Ciudad de México.- Hace un año que Rosario Robles acudió voluntariamente a declarar tras ser citada por un juez, la Fiscalía General de la República denunció públicamente que las dos dependencias de las que ella había sido titular en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto – Sedesol y Sedatu – habían firmado convenios fraudulentos que permitieron el desvío de más de cinco mil millones de pesos.

Los fiscales aseguraron, al enumerar las pruebas, que tenían 16 averiguaciones y carpetas de investigación en curso iniciadas por las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación.

Sin embargo, a un año de haber sido encarcelada, Rosario Robles no ha sido acusada de haber robado, lavado o aprovechado ilícitamente los miles de millones que presuntamente fueron desviados en ese esquema conocido como "La Estafa Maestra".

Incluso, en una nueva audiencia privada en marzo masado, los fiscales reconocieron que en ninguna de las 16 indagatorias referidas inicialmente figura como responsable de algún delito, de acuerdo a los documentos obtenidos por el diario Animal Político.

¿Qué hay entonces contra Rosario Robles?

Según señala el diario, es solo proceso penal en curso, que está por llegar a la fase de juicio, en el que se le responsabiliza de presuntas omisiones. En concreto: de no haber hecho nada para impedir que Sedesol y Sedatu firmaran convenios fraudulentos que causaron el posible desvío de millonarios recursos.

Son los mismos convenios que, de acuerdo con el reportaje de “La Estafa Maestra” y las auditorías de la ASF, también se firmaron en once dependencias del gobierno federal, entre ellas Pemex, bajo la dirección de Emilio Lozoya Austin. Pero hasta ahora ni él ni ninguno de los otros exsecretarios de Estado han sido procesados por permitirlo.

El delito que se le imputó a Robles no es de los que se conocen como “graves” y que ameritan prisión automática. Pese a ello, y a que compareció de forma voluntaria a la audiencia a la que fue citada (nunca tuvo orden de arresto girada en su contra), el juez ordenó que fuera encarcelada.

La justificación es que había riesgo de que se fugara pues tenía dos licencias de manejo con distintas direcciones. Pero la defensa realizó un peritaje que muestra que la firma y huellas de una de esas licencias no corresponden a Robles, y que dicho documento fue expedido ilegalmente por la Secretaría de Movilidad de Ciudad de México (Semovi).

La Semovi confirmó que separó a un funcionario operativo de su cargo por las presuntas irregularidades, y que hay una indagatoria en curso. La Fiscalía capitalina también tiene una carpeta de investigación por un posible delito de servidores públicos, según señala el diario Animal Político.

Unos días después de ser procesada penalmente, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dijo que se había inhabilitado a Robles por 10 años por “falsear información en su declaración patrimonial”, sin dar más detalles

El dictamen de dicha sanción, al que este medio tuvo acceso, revela que la única anomalía detectada fue una tarjeta de débito con 2 mil 800 pesos de saldo, que fue dada de baja desde 2016, pero que Robles no reportó en sus declaraciones. Es una falta administrativa ajena a La Estafa Maestra. La SFP también indagó el patrimonio de la exfuncionaria, pero concluyó que no había irregularidades.

“Estas imputaciones contra Robles no son solo muy limitadas, no es un combate real a una red de corrupción. Se señala a una sola funcionaria cuando en los hechos operó un gran sistema que involucró a secretarios de Estado, rectores de universidades y muchos más. Nada de eso se ha reflejado”, dijo en entrevista Estefanía Medina, cofundadora de la organización TOJIL, la cual también presentó una denuncia penal por este caso.

Proceso y ¿estafa?

El 6 de mayo de 2019 el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, prometió una “reestructura” de la investigación de La Estafa Maestra. Dijo que, aunque había denuncias, estas se habían manejado erróneamente como casos aislados. “Debe investigarse como un saqueo desde el poder (…) encubierto por el Estado y desde la perspectiva de la delincuencia organizada”, dijo el fiscal.

Cinco meses más tarde, la FGR procedió en contra de Robles, extitular de dos de las once dependencias implicadas en el mega fraude. No hubo orden de aprehensión, pero se le citó a comparecer ante el juez. Públicamente se interpretó como el primer caso de alto nivel por La Estafa Maestra.

En la audiencia inicial, los fiscales confirmaron que se habían registrado desvíos de hasta 5 mil millones a partir de los convenios firmados desde Sedesol y Sedatu. No obstante, no imputaron a Robles de quedarse, desviar o robar ese dinero, sino del delito de ejercicio ilícito del servicio público, bajos la hipótesis de que no impidió que el mal manejo ocurriera. Es decir, un cargo de omisión cuya pena no rebasaba los 7 años de prisión.

El juez que encabezó la audiencia, Jesús Delgadillo Padierna (que a la postre fue acusado por la defensa de conflicto de interés al estar emparentado con una contrincante política de Robles), vinculó a proceso la exfuncionaria, pero agravó la imputación. Dijo que el delito imputado por los fiscales debía multiplicarse por dos: la omisión de Sedesol y la omisión en Sedatu.

Como parte de las pruebas para sustentar la solidez del caso, los fiscales refirieron 16 averiguaciones y carpetas en curso iniciadas por los convenios irregulares denunciados por la ASF. Algunas de estas carpetas fueron referidas por el juez Delgadillo en su decisión de vincular a proceso a Robles, determinación de la que este medio también tiene copia por escrito.

Sin embargo, en una nueva audiencia judicial – esta de carácter privado – realizada el pasado 10 de abril y en la que la defensa de Robles pedía copia de dichas carpetas, los fiscales señalaron que eran investigaciones iniciadas contra otros funcionarios de menor rango, pero donde Robles no estaba en calidad de indiciada.

“La verdad es que Rosario Robles no está acusada por La Estafa Maestra. La acusación no es por peculado, no es por desviación, no es operaciones con recursos de procedencia ilícita, concretamente: Rosario no está acusada de haberse robado un solo peso. Esta acusación, la que presentaron, es solo de omisión”, dijo en entrevista el abogado defensor Epigmenio Mendieta.

Aunque Gertz dijo que el caso de La Estafa era una maquinación de Estado, hasta la fecha no se ha procesado a otros exfuncionarios de alto nivel pese a que, como ya se documentó en varios reportajes, la firma de los mismos convenios también fue permitida en otras dependencias.