#Guerrero

Reporteros de Guerrero denuncian peligros ante relator de la ONU

Gobernantes, servidores públicos, grupos criminales y hasta sindicalistas, los principales agresores de reporteros, exponen en un documento.

Por Luis Jijón León, 2017-12-02 19:09

Guerrero.- En lo que va del año en Guerrero se han perpetrado 32 agresiones en contra de 40 periodistas, la mayoría por parte de servidores públicos. El común denominador en todos los casos ha sido la impunidad, la protección y la complicidad de las autoridades con los agresores, denunciaron comunicadores del estado ante el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre libertad de Expresión, David Kaye.

Este día el relator junto al director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández se reunieron con periodistas del estado quienes externaron las condiciones de riesgo en la que realizan su trabajo, algunos relataron las agresiones y amenazas de las que han sido objeto.

En un escrito entregado a David Kaye los periodistas dan cuenta de la situación a la que se exponen en Guerrero, uno de los cuatro estados más peligrosos para ejercer el periodismo, además contabilizan el asesinato de 12 reporteros de 1997 a 2017.

“Nunca como ahora la libertad de expresión había estado en peligro, ni los periodistas se habían visto tan amenazados. En estos días, los periodistas trabajamos literalmente bajo fuego. Gobernantes, servidores públicos, grupos criminales y hasta sindicalistas, pareciera que nos tienen bajo la mira”, exponen en el documento.

“Frente a estos hechos, los periodistas no pedimos mecanismos ni medidas de protección; simplemente el cese de la impunidad y castigo a los culpables, para evitar que los agravios se repitan. En una palabra, que las autoridades cumplan con su responsabilidad de garantizar seguridad a toda la sociedad agraviada por la violencia; en esa medida, los periodistas ejerceremos de manera plena nuestra labor”.

En el documento exponen que el trabajo de los reporteros se desarrolla en condiciones de mucho riesgo. “Guerrero es uno de los cuatro estados más peligrosos del país para ejercer el periodismo: el periodista hace su labor en medio de 29 grupos de civiles armados, entre bandas de delincuentes y autodefensas, de acuerdo a informes de Seguridad Pública”.

Sin embargo, precisan que el 71.8 por ciento de las agresiones documentadas por organizaciones de periodistas en el estado, provienen de servidores públicos.

De acuerdos a los comunicadores, la estela de asesinatos contra los periodistas en Guerrero empezó durante el gobierno interino de Ángel Aguirre Rivero. El 23 de mayo de 1997 fue asesinado y después incinerado adentro de su automóvil el director del Semanario 7 Días, Jesús Abel Bueno León.

En mayo de 2004, durante el periodo de gobierno de René Juárez Cisneros, el periodista Leodegario Aguilera Lucas, director de la revista mensual Mundo Político, fue sustraído, al parecer por policías judiciales, de su casa de Acapulco una madrugada y hasta la fecha no aparece.

Y en lo que toca a las agresiones en contra de reporteros que cubren la nota diaria, empezaron en el 2006, durante el sexenio de Zeferino Torreblanca Galindo, periodo en el que también arreció la espiral de violencia de la delincuencia organizada que agobia a Guerrero hasta hoy, y que cada día se vuelve más sanguinaria.

El 10 de noviembre de ese año, apareció muerto en un cuarto de hotel al director del periódico El Despertar de la Costa, Misael Tamayo Hernández. Según las autoridades a Tamayo Hernández le inyectaron una sobredosis de narcóticos, hasta paralizar su corazón.

Durante ese gobierno, también fue asesinado el corresponsal de Televisa, Amado Ramírez Dillanes, el 7 de abril de 2007.

“Es así, como a lo largo de esta última década, los reporteros desarrollan su trabajo en medio de un contexto de violencia extrema, en el que no existe ningún tipo de seguridad, debido a que hay zonas en las que la delincuencia opera a sus anchas sin que ninguno de los tres órdenes de gobierno haga algo al respecto”.

En lo que va de la actual administración estatal han asesinado a dos periodistas. En abril de 2016, mataron en Taxco al corresponsal de El Sol de Acapulco, Francisco Pacheco, y en marzo de este año, en Ciudad Altamirano, al corresponsal de El Universal en Tierra Caliente, Cecilio Pineda Birto. El gobierno no ha esclarecido ninguno de los crímenes.

De las 40 agresiones que se han registrado este año contra periodistas precisan que, siete han sido por el crimen organizado y el resto por servidores públicos estatales y municipales.

