denunciaron públicamente a la nueva administración municipal por haber otorgado nombramientos a personas sin experiencia.

Las diferencias entre ambas figuras que contendieron por la alcaldía de Copalillo, se agudizaron durante el proceso de impugnaciones, luego de que Ramírez Chino fuera denunciado por el Partido Acción Nacional (PAN) por supuestas amenazas en contra de su candidato.

De acuerdo con los inconformes, el movimiento contra Castro Santos detonó cuando el regidor del Partido Socialista de México (PSM), Lorenzo Castro Mejía, le solicitó su autorización para integrar a la nómina del Ayuntamiento, a su equipo de trabajo, en la Regiduría de Comercio.

La negativa del primer edil para negarle dichos espacios, según Castro Mejía, fue porque ya se encontraban competidos para sus allegados, los cuales ocuparían la Dirección de Comercio, una secretaría y un cargo administrativo auxiliar, correspondiente a la regiduría.

El líder transportista Adalberto Flores Ramírez, dijo que otro de los motivos por los que se optó por tomar el Palacio Municipal, es porque Julián Castro Santos designó a “analfabeta” como titular de la Subsecretaría de Tránsito y Vialidad, en vez de designar a un conocedor del tema.

Tras la elección del 1 de julio, el triunfo favoreció por tres votos al abanderado del PAN, Julián Castro Santos, aunque después el Tribunal Electoral del Estado, revirtió los resultados, otorgando con ello la constancia de mayoría al candidato del PSM, Getulio Ramírez Chino, quien posteriormente se asumió como perredista.

Fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien regresó el triunfo a Castro Santos, solo dos días antes de que las nuevas autoridades municipales, tomaran protesta en sus cargos.