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Respaldan gobernadores aprobación de Ley de Seguridad Interior

Argumentar que se requiere un marco legal que establezca los mecanismos y temporalidad del apoyo de las Fuerzas Armadas a estados y municipios.

Por Redacción, 2017-12-11 15:31

Ciudad de México, (Notimex).- Gobernadores de varios estados del país respaldaron la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que se analiza en el Senado de la República, al argumentar que se requiere un marco legal que establezca los mecanismos y temporalidad del apoyo de las Fuerzas Armadas a estados y municipios.

Los mandatarios emanados del PRI, PAN y PRD se reunieron con las comisiones unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos Primera, las cuales analizan la minuta de dicha ley y que se prevé pueda ser votada por el pleno del Senado esta misma semana.

El gobernador panista de Durango, José Rosas Aispuro, dijo que la nueva ley no busca sustituir a las autoridades civiles y menos militarizar al país, sino mejorar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, por una mayor seguridad.

En la sede del Senado consideró que con esta nueva legislación los mandatarios estatales no están abandonando su responsabilidad en materia de seguridad pública.

“Pero al vernos rebasados en algunos casos por la debilidad institucional de las corporaciones policiacas, indudablemente que eso pasa o transgrede la seguridad interior y en esa parte es donde necesitamos que el Ejército mexicano pueda tener un marco jurídico, que le permita actuar con toda certeza».

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, también respaldó la Ley de Seguridad Interior, pero acotó que deben revisarse algunas disposiciones que  podrían estar rebasadas incluso a lo que han solicitado las Fuerzas Armadas como es el caso de la coordinación en las tareas de seguridad.

Para el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, es urgente la aprobación de este marco legal, que permita apoyar a estados y municipios en el combate al crimen organizado.

“Bajo las circunstancias en las que estamos actualmente, la presencia de las Fuerzas Armadas en las entidades federativas se da en el marco de un vacío legal. Este vacío no tiene más que generar incertidumbre”.

“A los gobiernos estatales les da opción de evadir su responsabilidad de brindar seguridad con sus fuerzas civiles. A los militares les genera angustia, pues caminan a ciegas, haciendo frente a una batalla en la que ellos no pidieron estar”, argumentó.

Sin embargo, reconoció que la Ley de Seguridad Interior no resolverá por sí misma el tema de la inseguridad en estados y municipios, ya que se requiere la Ley de Mando Policial Único, sobre todo en regiones en donde hay una penetración del crimen organizado en los cuerpos policiales.

Por su parte, el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, afirmó que es necesario contar cuanto antes con la Ley de Seguridad Interior, pues ello no implica que las Fuerzas Armadas estarán de manera cotidiana en las calles.

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, respaldó el nuevo marco legal, toda vez que en la entidad -afirmó- son los delincuentes quienes violan los derechos humanos mientras que el Ejército Mexicano y la Marina han sido leales con el pueblo guerrerense.

A su vez, el gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, coincidió en que es necesaria esta ley, considerando el crecimiento de los índices delictivos en los últimos años.

“Me parece que una ley que otorgue certeza jurídica a las intervenciones en materia de seguridad interior, con la adecuada regulación de sus implicaciones, alcance y duración”.

Recordó que la eventual intervención de fuerzas federales iniciará “a petición expresa de autoridades claramente definidas y con criterios precisos acerca de su conclusión. Sin olvidar el respeto irrestricto a los derechos humanos, puede ofrecer un marco adecuado para construir un nuevo modelo de participación de las Fuerzas Armadas en estas importantes tareas”.

En la reunión con las comisiones del Senado participaron también los gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; y de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López.

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Retienen caravana de AMLO en carretera de Oaxaca; exigen agua

Un grupo de al menos 20 personas protestaron con pancartas y bajo el grito de «queremos agua» ante López Obrador.

Por Redacción, 2019-08-18 11:39

México.- La caravana del presidente Andrés Manuel López Obrador fue retenida por habitantes de Ayutla Mixe, Oaxaca. Exigen abasto de agua potable, pues dicen llevan más de dos años sin acceso.

En su paso por zona Mixe, un grupo de pobladores detuvieron el paso de la camioneta de AMLO, quienes le exigieron resuelva el conflicto con Tamazulápam, que limitó el acceso a agua potable, desde hace dos años, informó El Universal.

Un grupo de al menos 20 personas protestaron con pancartas y bajo el grito de «queremos agua» ante López Obrador, mientras que el convoy era resguardado por un par de hombres vestidos de blanco.

Entre los gritos de los ciudadanos de la comunidad Mixe, se escuchó el grito de una mujer que expresa su confianza en que el presidente atienda su petición, «confiamos en usted presidente, confiamos en usted… ya no confiamos en el gobierno del estado, porque han sido simulaciones solamente, confiamos en usted señor presidente, pero no en el gobierno del estado».

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Ejército asesinó a seis personas en operativo de 2014 en Edomex: CNDH

La CNDH determinó que el 30 de octubre de 2014, soldados dispararon sin identificar su objetivo y por la espalda a seis personas.

Por Redacción, 2019-08-18 11:32

México.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al Ejército por el asesinato de seis personas, entre ellas dos adolescentes, a manos de personal militar tras un operativo en 2014 en el municipio de Luvianos, Estado de México.

