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“Sanción a ‘peces gordos’ corruptos no será por venganza”: Sandoval

La futura titular de Función Pública dijo que todos los servidores públicos deben respetar las leyes, pues habrá cero tolerancia a la corrupción.

Por Redacción, 2018-07-30 14:45

México.- Irma Eréndira Sandoval, propuesta por Andrés Manuel López Obrador como futura titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), afirma que en el combate a la corrupción el nuevo gobierno no actuará en función de “venganzas políticas”.

“Este gobierno tiene que cumplir, una servidora como académica de toda la vida en este tipo de estudios del combate a la corrupción, estamos comprometidos a no frenar el combate a la impunidad. Pero sí somos muy responsables en señalar que, como Andrés Manuel López Obrador ha dicho desde siempre: no venimos por venganza política, sino de aplicación de la norma, pero eso sí, se van a revisar todos y cada uno de los contratos y aquellos que tengan términos leoninos, que afecten los recursos de este país, van para atrás”, precisa.

En entrevista asegura que el combate eficaz contra la corrupción “es la deuda histórica en la transición política”, por ello la próxima administración no andará con “retórica bravucona”, sino que enfrentará este flagelo con acciones.

¿Cuáles es su diagnóstico sobre la corrupción?

—La corrupción es la deuda histórica en la transición política. Hemos logrado avances normativos de primera e incluso somos modelo a seguir en normas de transparencia, de fiscalización y rendición de cuentas; sin embargo, la corrupción en términos de percepción, como de documentados de abusos, sigue creciendo.

¿Ante ese panorama cuál será su papel?

—Hoy estamos en una situación verdaderamente única para cumplirle a la historia, al pueblo y a la sociedad, que exigen se acabe con este flagelo.

Desde 2000 se dice que van por los “peces gordos”, pero no ha pasado nada, ¿por qué?

—No. Nosotros no compartimos esa retórica bravucona. Andrés Manuel no viene con esa retórica falsa, sino con acciones concretas… No vamos a andar anunciando lo de los peces gordos, sino más bien a poner en orden la casa.

¿Van a ir a fondo en el caso Odebrecht o el socavón?

—Este gobierno tiene que cumplir, una servidora como académica de toda la vida en este tipo de análisis, estamos comprometidos a no frenar el combate a la impunidad.

Pero sí somos muy responsables en señalar que Andrés Manuel López Obrador ha dicho desde siempre que no venimos por venganza, no vamos a tener una directriz de venganza política para hacer nada, sino de aplicación de la norma, pero eso sí, se van a revisar todos y cada uno de los contratos y aquellos que tengan términos leoninos, que afecten los recursos de este país, van para atrás.

¿Con las responsabilidades que ameriten, incluso penales?

—Nosotros no vamos a frenar la aplicación de la justicia, lo que nos corresponde es poner orden en la casa, dar las directrices para limpieza a futuro y evidentemente concluir con las investigaciones en curso.

¿No les temblará la mano para pedir la acción judicial?

—No, con nadie, Andrés Manuel López Obrador ha sido clarísimo. Ni con familiares ni con miembros de Morena.

¿Ni a los altos funcionarios, gobernadores y ex gobernadores?

—Con todos habrá el mismo rasero de aplicación de la norma.

¿Saben que la expectativa de los ciudadanos es muy alta?

—Estoy segura que López Obrador no va a fallar a este mandato histórico que tiene por delante.

¿Están conscientes del reto?

—Sí, la corrupción es terriblemente ominosa para la vida pública y social, está mermando 10% de nuestro PIB. La hermana siamesa de la corrupción es la impunidad y si nos concentramos en una sin fijarnos de la otra, no vamos a avanzar mucho.

¿Cuál atacar primero?

—Combatiremos las dos.

¿Qué va a pasar con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), es una herramienta eficaz para combatir las redes de corrupción?

—Todo mundo sabe que el SNA está acéfalo en áreas fundamentales para su funcionamiento, lo que hay es apenas un inicio muy desafortunado por falta de voluntad política.

¿Qué van a hacer con el SNA?

