Villahermosa, Tabasco.- Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidaron este lunes varios artículos de las leyes de Obras Públicas y de Adquisiciones de Tabasco que facultaban al gobierno local adjudicar contratos sin licitación.

De inmediato, el exdirigente del PRI, Pedro Gutiérrez Gutiérrez, expuso a través de un twit que: La SCJN tumbó la LEY COMPADRE que Adán Augusto López Hernández había confeccionado con sus empleados de morena en la Cámara de Diputados.

Y en un segundo párrafo recordó la advertencia de que el Gobernador pretendía darle obras y contratos de prestación de servicios a familiares, compadres y amigos.

“Lo dijimos”, subrayó Pedro Gutiérrez.

Por la noche, el Poder Legislativo de Tabasco emitió un comunicado en el que se “pronuncia respetuoso de esta decisión, la cual será acatada en los términos que determine el máximo Tribunal de México”, aunque, aclaraba, que no había sido notificado oficialmente.

“Creemos en la división de poderes y estamos ciertos que la función jurisdiccional es imprescindible en un sistema democrático, dado que garantiza el estado de derecho, y al igual que la función legislativa, tiene como finalidad velar por el interés social y el bien público”, puntualizó la Legislatura LXIII.

Por su parte, el expresidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eduardo Correa Abreu, entrevistado por el noticiero radiofónico Telereportaje, celebró que la Suprema Corte, haya invalidado las modificaciones a la ley para facilitar la asignación directa y dejar a un lado la libre competencia.

Consideró que deberá ser la CMIC-Tabasco, quien pueda otorgar el dato de cuántas obras se asignaron de esta manera.

"La libre competencia es la que debe de mandar, y no porque me caes bien o me caes mal te voy a dar las obras”, observó.

Dijo que su único interés es que se cumpliera en principio de competitividad y el principio de lógica que las cosas deben hacerse transparentemente, como hoy se presume y se dice que se tienen que hacer con la 4T.

“No creo que hayan habido muchas, porque no ha habido obra, apenas está empezando, pero las pocas pues no sé si salieron perjudicando a alguien pero sí beneficiando algunos", consideró Correa Abreu.

La reforma de septiembre de 2018

Las reformas a las leyes locales de obras públicas y de adquisiciones con el objetivo de dispensar licitaciones en obra estratégicas fueron aprobadas el jueves 27 de septiembre de 2018 por el Congreso de Tabasco, en el que Morena es mayoría.

En la sesión, que duró más cuatro horas y media, los 21 diputados de Morena avalaron la iniciativa; del PRD, votaron a favor Ricardo Fitz Mendoza, Agustín Silva Vidal y Patricia Hernández Calderón; Nelson Humberto Gallegos Vaca se abstuvo.

Del PRI aprobó el dictamen, Nicolás Bellizia, y del PVEM, Carlos Mario Ramos Hernández y Odette Carolina Lastra García; el coordinador parlamentario, José Manuel Sepúlveda del Valle, faltó a la sesión.

Los votos en contra fueron por el PRD de Dolores Gutiérrez Zurita y de Elsy Lidia Izquierdo; del PRI, Gerald Washington Herrera, Katia Ornelas Gil, Minerva Santos García e Ingrid Rosas.

El inciso XI del artículo 45 de la ley de Obras Públicas y Servicios fue modificado con un añadido que para permitir a dependencias y entidades estatales "contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas sin sujetarse al procedimiento de licitación pública cuando sean necesarias para proyectos estratégicos que detonen el empleo y mejoren la infraestructura impulsando el desarrollo económico del estado".

También se modificó el inciso XII del mismo artículo referido, en el que se indicaba:

"No se sujetarán al proceso de licitación pública cuando las obras y servicios sean convenidos con la federación o con las empresas productivas del Estado para la realización de proyectos estratégicos en materia energética prevista por las leyes respectivas".

Dicha propuesta fue presentada por la diputada local de Morena, Nelly Vargas, con el fin de “agilizar los procedimientos”.

También fue aprobado por Morena la adición al artículo 38 de la Ley de Adquisiciones que el Gobernador autorice a las Secretarías la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios cuando sea necesario para que se lleven a cabo proyectos que detonen el empleo y mejores la infraestructura en la entidad.

La anulación

Este lunes 6 fueron anuladas las reformas a Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de Tabasco, que permitían la adjudicación directa bajo argumentos que iban desde la seguridad nacional hasta el desarrollo económico.

El ministro ponente de este caso, Jorge Mario Pardo Rebolledo, explicó que estas normas eran tan indeterminadas y discrecionales que contravenían el artículo 134 de la Constitución federal, que fija que por regla general todas las licitaciones deben ser públicas.

Ambas leyes de Tabasco fueron impugnadas mediante acciones de inconstitucionalidad por la Fiscalía General de la República y por la Comisión estatal de derechos humanos.

Pardo Rebolledo propuso declarar la invalidez de la reforma al artículo 45 fracción XI, referida a considerar como supuesto de excepción de la licitación pública, la realización de proyectos estratégicos que detonen el empleo y mejoren la infraestructura impulsando el desarrollo económico del estado.

Argumentó que “en tanto que se trató de un concepto indeterminado que se presta a la amplia discrecionalidad, además de que podrían existir componentes de un proyecto estratégico, que no necesariamente justifiquen un mecanismo alterno a la licitación pública".

Sin embargo, la Suprema Corte dejó válido que el Gobierno sí podrá exceptuar de licitación las contrataciones estatales en materia de seguridad pública, procuración de justicia y reinserción social, pues no alcanzó la mayoría de votos para invalidar este artículo.

El ministro presidente, Arturo Zaldívar, expuso que, por cuestiones de confidencialidad y seguridad, es válido que no siempre se hagan licitaciones públicas y abiertas para contrataciones en estas materias.

"Cuando se trata de garantizar precisamente estas generalidades esenciales de todo estado, pues creo que hay una excepción válida para que se puedan hacer este tipo de adjudicaciones, porque hacerlo a través de licitaciones públicas o abiertas, se pueden generar problemas serios a la seguridad, a la confidencialidad que en estas materias, en muchas ocasiones es esencial, y también a la urgencia que se tienen que prestar estos servicios para cumplir estas funciones del estado", apuntó.

Los ministros dejaron sin validez los artículos 45, fracciones IV, en lo que refería a "la seguridad interior del estado o la nación", XI y XII, así como el 46, párrafo primero que establecía "Con la excepción de los casos previstos en el artículo 45, fracciones IV, XI y XII de esta Ley", todos de la Ley de Obras Públicas y Servicios.

Asimismo, anuló los artículos 38, fracción IV, y 39, fracciones XI, XII y XIV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del estado, por permitir los mismos escenarios de no licitación.