Ciudad de México.- Un juez federal programó para el próximo 26 de octubre la audiencia intermedia del proceso abierto en contra de Rosario Robles, en la cual la Fiscalía General de la República (FGR) presentará oralmente la acusación en contra de la exsecretaria de Sedesol y Sedatu y las pruebas con las que pretende que sea declarada culpable y se le condene a 21 años de cárcel.

Se trata de una audiencia clave pues es la última que se llevará a cabo previo a que el caso sea enviado ante un nuevo tribunal para la fase de juicio oral. Pero también es la última oportunidad para que Robles acepte una vía alterna: declararse culpable y aceptar ahí mismo un proceso exprés en el que el juez le impondría una pena reducida, como ya ha sucedido en otros casos como el de Javier Duarte.

La FGR acusa a Rosario Robles de dos cargos por el delito de ejercicio indebido del servicio público derivado de presuntas omisiones en las que habría incurrido y que permitieron que las dependencias que encabezaba firmaran convenios con universidades públicas por servicios que nunca se llevaron a cabo. Se trata del esquema conocido como “La Estafa Maestra”.

De acuerdo con la acusación que ya fue presentada por escrito, y que sería expuesta oralmente en la audiencia intermedia, la firma de estos convenios derivó en un daño al erario que supera los 5 mil millones de pesos.

Los fiscales han señalado que cuentan con un cúmulo de evidencia, entre dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), seguimiento de operaciones bancarias y mas de 50 testigos que confirmarían las presuntas omisiones que se imputan a Rosario Robles. Por ello, además de la pena de prisión, solicitarían al juez que se imponga una inhabilitación de mas de dos décadas a la exfuncionaria federal y una multa superior a los 2.5 millones de pesos

Por su parte la defensa de Robles, liderada por el abogado Epigmenio Mendieta, ha sostenido hasta ahora que la exsecretaria de Estado es totalmente inocente dado que no estaba en sus facultades legales como secretaria de Estado el impedir la firma de convenios que sí tenían un sustento legal.