—Vamos a ser muy responsables, porque ha tomado mucho tiempo lograr este producto y hay que relanzarlo verdaderamente. He visto un sistema abigarrado en términos burocráticos, por ello desde la SFP quiero más claridad, invitaré a todos mis colegas a relanzarlo desde una perspectiva acorde a las exigencias y que dé resultados.

Se han reunido con los colectivos #Fiscalíaquesirva, ¿qué hace falta para transformar a la PGR en una fiscalía general verdaderamente autónoma?

—La justicia tiene que servir, tiene que ser autónoma y tiene que estar sin ningún vínculo con los aspectos políticos. Sí hemos charlado con diversos sectores, no sólo con los tradicionales que han tenido un teléfono rojo con las pasadas administraciones. Mi mano está estirada para trabajar con todos, escucharlos y cerrar filas contra este lacerante problema.

¿Cuáles serán las políticas públicas que pondrán en marcha?

—Tenemos cinco proyectos estratégicos. El primero es poner al servicio de la sociedad y al servicio del combate a la corrupción a las nuevas tecnologías de información y comunicaciones. Un segundo elemento tiene que ver con pensar cómo destrabar, deshacer y desarticular todos los conflictos de interés que han indignado a la sociedad. Un tercer elemento es avanzar hacia la profesionalización verdadera y el uso de todos los méritos, incentivos que tendrán nuestros funcionarios para ser los mejores.

Es decir, ¿retomar el servicio profesional de carrera?

—Un servicio civil y profesional de carrera con perspectiva de género en primer lugar y con una perspectiva de justicia en función de los salarios y de los méritos profesionales.

El cuarto elemento tiene que ver con los ciudadanos. Pensamos implementar reglamentos para tener una ley de protección y auspicio de ciudadanos alertadores.

¿Una ley para protección de informantes o denunciantes?

—Exactamente ese concepto de los Whistleblowing [denunciantes] es fundamental.

¿Cuál será la quinta estrategia?

—Va a estar caminando junto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Haremos un cambio radical en cómo se desarrollan las compras, la centralización y la asignación de contratos, para dar transparencia y certeza a las compras públicas.

¿Dónde pondrán la lupa en la contratación o en la construcción de la obra pública, donde está la corrupción a gran escala?

—Vamos a poner énfasis en los dos aspectos, también los servidores públicos tienen que cumplir con la norma. López Obrador ha señalado esta idea que en política pública es: “Cero tolerancia a la corrupción”.

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Diputados de Morena preparan cambios a la reforma educativa

La legisladora de Morena dijo que la reforma educativa, promovida por el Poder Ejecutivo, viola derechos humanos y laborales de los maestros del país.

Por Redacción, 2018-11-19 11:35

México. Notimex.- La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Adela Piña Bernal, confió en que este martes se apruebe en el pleno el dictamen que elimina los elementos punitivos en los procesos de evaluación a maestros, que contempla la Ley General del Servicio Profesional Docente.

La legisladora de Morena dijo que la reforma educativa, promovida por el Poder Ejecutivo y vigente desde 2013, viola los derechos humanos y laborales de los maestros del país.

En su opinión, dicha regulación representa un retroceso en la materia y se ha traducido en la precarización de los derechos laborales de los docentes, pretendiendo endosar sólo al magisterio la crisis de la educación que se vive el país

Aseguró que comparte la preocupación de los maestros de México por la afectación a sus derechos laborales, condiciones de trabajo y porque a cinco años de la implementación de la reforma educativa no ha dado ningún resultado que haya contribuido a elevar la calidad de la educación en el país.

Incluso, agregó, ha sucedido todo lo contrario, basta con hacer referencia a los indicadores de organismos internacionales como la propia Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que a pesar de haber sido una de las principales promotoras de la citada reforma, reconoce que México continúa presentando rezagos muy significativos en materia educativa, lo que, sin duda, es un viso importante de su inminente fracaso.

“Indudablemente existe una imperante necesidad de fortalecer al Sistema Educativo Nacional en su conjunto, pero se debe terminar con el régimen laboral diferenciado que se les ha impuesto a los trabajadores de la educación, a partir del que pueden ser sujetos a evaluaciones obligatorias y derivado de ellas o de su no presentación, ser despedidos sin importar ningún derecho adquirido con anterioridad”, destacó.

