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Senado aprueba Ley de Seguridad Interior

Por Redacción, 2017-12-15 09:29

México, (Notimex).- El Senado de la República aprobó en lo general y con modificaciones la nueva Ley de Seguridad Interior.

La nueva legislación tiene como objetivo establecer la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como crear las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, en esta materia.

En el marco de la sesión ordinaria maratónica y por momentos ríspida que inició el jueves al mediodía y que se prolongó hasta la madrugada de este viernes se avaló por 76 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones el dictamen que deberá ser devuelto a la Cámara de Diputados por nueve modificaciones que se incluyeron.

La nueva ley define a la seguridad interior como la condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones.

Así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional.

Refiere que las amenazas a la seguridad interior son aquellas que afecten los principios establecidos en los artículos 3 y 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que tienen su origen en territorio nacional, emergencias o desastres naturales, epidemias y demás contingencias que afecten la salubridad general o las que afecten los deberes de colaboración de los estados y municipios en materia de seguridad.

Las comisiones dictaminadoras presentaron al pleno modificaciones a nueve artículos de este ordenamiento y el agregado de un quinto transitorio, las cuales se aprobaron con 74 votos a favor y 28 en contra.

En los cambios al artículo 1 se precisó que las disposiciones de este ordenamiento son materia de seguridad nacional en términos de lo dispuesto por la fracción XXIX-M del artículo 73 y la fracción VI del artículo 89 de la Carta Magna en materia de seguridad interior.

Se define que el objetivo es regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, en la materia.

En el artículo 7 se eliminó el párrafo que establecía que “en los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y cuya atención requiera la suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes respectivas”.

Se agregó que los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de la Ley, deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento y sin excepción los derechos humanos y sus garantías.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución y los tratados internacionales y los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.

En tanto, en el artículo 8 se eliminó el término “pacíficamente” para precisar que “las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen de conformidad con la Constitución, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior”.

Los senadores estimaron pertinente establecer que la información que se genere con motivo de la aplicación de este ordenamiento será considerada de seguridad nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Los legisladores excluyeron del texto que estos datos sean clasificados de conformidad a las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información.

En el artículo 10 se determinó que la aplicación supletoria de las leyes de Seguridad Nacional y General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, serán en términos de sus competencias.

Respecto a los casos en que las amenazas a la seguridad interior representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, se agregó en el artículo 16 que el Presidente de la República “de acuerdo a sus facultades” podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas.

Ello, con el objetivo de delimitar el ejercicio de las acciones del Ejecutivo y evitar la discrecionalidad de actos por encima de la declaratoria de protección a la seguridad interior.

Respecto al artículo 21 se estableció que los grupos interinstitucionales que coordinen los militares estarán sujetos a lo dispuesto por esta Ley y a las disposiciones que rigen al Ejército y a la Marina, a fin de evitar la inconstitucionalidad de funciones que correspondan directamente a la autoridad civil, y en todo caso, señalar que las Fuerzas Armadas actúan como coadyuvante de la autoridad civil y bajo su coordinación.

Otro de los cambios es al artículo 22 para señalar que “cuando la amenaza no requiera la intervención de las Fuerzas Armadas, el Presidente designará a la autoridad civil que corresponda a propuesta del Secretario de Gobernación”.

Los senadores añadieron en el artículo 26 una remisión para que las funciones que lleven a cabo las autoridades federales y las Fuerzas Armadas se lleven a cabo de acuerdo al ámbito de sus competencias.

Se aprobó agregar un artículo quinto transitorio para señalar que, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales en los que se estuvieren realizando acciones que puedan ser materia de una declaratoria de protección, podrán solicitar la declaratoria correspondiente.

Para ello, tendrán que presentar un programa con plazos, acciones y presupuesto para dar cumplimiento al modelo de función policial aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que incluya los objetivos respecto al estado de fuerza mínimo requerido, las condiciones de desarrollo policial, así como protocolos, evaluaciones y las unidades operativas y de formación necesarias para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad.

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Abril no fue el mes más cruel: bajan homicidios dolosos

El pasado mes de abril se registró una baja de 4.5 por ciento en homicidios dolosos con respecto a marzo de 2019.

