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SFP ha realizado 400 inhabilitaciones en los primeros 6 meses de la 4T

En los procesos de inhabilitación la secretaría ha aplicado sanciones resarcitorias por un monto superior a los 656 millones de pesos.

Por Redacción, 2019-06-09 15:40

México. Notimex.- A seis meses de haber iniciado la presente administración federal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha llevado a cabo alrededor de 400 inhabilitaciones y aplicado sanciones resarcitorias por un monto superior a los 656 millones de pesos.

Así lo reveló en entrevista con Notimex la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, en el marco de la LXII Reunión Nacional de Contralores Estado-Federación 2019, en el estado de Oaxaca.

Al hacer una evaluación del primer semestre expuso: “recibimos una Administración Pública Federal en llamas, con muchísimos escándalos, con muchísimas necesidades de remontar los problemas y una falta de organización”.

Como resultado de ello se han hecho todas estas inhabilitciones, más de seis mil 200 procedimientos de responsabilidades administrativas y 111 sanciones económicas que suman un monto superior a los 657 millones de pesos.

Reveló que en efecto los medios le han dado especial importancia a casos como el de Lozoya, que quedó inhabilitado por 10 años y el director de la filial de Fertilizantes por 15 años, entre otros, por ser los más sonoros.

Pero en realidad hemos estado trabajando a marchas forzadas, y por ello adelantó que en breve se darán resultados sobre la llamada “estafa maestra” y que fue toda una red de complicidades que se aprovecharon y abusaron de las instituciones de educación superior.

Aunque se reservó mencionar los casos en los que están trabajando porque “hay secreto procesal”, insistió en que el combate a la impunidad ha sido constante, por lo que aseguró que a estas alturas “ya más o menos tenemos el control”, aunque la labor continúa y falta por hacer.

Al preguntarle sobre qué sector es el que más problemas ha presentado por incumplimiento e irregularidades, comentó que lamentablemente es parejo “no hay ni para donde ir”.

Y un ejemplo es precisamente la “estafa maestra” donde se creía que nada más era Sedatu o Desarrollo Social “y no. Hemos llegado a encontrar en esta estafa maestra hasta la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Relaciones Exteriores”.

Por dar un ejemplo explicó, “Relaciones Exteriores y funcionarios de Relaciones Exteriores contrataban a la Universidad de la Chontalpa. Haga de cuenta una universidad muy chiquita, para que le tradujera un reglamento X o Y para la aplicación de su normatividad”.

Y por eso se iban millones de pesos sin sentido. Y lo mismo pasaba en ámbitos energéticos, donde era muy llamativo como se encargaban estudios muy sofisticados para hacer las ingenierías petroleras, o las ingenierías para cualquier proyecto de desarrollo.

“Y nos habíamos dado cuenta en esa auditorías iniciales que eran trabajos sacados de Wikipedia. Cosas cínicamente defraudadoras de los recursos”, subrayó.

En cuanto a la inquietud que prevalece por la política de austeridad y su forma de aplicación, recordó que la presente administración está aplicando una “austeridad republicana”.

Esta, dijo, es reconocer que “somos un gobierno muy rico y sí, somos un país muy rico, somos la 14ª economía del mundo con un pueblo muy pobre” y que además se ha acostumbrado a ver como natural el derroche de muchos funcionarios.

“Y lo que queremos es poner un punto final a esa parafernalia del poder y simplemente reorganizar los recursos. No se trata ni de generar recortes ni de generar economías de forma falsas, sino de reorganizar bien los recursos”, subrayó.

Por ello insistió en que la austeridad republicana de Estado se diferencia de la austeridad “neoliberal”, porque esta última “nos impuso recortes, ellos sí con tijeras, a programas sociales y a los programas de salud y a los de educación”.

Como resultado de ello, se tenía una administración pública federal, “cientos y cientos, miles diría, de direcciones generales adjuntas que no son otra cosa que ayudantes con buen sueldo de los directores generales”.

Aclaró, desde luego, que este recorte no implica el recorte masivo de personal, por lo que “no estamos realizando ningún ajuste ni ninguna reorganización”, con los funcionarios operativos y de los funcionarios que realizan las actividades sustantivas.

“Entonces los trabajadores de base, los trabajadores de operativo y los trabajadores que hacen las actividades sustantivas en la administración pública federal no están siendo tocados ni con el pétalo de una rosa”.

“Y mire que el correlato es Conacyt y los gastos en materia de investigación, los viajes al extranjero, para decirlo claramente”, aclaró al mencionar el problema del abuso de autoridad para disponer de recursos.