Piña Bernal adelantó que esta iniciativa constituye sólo un primer paso de los muchos que más adelante tendrán que darse para contar con un marco jurídico eficiente, eficaz, legítimo y confiable, acorde con la realidad y necesidades del país.

Por último, dijo que la educación es base esencial para lograr el crecimiento de la nación y eje principal de su progreso.

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Liberan a cuatro implicados en Caso Ayotzinapa

Se encontraron severas contradicciones e inconsistencias entre sus declaraciones, respecto del traslado de los estudiantes al basurero de Cocula.

Por Redacción, 2018-11-19 11:25

México.- Desde hace poco más de tres semanas, personajes clave en el voluminoso expediente sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ya están libres: Agustín García Reyes, alias El Cheje o El Chereje; Jonathan Osorio Cortés, alias El Jona; Patricio Reyes Landa, alias El Pato, y Salvador Reza Jacobo, alias Lucas o El Wereke, fueron dejados en libertad el 26 de octubre “por falta de elementos”.

El juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, determinó lo anterior.

Con esa decisión judicial, todo el caso Iguala y la llamada “verdad histórica” se tambalean, aunque la juez Martha Georgina Comte Villalobos aclara que su determinación no quiere decir que los hechos no hayan sucedido como los narró la Procuraduría General de la República (PGR), sino que el Ministerio Público no pudo comprobar “lícitamente” que así fue.

Por ello, el viernes 26 de octubre pasado las puertas del penal federal número 4 noroeste, del municipio de Tepic, Nayarit, se abrieron para dejar en libertad a esos cuatro hombres imputados por delincuencia organizada y acusados del secuestro y asesinato de los normalistas.

Tres de los liberados, los conocidos por los alias de El Chereje, El Jona y El Pato, han sido el pilar en el que la PGR sustentó una parte fundamental de la llamada “verdad histórica”: la que asegura que los estudiantes fueron asesinados, sus cuerpos calcinados en el basurero de Cocula, y sus cenizas y huesos esparcidos en el río San Juan de Guerrero.

En el oficio 23604 / 2018 de la Secretaría de Gobernación se autoriza el “egreso” por “libertad” de García Reyes, El Chereje; Osorio Cortés, El Jona; Reyes Landa, El Pato, y Reza Jacobo, alias El Wereke, respecto a la causa penal 66/2015-II, que los señalaba por los delitos de delincuencia organizada y secuestro.

En el documento se señala que el juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, decretó el auto de libertad “por falta de elementos para procesar, con reservas de ley”.

El 7 de noviembre de 2014, el entonces procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, informó que tres personas involucradas en el caso habían sido detenidas. Según dijo, los tres declararon haber asesinado a los normalistas de Ayotzinapa, cuyos cuerpos calcinaron y tiraron en el río Cocula, de acuerdo con las declaraciones de los capturados citadas por el propio procurador, algunas de éstas exhibidas luego en videos.

Esos hombres eran precisamente El Jona, El Pato y El Chereje, a quienes señaló por ser parte del crimen organizado:

“Los tres capturados son miembros de la organización criminal de Guerreros Unidos y, al rendir su declaración, confesaron haber recibido y ejecutado al grupo que les entregó los policías municipales de Iguala y Cocula”, afirmó aquel día Murillo Karam.

Unas semanas después, el martes 27 de enero de 2015, el procurador daba a conocer una narrativa fuertemente sustentada en esas declaraciones, y concluía pronunciando aquella polémica frase de que esa era “la verdad histórica”.

Cuatro años más tarde, la juez primera de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, Martha Georgina Comte Villalobos, ha sido muy severa con los investigadores del caso: resolvió que el Ministerio Público no pudo acreditar… ni la existencia del cártel imputado: Guerreros Unidos.

En la resolución de 462 páginas, de la cual Milenio tiene copia, determina que las pruebas “que pretende el órgano acusador, por sí solas, no acreditan la existencia de la organización criminal Guerreros Unidos”.

Tampoco halló la juez suficientes evidencias de que los imputados… fueran narcos. No encontró elementos que sustentaran que ese grupo de hombres “se organizaban para cometer ilícitos contra la salud pública”.

