México.– La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó sentencia sobre una de las tres solicitudes de amparo para reabrir el Fideicomiso Río Sonora, los cuales interpusieron las comunidades afectadas por el derrame de sustancias tóxicas de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, en los ríos Sonora y Bacanuchi en el año 2014.

De acuerdo con la organización PODER, que ha acompañado a las comunidades afectadas, la Segunda Sala de la Suprema Corte reconoció, por unanimidad, que la reparación del daño que hizo la minera de Germán Larrea Mota Velasco “no fue adecuada”.

“Ganamos por unanimidad el caso que cuestiona la reapertura del Fideicomiso Río Sonora. Es decir, la SCJN decidió que se reabra el Fideicomiso. Decidieron amparar a las comunidades y reconocer que la reparación no fue adecuada”, informó la organización.

El 6 de agosto de 2014, México sufrió un desastre ambiental por un derrame minero. Fallas en las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre, perteneciente a la empresa Grupo México, en Cananea, Sonora, dedicada a la extracción de cobre y molibdeno, ocasionó el derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado (CuSO4) en el Arroyo Tinajas, fluyendo desde los ríos Bacanuchi y Sonora hasta la presa Molinito, que surte de agua a la ciudad de Hermosillo.

El derrame causó la afectación de cuatro cuerpos de agua y según datos de la Comisión para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en términos sociales y económicos implicó pérdidas para los agricultores de la cuenca y daños en la salud de 270 personas.

Las concentraciones de cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, hierro, manganeso y plomo encontrados a lo largo de los ríos rebasaron los límites establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 (modificación publicada en el DOF el 22/11/2000), así como en el estado de la calidad del agua del río previo al derrame.

Las medidas de restricción fueron que la población no utilizara agua del río, así como de los 322 pozos y norias (125 de uso agrícola; 80 pecuario; 72 de urbano-agua potable y 45 de diversos usos) ubicadas a 500 metros de cada margen del río.

Para resarcir los daños, Grupo México y el Gobierno federal, encabezado entonces por Enrique Peña Nieto, crearon el Fideicomiso Río Sonora, un mecanismo privado de 2 mil millones de pesos, del que solo se gastó el 61 por ciento de los recursos prometidos (mil 231 millones de pesos) hasta su cierre en febrero de 2017 por decisión unilateral sin considerar a los afectados, planteó la organización PODER.