“Viajaban para China y a la mínima provocación a Estados Unidos, a Europa”, por ello el presidente recalcó que no se trata de no utilizar los recursos, sino de usarlos cuando de verdad sea necesario.

Por ello aclaró que los becarios, estudiantes e investigadores que tengan que salir a dar a conocer sus resultados, a congresos, a seminarios, “tienen aseguradas esas prerrogativas, pero porque ello son los que hacen sustantivamente el trabajo de esas instituciones de investigación”.

“Pero los funcionarios públicos de Conacyt, los funcionarios públicos de las instancias de educación que estaban acostumbrados a hacer, como dice el presidente “turismo académico, turismo político” eso si va a ver mermadas sus salidas y van a tener que pedir autorización”, concluyó.

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CNDH le lanza critica a AMLO: «no puede haber poder absoluto»

El organismo ha criticado temas como la austeridad que afecta el sector salud, instancias infantiles y refugios para mujeres víctimas de violencia.

Por Redacción, 2019-06-24 16:48

México.- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, advirtió que en México no puede haber poderes absolutos.

Al presentar su informe de labores 2018 ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como los poderes públicos, con independencia de filiaciones o intereses políticos, deben sujetar sus actos a lo previsto en la Constitución y sus leyes.

El ombudsman nacional ha criticado temas como la austeridad que impulsa el gobierno federal y que, señala, afecta el sector salud, instancias infantiles y refugios para mujeres víctimas de violencia, así como el de la Guardia Nacional.

De igual manera, a principio del mes en curso lamentó la falta de espacio para entregar su informe al Ejecutivo Federal.

En su discurso ante los ministros, afirmó que el Poder Judicial de la Federación y la CNDH, como partes integrantes del sistema institucional y democrático de pesos y contrapesos previstos por la Constitución, son la mejor garantía que tiene la sociedad mexicana de que la verdad y la justicia son posibles y accesibles para cualquier persona.

Corresponde al Poder Judicial la responsabilidad de que la ley se aplique y prevalezca, y a los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos que estos se respeten y sus trasgresiones sean evidenciadas y denunciadas.

En sesión solemne de la SCJN, el ombudsman aclaró que la Constitución establece límites al poder, uno de los cuales es precisamente el reconocimiento y respeto de los derechos humanos.

«Aún ante situaciones que requieren una atención urgente como lo son los problemas de violencia e inseguridad que enfrenta nuestro país, los derechos fundamentales de las personas no pueden ser violentados», subrayó.

Refrendó que nadie puede oponerse a que se revisen las estructuras del poder, a que se investiguen y sancionen los actos de corrupción, se abata la impunidad y se haga un mejor ejercicio de los recursos públicos.

Sin embargo, aclaró que la consecución de esas metas, no puede implicar que se vulneren derechos; que los contenidos de las leyes se vuelvan objetos de negociación para atender no al mayor y mejor interés de las personas, sino a postulados o premisas políticas e ideológicas.

Incluso que debiliten, vuelvan ineficientes o inoperantes a las instituciones democráticas; que el servicio público se degrade y pauperice la función pública, en aras de económicas de corto plazo que propicien que se pierda la capacidad, formación y conocimiento de las personas.

González Pérez advirtió que los mexicanos no podemos optar por distanciarnos o considerar algo secundario en el cumplimiento de la ley y el respeto a las institucionalidad democrática.

El cumplimiento y aplicación de la ley, así como el reconocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos, no pueden atender a intereses o coyunturas políticas o electorales.

“Ante cualquier abuso de poder u omisión por parte de las autoridades que vulneren la esfera jurídica de las personas, los mexicanos cuentan con garantías efectivas para hacer valer sus derechos, mediante normas e instituciones cuya encomienda esencial es la vigencia de la legalidad y el respeto de la dignidad de las personas”, subrayó.

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Denuncian a fiscal de Morelos por desatender fosas clandestinas

Las denuncias son porque se entorpecen las investigaciones sobre estos hechos en Tetelcingo.

Por Héctor Raúl González, 2019-06-24 16:30

Morelos.- Uriel Carmona Gándara, fiscal General del Estado, designado en ese puesto desde la administración del perredista Graco Ramírez, fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por encubrir a los servidores públicos involucrados en el caso de las fosas clandestinas de Tetelcingo.

La denuncia fue interpuesta por David Marroquín Ojeda, representante legal de María y Amalia Hernández Hernández, madre y tía, respectivamente de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, cuyo cuerpo sin vida, plenamente identificado por sus familiares, fue arrojado ilegalmente por la Fiscalía Genera de Morelos a una fosa junto con 118 cadáveres más.

