Chilpancingo, Guerrero.- Luego de que el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, aceptara que los policías ministeriales están vinculados con la delincuencia organizada, cámaras empresariales y organizaciones sociales del municipio de Chilpancingo exigieron que “de manera inmediata” actúe y saque de funciones a los infiltrados.

En entrevista, líderes empresariales y sociales, coincidieron en que el fiscal no puede investigar los delitos y hechos de violencia que se registran en la entidad si “al enemigo lo tiene en casa”.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en este municipio, Víctor Manuel Ortega Corona, manifestó que el fiscal debe de iniciar de manera inmediata una depuración de los policías vinculados con la delincuencia.

Dijo que Olea Peláez tiene un “problema” mucho mayor, pues debe investigar los hechos violencia que se registran en la entidad y luchar en contra la delincuencia, “pero con el enemigo en casa se le complica”.

Ortega Corona, dijo que uno de los motivos por los cuales los empresarios se han negado a denunciar los delitos de los que son objeto en la capital, es la falta de confianza a la Policía Ministerial y los Ministerios Públicos.

Sostuvo que los empresarios tenían “la sospecha” de que los policías estaban vinculados con la delincuencia organizada, por lo cual se resisten a denunciar, y propusieron la Fiscalía Especializada para la Atención del Sector Económico, la cual hasta el momento no se ha integrado.

Por lo que luego de que el fiscal reconoció que los policías están infiltrados, el líder empresarial sostuvo que “menos van a existir denuncias, ni seguimientos de las denuncias interpuestas”, expuso.

Consideró que el gobernador, Héctor Astudillo Flores y las corporaciones policíacas deben de respaldar al fiscal para depurar a los ministeriales infiltrados, y de esa forma “enfrentar un reto”, el cual advirtió podría tener consecuencias de seguridad a su integridad.

Recalcó que las declaraciones de Olea Peláez, obliga a voltear a ver las condiciones en las que se encuentra las corporaciones municipales, estatales y federales.

Por su parte, el presidente de la organización Levantemos Chilpancingo, Francisco Osorio Flores, dijo que tenían indicios de que los policías ministeriales están infiltrados, y urgió subsanar el problema.

“En caso de que haya prueba, que no se tome sólo la declaración, si hay infiltración en todos los niveles de gobierno que se sepa, se tiene que hacer una depuración”, recomendó.

Manifestó que las declaraciones del fiscal, no pueden “quedar muy a la ligera”, como las emitidas por el alcalde Marco Antonio Leyva Mena, quien aseguró que el 95 por ciento de los asesinatos en Chilpancingo son por vínculos con la delincuencia organizada.

Calificó de “irresponsable” las declaraciones del edil priista, pues dijo que no se puede justificar los asesinatos que se registran en la capital, diciendo que son por nexos con la delincuencia organizada, ni se puede etiquetar a las víctimas.

Consulta vía telefónica la presidente de la Grupo Ciudadano Anáhuac, Mayra Martínez Pineda, consideró que es necesario que tras las declaraciones del fiscal se tomen cartas en el asunto, pues la exigencia de la ciudanía “es que nos otorguen los mínimos de seguridad”.

“Lo que pasa con la ciudadanía es la falta de confianza en las instituciones. Las instituciones no significan la persona que está al frente sino un conglomerado de ciudadanos. Lo que tiene que hacer las autoridades es trabajar mucho que se recobre la confianza”, apuntó.