México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la que denuncia el uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que derivó en la muerte de un comandante de la Policía Ministerial de Guerrero en 2014; además, acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía estatal de no realizar adecuadamente las indagatorias por este caso.

En la recomendación 25/2019, el organismo estableció que los elementos castrenses no actuaron acorde con los principios de legalidad, necesidad, oportunidad, proporcionalidad y racionalidad, además de que no efectuaron acciones de disuasión o persuasión previas antes de accionar sus armas de fuego en contra de la víctima.

A esto se suma el incumplimiento de la obligación de contar con capacitación, adiestramiento en el uso de la fuerza y coordinación con las autoridades civiles, a fin de evitar cualquier confusión o enfrentamiento innecesario.

Respecto a la actuación de las fiscalías para la investigación de estos hechos, la CNDH denunció que la inadecuada investigación de los hechos afectó la procuración de justicia en agravio de las víctimas indirectas.

En el caso de la labor de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, la Comisión denunció que la dependencia no recolectó todos los indicios al realizar la inspección del lugar de los hechos, situación que fue evidenciada durante una segunda revisión por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), omisión que afectó la procuración de justicia al no haberse recabado todas las evidencias en un primer momento.

Otra de las fallas en el proceso de investigación detectadas por la CNDH fue que en un principio se aseguraron al personal militar 16 armas de fuego, sin embargo, 26 días después la Sedena presentó otras seis que portaba su personal el día de los hechos, lo que genera incertidumbre en el caso.

A esta situación se suma que el personal militar no fue asegurado de manera inmediata; mientras que algunos elementos se quedaron en el lugar de los hechos, otros acompañaron a los policías ministeriales en el traslado de la víctima a la Cruz Roja, lo que además provocó que no se preservara adecuadamente el sitio ni las armas de fuego.

En cuanto a la actuación de la PGR, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acusó que la dependencia omitió realizar diversas pruebas periciales, entre ellas el estudio comparativo entre el proyectil que se extrajo del cuerpo de la víctima y la totalidad de las armas aseguradas a los elementos castrenses.