Nuevo León.- En el estado se investigan cuando menos nueve denuncias en contra del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón y funcionarios de su administración, por desvío de recursos, actos de corrupción, abuso de poder y hasta licitaciones amañadas.
Ayer, el equipo de abogados de ‘El Bronco’, quien está en el Penal 2 de Apodaca por su presunta responsabilidad en delitos electorales, promovió cuatro juicios de amparo, sin que se conozca el contenido de lo que demandan, salvo en un caso, donde un juez otorgó una suspensión provisional, para evitar que quede incomunicado.
En el penal hubo un conato de riña, sin heridos. La Secretaría de Seguridad estatal indicó que ocurrió en el Penal 1 de Apodaca, anexo a donde está el ex gobernador.
El problema se inició cuando dos reos protagonizaron un incidente “menor” en horario de actividades, por lo que se activó el protocolo ordinario y se canceló la visita, lo que generó confrontaciones fuera de la cárcel.
Al cierre de la edición, seguía la audiencia, que comenzó a las 16:00 horas, de forma privada y en línea, en la que se formularía la imputación por delitos electorales. La defensa confiaba en que no sería vinculado a proceso y lo dejarían libre en breve.
Víctor Olea Peláez, abogado de El Bronco, afirmó que al exgobernador se le atribuye un delito federal que no compete a la Fiscalía Electoral local su investigación.
De las nueve denuncias contra el exmandatario, cinco son de la Fiscalía estatal; algunas se turnaron a la Fiscalía Anticorrupción.
Hace unas semanas, el fiscal estatal, Gustavo Adolfo Guerrero, reveló que tenía tres carpetas de investigación, denuncias hechas en el gobierno de Samuel García. Y se indaga la red familiar del ex secretario de Gobierno Manuel González, por licitaciones amañadas.
ACUSA ECOVÍA
En tanto, la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León denunció a Rodríguez Calderón, y a ex directivos de su gabinete, por el delito de abuso de autoridad, por la suspensión del sistema de autobuses ecológicos Ecovía, en 2016.
El exmandatario interrumpió el servicio al concesionario sin indicar las acciones correctivas, convirtiéndose en un acto autoritario que afectó a la empresa.
Fuente: El Heraldo