La CNDH determinó que el 30 de octubre de 2014, soldados dispararon sin identificar su objetivo y por la espalda a seis personas que no habían disparado las armas que se localizaron cerca de sus cuerpos, en los hechos que en un inicio se dieron a conocer como un enfrentamiento entre fuerzas armadas y civiles. Entre estas personas fueron asesinadas dos adolescentes que estaban reportadas como desaparecidas y una persona más que se encontraba secuestrada.

En la Recomendación 22VG/2019, dirigida al Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), General Luis Cresencio Sandoval González, la CNDH determinó que hubo violaciones graves a los derechos humanos a la vida, por el uso excesivo de la fuerza, «en agravio de seis personas que murieron, entre ellas dos mujeres adolescentes, hechos atribuibles a personal militar».

En su investigación encontró, «indicios para cuestionar la legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza letal» puesto que las seis personas que presuntamente habrían participado en un enfrentamiento con soldados, no dispararon las armas que fueron localizadas cerca de ellas en el lugar de los hechos.

Además de que se les disparó por la espalda, lo no que no corresponde con un enfrentamiento.

«Los elementos militares no acreditaron que el empleo de la fuerza haya sido diferenciado y gradual para evitar daños excesivos a las víctimas, quienes fallecieron a causa de heridas mortales en órganos vitales e incluso algunas fueron por la espalda y no se encontraban frente a frente, lo que no corresponde con el supuesto enfrentamiento», señala el documento.

«Tampoco se realizó uso diferenciado de la fuerza letal, puesto que personal militar refirió disparar sin identificar claramente el objetivo, aumentando el riesgo de herir a terceras personas».

La recomendación también la dirige al Fiscal General de la República, (FGR) Alejandro Gertz Manero, y al Fiscal General de Justicia del Estado de México por violaciones a la legalidad, seguridad jurídica y a la procuración de justicia.

El Ministerio Público del Fuero Común omitió ejercer sus funciones de investigar, a pesar de haber acudido al operativo, para evitar el deterioro o contaminación de los indicios.

El Agente del Ministerio Público de la Federación llegó ocho horas después de ocurridos los hechos, lo que no permitió el adecuado procesamiento del lugar y las evidencias, «ya que era necesario que interviniera de inmediato personal médico y pericial para asegurar que no se produjeran alteraciones en los cadáveres y el sitio».

El Representante Social de la Federación no ha agotado todas las líneas de investigación de la Averiguación Previa iniciada para esclarecer la muerte de las víctimas, y no se ha ordenado la totalidad de las diligencias, ni determinado la responsabilidad correspondiente.

La Fiscalía Estatal tampoco actuó con la diligencia debida en la investigación referente a la desaparición de las dos mujeres adolescentes, iniciada semanas antes de los hechos. Además, en la indagatoria realizada por el secuestro de otro de los agraviados, no ha habido avances que permitan esclarecer los hechos, lo que debe ser investigado.

La CNDH solicitó la reparación del daño, atención psicológica a los familiares, compensación y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; colaborar en la Carpeta de Investigación y Expediente que se inicie por la denuncia y la queja que la CNDH formule ante la Fiscalía General de la República y ante el Órgano Interno de Control en la SEDENA; reforzar la capacitación que reciben los elementos militares, procurando que su entrenamiento táctico y operativo incluya respeto a los derechos humanos y al uso excesivo de la fuerza.

También deberá reiterar sus instrucciones para que se dé cumplimiento a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y al Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres fuerzas armadas; girar instrucciones para que el personal militar que participa en actividades de apoyo al mantenimiento del orden y seguridad pública, se abstenga de realizar investigaciones por su cuenta; se utilicen cámaras fotográficas, videograbación y grabación de audio para documentar los incidentes e interacciones con la población civil; capacitar al personal militar en materia de protocolos para la preservación de indicios y lugar de los hechos del delito e incorporar una copia de la Recomendación en los expedientes laborales de las personas responsables de los hechos.

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Yunes sería autor intelectual de asesinato de alcaldesa: funcionario

El secretario de SSP de Veracruz además arremetió contra el fiscal estatal Jorge Winckler, a quien señaló de omiso y cómplice de la delincuencia.

Por Redacción, 2019-08-18 11:20

México.- Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad Pública de Veracruz, informó que el autor intelectual del asesinato de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea, se podría tratar del exgobernador de la entidad, Miguel Ángel Yunes Linares.

De acuerdo con Grupo Fórmula, durante una conferencia de prensa Gutiérrez Maldonado además arremetió contra el fiscal estatal Jorge Winckler, a quien señaló de omiso y cómplice de la delincuencia.

“Como todos sabemos, Jorge Winckler fue dejado en su actual puesto por el exgobernador para cuidar sus espaldas y para golpear mediáticamente a quien derrotó a su hijo en las urnas. Muy lejano a su tarea de procuración de justicia, el fiscal ha optado por ser omiso y cómplice de la delincuencia. ¿Cómo se puede explicar que el fiscal ocultó más de 100 órdenes de aprehensión?”, refirió.

“No es casual que, ahora que se reforzó una línea de investigación que apunta a losautores intelectuales de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, los mismos que ella señaló en su denuncia y se demostró que los autores intelectuales podrían involucrar al propio Miguel Ángel Yunes Linares, quiera su fiscal protegerlo y desviar la atención con una supuesta desaparición forzada”, agregó.

Sobre el asesinato de la alcaldesa comentó que ya se había informado que el autor material identificado como Primitivo ‘N’ trabajó para Yunes Linares hasta el último día de su gestión e incluso ingresó a la nómina, pese a sus antecedentes penales.