“El sentido de la denuncia es precisamente por una omisión en la investigación, en la continuación de los antecedentes de la investigación, yo les podría asegurar que llevamos dos años de supuesta investigación en los que no se ha llevado a cabo por parte del agente del Ministerio Público que ha tenido a cargo la carpeta, una sola diligencia tendiente a investigar los hechos o a identificar la identidad de los probables responsables.

“Ahorita presentando la denuncia esencialmente por el encubrimiento por favorecimiento, es un delito que genera impunidad cuando se comete por un servidor público y en este sentido el hecho de no investigar y de no formular imputaciones y de no continuar con la investigación y de los probables responsables, pues obviamente puede generar en la prescripción de algún delito y esto es precisamente el favorecimiento que le está generando la Fiscalía General del Estado”, dijo Marroquín Ojeda tras presentar la denuncia.

De acuerdo con una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por este caso que data del 2015, hay más de 40 servidores públicos involucrados en la inhumación ilegal de los cadáveres, sin embargo, hasta la fecha la Fiscalía sólo ha iniciado procesos en contra de dos y en uno de ellos retiró la formulación de imputación.

“De acuerdo a la CNDH en la recomendación emitida nos hablan de 42 servidores públicos, viene desde abuso de autoridad, obviamente violación a las leyes de inhumación y exhumación de cadáveres, falsificación de documentos, ejercicio indebido del servicio público, la verdad es que es un poquito extensa la orden, lo preocupante es que la Fiscalía a través de la Dirección de Visitaduría nos dice que no existen más responsables, solamente dos o tres servidores públicos a quienes les decretaron una responsabilidad, simplemente les dijeron te vamos a apercibir, te vamos a amonestar, pero no les han fincando ningún tipo de responsabilidad”, dijo el abogado.

La formulación de imputación que fue retirada era contra Ana Lilia Guerrero Moreira, ex directora de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.

“Se retiró una formulación de imputación en contra de Ana Lilia Guerrero Moreira, sin justificación alguna, esto fue en marzo, mayo del 2018 y que hasta la fecha no tenemos ninguna información, acuerdo, resolución, del motivo por el cual el Fiscal General ordenó ese retiro de esa acusación

“Era una formulación por uso de documentos falsos, falsificación de documentos en contra de la Directora de Servicios Periciales de ese entonces, Ana Lilia, esa fue la que se retiró y ahorita estamos en audiencia intermedia y esa acusación se debió de haber acumulado y no existe esa diligencia ministerial”, expresó el asesor jurídico de la familia.

Los familiares de Oliver Wenceslao esperan que la Fiscalía Anticorrupción investigue al Fiscal General y en caso de comprobarse el encubrimiento, procesada a informar al Poder legislativo para que Carmona Gándara sea suspendido o destituido del cargo.

“Tenemos la duda de qué se está investigando, el fiscal en reiteradas ocasiones ha señalado que ya su investigación concluyó, que es una carpeta que ya debería de archivarse, al Congreso le informó que es una investigación que ya está concluida y bueno, ni siquiera ha iniciado formulaciones de imputación. De encontrar datos de investigación suficientes se podría decretar una destitución, de hecho el Fiscal Anticorrupción al establecer en la investigación si existen o no datos que puedan integrar la comisión de un delito, deben de hacerlo del conocimiento inmediato del Congreso para que ellos procedan a su suspensión o en su caso a su destitución.

“La idea de esta denuncia es primero que las autoridades que tienen la competencia lo hagan y en caso de no hacerlo, están supeditadas a un control jurisdiccional y en este caso serían los jueces de control los que estarían examinando la omisión o el cumplimiento de la investigación”, dijo.

Además del retraso jurídico en el caso, entre 10 y 15 agentes del Ministerio Público han rechazado, con distintos argumentos, encabezar la investigación de este caso.

Y entre quienes lo han aceptado, literalmente se duermen en sus oficinas.

“El Fiscal General ha sido informado de que los dos ministerios públicos que están como titulares de la carpeta no gozan de la confianza de las víctimas para estar representándolos, el sigue, y digo él porque es el jefe de los ministerios públicos, él sigue obstinado en que permanezcan en dicho espacio.

“Uno de los Ministerios Públicos que en lugar de estar investigando la carpeta es este Ministerio Público, lo encontramos durmiendo en la oficina y fue prácticamente su jefa, la titular de la Fiscalía de Desaparición Forzada, quien lo despertó, tenemos video y tenemos fotografía, es José Roberto Cuevas Conde, él es el ministerio público titular en la carpeta, fue tomada el día jueves, este jueves en la Fiscalía de Desaparición Forzada”, dio Amalia Hernández mientras mostraba una fotografía del funcionario durmiendo en su escritorio.