El caso más reciente, es el del reportero del periódico El Sur, Zacarías Cervantes, a quien la noche del 15 de noviembre retuvieron unos siete individuos –uno de ellos armado– durante 20 minutos, al momento de abordar su automóvil en el centro de Chilpancingo.

“Como puede verse, el panorama luce bastante sombrío para el ejercicio periodístico, tanto como para el resto de la sociedad; se fue complicando sin que estuviéramos preparados para hacerle frente. Los ataques, cada vez más frecuentes y en mayor número, están dirigidos contra esos reporteros que tratan de iluminar las zonas oscuras que los grupos de poder no quieren que se descubran”.

Los periodistas pidieron al relator que su vista a México no sea un asunto de trámite o anecdotario, y contribuya para comenzar un nuevo camino donde se respete la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio periodístico.

Pidieron también que a partir luego de su visita se convierta en vigilante permanente de la actuación de las autoridades de México en relación al ejercicio periodístico.

Los testimonios de los periodistas que han sido amenazados y agredidos se realizaron en privado. El lunes previó a concluir su gira de trabajo por el país, el relator de la ONU habrá de entregar un reporte al gobierno federal sobre las conclusiones de la visita, y habrá de redactar recomendaciones sobre la situación de los comunicadores y defensores de derechos humanos.

Por la tarde y tras concluir el encuentro con los periodistas David Kaye se reunió el privado en el Palacio de Gobierno con el secretario de gobierno, Florencio Salazar Adame.

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Tribunal ordena retirar propaganda de candidatos del PRD y PRI

Se trata de la propaganda de los candidatos a diputados locales, Robell Uriostegui Patiño de la alianza PAN-PRD y Rosa Linda Mata Salcedo, del bloque PRI-Partido Verde Ecologista de México.

Por Juan Manuel Molina, 2018-05-23 17:56

Chilpancingo, Guerrero.- El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEG) ordenó el retiro de propaganda electoral de los candidatos a diputados locales, Robell Uriostegui Patiño de la alianza PAN-PRD y Rosa Linda Mata Salcedo, del bloque PRI-Partido Verde Ecologista de México.

Se determinó que la abanderada de la coalición Transformando Guerrero en el distrito 27 de Tlapa, incurrió en la colocación de gallardetes en postes de cableado eléctrico en más de cinco calles del primer cuadro de la ciudad.

En el mismo sentido, el órgano jurisdiccional ordenó que el alcalde con licencia y candidato común del PRD y PAN a la diputación local del distrito 20 de Teloloapan, retirara dos lonas que fueron colocadas en un puente peatonal ubicado en la carretera federal que comunica a ese municipio con Iguala.

La queja contra Uriostegui Patiño, fue interpuesta por el representante electoral del PRI, Manuel Alberto Saavedra Chávez, ante una presumible infracción a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En ambos casos, personal del Consejo Distrital 20 y 27 advirtió sobre la existencia de dicha propaganda electoral, que habría sido colocada dentro del periodo de campañas de candidatos a integrar el Congreso del Estado, el cual inició el pasado 29 de abril.

El domingo, este medio dio a conocer que el Consejo Distrital 07 del INE, había ordenado el retiro de propaganda electoral de la candidata a diputada federal por la coalición Por México al Frente, Irma Lilia Garzón Bernal, la cual, también había sido colocada en un puente peatonal, considerado como equipamiento del municipio de Chilpancingo.

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Guerrero: queda en palabrería plan para bajar sueldo de diputados

Los diputados anunciaron un supuesto plan de austeridad para apoyar a sectores más vulnerables por efectos de la aprobación de la Reforma Energética.

Por Luis Jijón León, 2018-05-23 17:25

Chilpancingo, Guerrero.- El programa de austeridad anunciado por los diputados del Congreso local con el gasolinazo, que incluía el descuento de 14 mil pesos mensuales de su salario, quedó solo en buenas intenciones.

En el contexto del incremento de la gasolina, los diputados de Guerrero anunciaron un supuesto plan de austeridad para apoyar a sectores sociales más vulnerables ante los efectos de la aprobación de la Reforma Energética.

El coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC), Silvano Blanco Deaquino, reconoció que el plan de austeridad anunciado junto a los diputados del PRD y PT nunca se concretó y, por ende, no se aplicó el descuento salarial de 20 por ciento a sus salarios. De acuerdo con las propias versiones de los diputados, porque ninguna legislatura ha transparentado el tabulador de salarios, ganan 70 mil pesos mensuales, y en relación con ese monto se calculó el porcentaje.

En enero del 2017 los diputados de izquierda ofrecieron una conferencia de prensa en el Congreso para dar a conocer las acciones que habían tomado ante el gasolinazo, distante de los diputados del PRI y Partido Verde.