De acuerdo con la determinación de la juez, los detenidos se libraron del cargo de delincuencia organizada y secuestro por la mala investigación que realizaron las autoridades y porque hubo violaciones al debido proceso, conforme a indicios existentes de que las declaraciones que sostenían el caso fueron tomadas mediante tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Además los detenidos no fueron puestos de manera inmediata a disposición de autoridad competente.

Adicionalmente, de acuerdo con la resolución, se encontraron severas contradicciones e inconsistencias entre sus declaraciones, respecto del traslado de los estudiantes al basurero de Cocula y su presunta ejecución en ese lugar.

“Este tribunal determina que ante la inactividad investigadora de la fiscalía, no queda más que concluir que en la causa hay insuficiencia de pruebas para sustentar la sujeción a proceso”.

La representante del Poder Judicial fue enfática al subrayar que “correspondía a la fiscalía investigar adecuadamente los hechos y aportar elementos de prueba suficientes para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los ahora imputados”, cosa que, según ella, no sucedió.

Tras la desaparición de los 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014, han sido aprehendidas más de 125 personas a quienes las autoridades han señalado como integrantes de Guerreros Unidos.

La juez aclara que su determinación no quiere decir que los hechos no hayan sucedido como los narró la PGR, ni que no exista el cártel imputado, sino que el Ministerio Público no lo comprobó en este caso: “La decisión aquí adoptada no debe entenderse en el sentido de que inexiste la organización criminal Guerreros Unidos, ni que los hechos que consignó el fiscal no hubiesen sucedido, sino que las pruebas que fueron lícitamente aportadas a la causa, no lo demuestran suficientemente y por ello debe decretarse la soltura de los inculpados”.

Y remata: “La autoridad judicial no puede enmendar los errores u omisiones del órgano acusador”.

A pesar de la liberación de los inculpados, el Ministerio Público podrá promover nuevas pruebas para acreditar la probable responsabilidad y solicitar nuevamente se dicte orden de aprehensión.

“La resolución no constituye una decisión de fondo definitiva sobre la participación de los indiciados, sino que el agente del Ministerio Público federal incumplió con su carga probatoria que le obligaba a justificar mediante datos de pruebas suficientes y lícitamente obtenidos la participación de los inculpados”.

Esta resolución libró de los cargos de secuestro y delincuencia organizada a otros nueve imputados en el caso, respecto a la causa penal 66/2015-II. Pero estos no obtuvieron su libertad por tener abiertos otros expedientes por el delito de homicidio.

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Anaya prepara clase sobre el México actual en Universidad de Columbia

El excandidato presidencial panista en las elecciones pasados dará la clase “México: desarrollo político, social y económico”.

Por Redacción, 2018-11-19 10:50

México.- Ricardo Anaya dará la clase “México: desarrollo político, social y económico”, en la Universidad de Columbia, en Nueva York, Estados Unidos.

Un estudiante de la universidad estadounidense difundió por las redes sociales la descripción de la clase que el ex candidato presidencial planea realizar.

En ella planea tocar diversos temas que tienen tres principales directrices: en la primera parte se “analizará el proceso de transformación económica y su transición a la democracia”, después se estudiarán los “principales problemas que afectan México”, y la tercera parte explorará “la situación política actual en especial la reciente elección que confirmó a Andrés Manuel López Obrador como presidente”.

Como comentario sobre los temas, el usuario Luis Godoy, resaltó: “Chile, mole y pozole. Malita la descripción, no? La verdad sería más honesto que diera una clase del PAN, o de partidos políticos de derecha en Latam”.

En el sitio oficial de Columbia se hizo el anuncio desde octubre pasado, donde se detalla que se integrará a “Columbia SIPA, como profesor visitante en el semestre de la primavera de 2019, para impartir un curso sobre política contemporánea mexicana”.

El portal de comparación de salarios Glassdoor, indica que el sueldo más bajo para profesores en Columbia es de 39 mil dólares (780 mil pesos) al año, para Investigador Posdoctoral, mientras que el profesor asistente que mejor gana podría tener un sueldo de hasta 239 mil dólares (4 millones 780 mil pesos) anual.