Para el abogado las anomalías son evidentes, por lo que decidieron iniciar la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción pues temen que algunos de los delitos cometidos desde 2015 por los involucrados en la inhumación clandestina prescriban.

“Es muy obvio que algo no está funcionando con la investigación, con la Fiscalía General, con los agentes del Ministerio Público, con los fiscales, con todas las personas que han tenido contacto con la investigación y es muy obvio que algo está pasando, yo no puedo asegurarles que sea algún beneficio a favor de tal persona, o algún beneficio económico, lo que sí es cierto es que es una investigación muy compleja y que les ha generado incertidumbre, tanto a las personas, acuérdense que los agentes del Ministerio Público son personas y ellos temen también por el compromiso que pueden tener con sus compañeros de la Fiscalía o con la institución propiamente o hasta con personas o abogados que ellos mismos conocen.

“Entonces ha sido una investigación que ha sido compleja, muchos agentes del Ministerio Público la han rechazado, no la quieren para trabajarla, eso es una realidad, pero ahí es una cuestión institucional, te estoy hablando que en nuestra investigación por lo menos hay de 10 a 15 agentes del Ministerio Público que no han entrado a la investigación, que buscan cualquier pretexto para alejarse de la investigación”, dijo el abogado.

Ante las omisiones de la Fiscalía General del Estado, los familiares de Oliver Wenceslao propusieron al titular de esa dependencia, Uriel Carmona Gándara, a creación de una fiscalía especializada para atender el caso.

La respuesta sería dada a las víctimas el viernes 21 de junio, sin embargo, el fiscal General pospuso el encuentro.

“Dentro de la propia Ley Orgánica maneja la situación de una Fiscalía Especializada, se le hizo la sugerencia al Fiscal General, esto lo permite la Ley Orgánica y está dentro de las atribuciones del mismo fiscal, sin embargo, no ha dado respuesta a esa petición.

“Se comprometió que el día viernes pasado a la 1:30 de la tarde íbamos a tener una reunión precisamente para abordar ese asunto, pero como lo hemos mencionado, siempre sale un imprevisto, casos relevantes para él y trasladó la reunión para el día de mañana a la una de la tarde”, dijo Amalia Hernández.

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Restricción de entrega de holograma 00 en CDMX viola leyes federales

Se estipula que los vehículos nuevos no tendrán que verificar durante los dos primeros años y a los dos años, solo tienen que hacer una verificación para tener otros dos años sin verificar.

Por Redacción, 2019-06-24 15:21

México.- La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) indicó que la propuesta de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) de restringir el otorgamiento del holograma 00 a vehículos nuevos, contraviene dos normas federales.

La CAMe quiere limitar el otorgamiento del holograma 00 a vehículos nuevos, solo a aquellos con un rendimiento de combustible igual o superior a 15 kilómetros por litro y que cumplan con el estándar C de la NOM 042; además de contar con una etiqueta de rendimiento de combustible.

Esta propuesta también contraviene la NOM 167, la cual rige los programas de verificación actuales, donde se estipula que los vehículos nuevos no tendrán que verificar durante los dos primeros años y a los dos años, solo tienen que hacer una verificación para tener otros dos años sin verificar.

“No entregar estos hologramas, estos incentivos que están establecidos en la NOM 167, podría constituirse en una violación de la propia norma federal”, dijo el presidente de la AMIA, Eduardo Solís, en conferencia de prensa.

AMIA destacó que la propuesta de restricción a la circulación de los vehículos nuevos impacta únicamente al 1% de los vehículos responsables de las emisiones de partículas PM 2.5, las cuales fueron las causantes de la contingencia ambiental ocurrida en mayo.

“Un automóvil nuevo emite la décima parte de las emisiones, aproximadamente, de un auto que trae un holograma 2. Y por lo menos, de cuatro a cinco veces menos, de lo que sería un holograma 1.

“Es decir, que 10 automóviles nuevos circulando emiten lo que uno, si fuera holograma 2”, expuso Solís.

Por lo tanto, la industria automotriz pidió que se incorporen restricciones a la circulación de los vehículos con hologramas 1 y 2.

Además de acelerar la introducción de combustibles de Ultra Bajo Azufre en todo el país.

AMIA está en pláticas con el Gobierno de la Ciudad de México sobre la propuesta del otorgamiento de holograma 00, la cual entraría en operación el 1 de enero de 2020.