Por Redacción, 2019-05-20 21:55

México.- Con dos mil 716 homicidios dolosos, abril de 2019 es hasta ahora el mes con el número más bajo de víctimas por la violencia en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el pasado mes de abril se registró una baja de 4.5 por ciento en homicidios dolosos con respecto a marzo de 2019 y 1.7 por ciento en comparación con abril de 2018, aunque hay que considerar el efecto de la estacionalidad (Semana Santa).

En contraste, esta cifra del pasado mes de abril es superior en 24.3 por ciento en comparación con abril de 2017, 64.7 por ciento con abril de 2016 y 88.3 por ciento por arriba de abril de 2015.

En la sumatoria, en los cuatro primeros meses de 2019, se iniciaron nueve mil 843 carpetas de investigación por homicidio doloso y feminicidio, lo que lo convierte en el cuatrimestre más violento en la historia de México, por encima de los meses de enero a abril de 2018, cuando se abrieron 10 mil 807 carpetas de investigación.

Con las cifras del primer cuatrimestre, se puede concluir que Guanajuato sigue siendo el estado más violento, seguido por el Estado de México y Baja California.

 

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Andrés Manuel y la CNTE se reúnen en Palacio Nacional

«Esta reunión es histórica: no nos hemos reunido con ningún Ejecutivo en los 39 años de la Coordinadora». señaló Eloy López, líder de la Sección 22.

Por Redacción, 2019-05-20 18:26

México.- A las 17:10 horas comenzaron a ingresar profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación al Palacio Nacional para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los maestros abordarán que se considere el escalafón para la entrega de promociones docentes y que sean regidos por el Artículo 123 constitucional que, entre otras cosas, quiere decir que el Estado tiene la obligación de pagar su salario a los comisionados sindicales, y que el sindicato puede participar en los procesos para asignar la entrega de plazas y promociones.

En el encuentro participan alrededor de 50 profesores integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación de 24 entidades como Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, Durango, Zacatecas, y Tlaxcala entre otras.

Esta es la primera reunión de los maestros con Andrés Manuel López Obrador desde que asumió como presidente.

De acuerdo con Eloy López, dirigente de la sección 22 de la CNTE en Oaxaca esta es una reunión «histórica» porque es la primera vez que la Coordinadora tiene un encuentro de esta naturaleza con un presidente en el Palacio Nacional.

«Esta reunión es histórica porque no nos hemos reunido con ningún Ejecutivo en los 39 años de la Coordinadora. No hemos entrado a Palacio. En la propuesta en específico que hemos estado insistiendo tanto que se recupere el (artículo) 123 constitucional y que en este proceso de las leyes secundarias se considere la bilateralidad  sobre todo el escalafón que hemos manifestado», dijo.

«En los procesos de admisión y reconocimiento falta afinar. Falta construirlo para que podamos entender perfectamente y no se malentienda que la CNTE que los maestros democráticos solamente pretenden la rectoría o la venta de plazas que tanto se ha hecho mención», dijo.

Los maestros le entregarán un documento al presidente en el que plantearán sus demandas de cara a la publicación de la nueva reforma educativa.

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Guerra contra las drogas llega a su fin con el PND: Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación negó que para concluir la guerra contra las drogas se vaya a dejar de perseguir criminales.

Por Redacción, 2019-05-20 18:19

México.- Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación,aseguró que con la nueva política de desarrollo que impulsará el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador “se da fin a la guerra contra las drogas”, al impulsar el empleo y la educación de los jóvenes.

Durante la inauguración de los trabajos de análisis del Plan Nacional de Desarrollo, que iniciaron ayer en la Cámara de Diputados, Sánchez Cordero subrayó que uno de los principios que impulsan la nueva política social del gobierno es la atención a grupos vulnerables, que son de fácil acceso para el crimen organizado.

Resaltó la creación de la Guardia Nacional “como el mecanismo fundamental para la pacificación del país y para garantizar la seguridad interior”. Además, de la eliminación de privilegios en la clase política y el compromiso para eliminar duplicidad de funciones en la administración pública federal, para evitar generar mayor gasto.

Al respecto, el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo Aburto, aseguró que la nueva política de drogas del gobierno federal incluye la despenalización de algunas sustancias, en particular la cannabis, para lo que se tiene que revisar el marco normativo que ya tienen otros países.

Negó que para concluir la guerra contra las drogas se vaya a dejar de perseguir criminales y líderes del narcotráfico, ya que los delitos contra la salud y el trasiego ilegal de drogas se persigue por norma.