La entonces coordinadora del PRD, ahora candidata a la alcaldía de Tixtla, Erika Alcaraz Sosa, dijo que se reducirían 20 por ciento del salario mensual, lo que equivale a 14 mil pesos.

La diputada aseguró que el dinero sería destinado para proyectos económicos y sociales para la ciudadanía de manera directa, acción que vigilaría una Comisión de Vigilancia.

El diputado Blanco Deaquino, un año después, reconoció que dicha iniciativa no se llevó a cabo: “en síntesis, quedó en un esfuerzo porque no se concretizó, quedó en buena intención, en la declaración, pero no se formalizó, ninguna fracción lo hizo”.

Algunos diputados, dijo, apoyaron a ciertos sectores inconformes por el gasolinazo, pero lo hicieron a titulo personal y no con el plan de austeridad que anunciaron.

Los 25 diputados del PRI y Partido Verde también anunciaron un plan de austeridad, y el diputado priista Héctor Vicario Castrejón declaró en ese entonces un descuento de 10 mil pesos de su salario, además que dejarían de pagar la telefonía a cada uno de los 46 diputados de la legislatura.

Vicario Castrejón, también en ese entonces, aseguró que disminuirían el salario de los mandos superiores, entre los que se encuentran el oficial mayor del Congreso de Estado, el director del Instituto de Estudios Parlamentarios, el administrador, y otros, para la jubilación de los trabajadores sindicalizados, caso que todavía se desconoce si lo concretaron.

En entrevista, el diputado priista y presidente de la Comisión de Educación, Víctor Manuel Martínez Toledo, aseguró que a los diputados de su fracción les descuentan cinco mil pesos de su salario como parte de ese plan de austeridad, que, aseguró, destinan para el pago de liquidaciones del personal.

Nunca aclaró, con esos cinco mil pesos retenidos a los miembros de su fracción, cuánto han ahorrado por ese concepto. El monto que el priista dijo que les descuenta no se ajusta a ese 20 por ciento comprometido en el plan de austeridad anunciado por los diputados como un acto de congruencia y solidaridad a los ciudadanos.

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Guerrero: solicitan medidas de seguridad especial 26 candidatos

Algunos de los candidatos que solicitaron seguridad son Erika Alcaraz Sosa, Juan Mendoza Acosta, Gustavo García Bello y Omar Jalil Flores Majúl.

Por Juan Manuel Molina, 2018-05-23 16:50

Chilpancingo, Guerrero.- El consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Nazarín Vargas Armenta, dio a conocer que llegó a 26, la lista de candidatos que solicitaron al estado medidas especiales de seguridad.

Este día, el funcionario electoral acudió a un nuevo encuentro de la Mesa por la Seguridad Electoral, en la que participaron dirigentes de partidos políticos, y el delegado del INE, Dagoberto Santos Trigo.

Después de ese encuentro, Vargas Armenta informó que el tema central de esa reunión, consistió en la revisión de los candidatos que recibirían protección especial del Estado, durante el desarrollo de sus actividades proselitistas.

Indicó que hasta el momento, 26 candidatos sin lo que han pedido medidas cautelares, sin embargo, omitió decir los nombres de algunos de ellos, argumentando que no era conveniente dar a conocer esa información.

Algunos de los candidatos que solicitaron seguridad, según un seguimiento de este medio, son: Erika Alcaraz Sosa, Juan Mendoza Acosta y Gustavo García Bello por el PRD. Por el PRI, se tuvo conocimiento que el candidato a diputado local, Omar Jalil Flores Majúl, también había solicitado medidas cautelares.

A esa reunión, no acudió la representación de Morena, quien en constantes ocasiones ha señalado que esos encuentros no son más que una simulación.

Armenta dio a conocer que de parte de la autoridad electoral, no hubo un planteamiento específico hacia el gobierno estatal para la protección de los trabajadores del INE que realizan actividades preparatorias de la jornada electoral, aún con el reciente asesinato de un supervisor electoral de Copanatoyac.

Otro de los temas de los que habló el presidente del IEPC, fue de las recientes declaraciones del obispo Salvador Rangel Mendoza, quien aseguró en días pasado que, los candidatos le habían solicitado dialogar con el narco para contener el problema de violencia.

“Respeto las decisiones que tomen los partidos, los candidatos, respeto al obispo pero me parece que el tema debe plantearse en este mesa, ante la autoridad del estado”.

Reiteró que quienes aspiran a ocupar un cargo de elección, deben conducirse por la ruta legal de las instituciones.