La comisión del Senado de Brasil votó a favor de iniciar el juicio político contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, para proceder a destituirla. Ahora la votación pasará al pleno.

La mandataria brasileña ha reiterado que un juicio en su contra no puede llevarse a cabo solo por un recelo político de la derecha de ir en contra de los 54 millones de ciudadanos que votaron a su favor.

Rousseff recordó que para que se proceda al impeachment es necesario que haya un delito de responsabilidad y una base jurídica porque los cargos que intentan imputarle no tienen base para alejar a un jefe de Gobierno de su cargo.

Desde que salió a la luz pública el caso de corrupción en Petrobras, la oposición brasileña pretende vincular a la presidenta Dilma Rousseff y a los miembros del Partido de los Trabajadores (PT) para impedir que se mantengan al frente del Gobierno.

La acusación central de la oposición contra Rousseff para justificar un juicio político es la supuesta violación de normas fiscales al maquillar el déficit presupuestal de 2015. Sin embargo, no se han presentado pruebas contra la mandataria brasileña, quien ha reiterado su inocencia.

El pasado 17 de abril la Cámara de Diputados aprobó el pedido de impeachment con 367 votos a favor, 137 en contra, siete abstenciones y dos ausentes.

El caso pasó a una comisión de 21 senadores, la mayoría de oposición, que votó con 15 votos a favor de los los argumentos de la acusación y con 5 votos por la defensa de la presidenta.

El proceso de “impeachment”, juicio político, contra la presidenta fue solicitado por varios diputados, entre los que se encuentran Jovair Arantes y Hélio Bicudo, fundador del Partido de los Trabajadores, quienes denunciaron que ella había usado fondos de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del gobierno.

Jovair Arantes concluyó en su informe que hay indicios de que Rousseff autorizó gastos no presupuestados sin consultar al Congreso, entre 2014 y 2015, con el fin de maquillar y equilibrar el flujo económico de su mandato, algo evidentemente ilegal.

Según Arantes, las acusaciones contra Rousseff "son de elevada gravedad" y tipifican un "delito de responsabilidad", que es lo que la Constitución contempla para la destitución del presidente a cargo.

Por su parte, Hélio Bicudo señaló que la mandataria “cometió una serie de actos ilícitos en el sentido de violar la legislación respecto a la salud fiscal del país, dando la impresión de que todo estaba bien, cuando no era así”.