Ciudad de México.- La ex secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, permanecerá privada de la libertad, luego de que un tribunal colegiado en materia penal en ciudad de México, le negó un amparo y confirmó la vinculación a procesos que le dictó un juez de control en agosto del año pasado, por el delito del ejercicio indebido del servicio público conocido como la Estafa Maestra.

“La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María del Rosario Robles Berlanga contra el acto reclamado consistente en la vinculación a proceso”, resolvió por el Tribunal Colegiado.

De acuerdo con la sentencia publicada el martes, los tres magistrados integrantes del Tribunal Colegiado determinaron por unanimidad que los argumentos de Robles Berlanga resultaron “inoperantes e infundados”.

Al impugnar la vinculación a proceso, en primera instancia, la exsecretaria de Estado acusó como conceptos de violación la existencia de un “efecto corruptor” por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) quien inició la investigación en su contra casi cuatro años después de que se cometieron los supuestos delitos.

Dijo que la indagatoria de la FGR no tuvo un sustento documental, pero sí una base subjetiva a partir de un reportaje hecho con una clara “línea editorial”.

Recordó que en la Auditoría Superior, en sus dictámenes técnicos no la señaló ni denunció penalmente como responsable de las acciones u omisiones que se le imputaron, y destacó que hubo una insuficiencia de los datos de prueba para emitir la vinculación a proceso en su contra.

Robles también acusó que en la audiencia en la que se le vinculó a proceso el juez Delgadillo Padierna actuó con animadversión, encono y consigna en su contra, además de que pretendió asesorar al Ministerio Público para que solicitara medidas cautelares.

“Incluso, señalo, en forma irónica, que era inaudito que inicialmente no se solicitara medida cautelar”, destacó.

Robles agregó que Delgadillo Padierna “en franca vulneración tanto del deber de imparcialidad y al derecho humano de la Tutela efectiva, no se declaró impedido, pese a ser familiar de la senadora Dolores Padierna quien fuera declarada enemiga política de la imputada”.

Del juez de Amparo, quien desestimó los argumentos antes citados, comentó que al negarle el amparo en primera instancia, el 31 de enero de 2020, tuvo una falta de fundamentación, motivación y exaistivudad; además de que fue omiso en reparar evidentes violaciones a derechos humanos.

Lo acusó también de que inadvirtió el efecto corruptor y vulneró el derecho humano a la exacta aplicación de la Ley y el principio Pro persona. Mencionó que ello derivó en la violación al debido proceso.

Al respecto, en su sentencia de 776 páginas dictada el 23 de julio pasado y notificada el martes, el Tribunal Colegiado desestimó todos y cada uno de los argumentos de Robles. Unos los calificó de inoperantes y otros de infundados.

Consideró que, al dictar la vinculación a proceso, el Juez Delgadillo Padierna, de manera correcta, verificó que los datos de prueba que constan en la carpeta judicial son aptos y suficientes para tener por acreditado el hecho que la ley señala como delito Ejercicio Indebido del Servicio Público (Diversos Dos) continuado.

Sobre la negativa de amparo, indicó que no se advirtió que se haya vulnerado la esfera jurídica de Robles, “pues del análisis integral del acto reclamado se desprende que se examinó la totalidad de los datos de prueba y no se desprende que se les haya dado un alcance distinto a lo establecido en la Ley”

Cabe destacar que en el expediente se transcriben de manera íntegra las versiones públicas de las audiencias del 8 y 12 de de agosto, esta última que se prolongó hasta el día 13.

En dichas audiencias, los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) detallaron la imputación contra Robles por la llamada Estafa Maestra y le imputaron la omisión de denunciar o impedir en el desvío de 5 mil 73 millones de pesos del erario federal.

Detalló que desde su posición de titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) supo de las irregularidades en el manejo de los recursos pero omitió informar a su superior jerárquico, el Presidente de la República, y tampoco hizo nada para evitarlo.