México.- En los últimos tres años, los asesinatos de defensores del medio ambiente en la Sierra Tarahumara han ido en aumento, lo que deja en evidencia la falta de seguridad en la región para garantizar el bienestar de ellos y sus familiares, denunciaron activistas.

De acuerdo al informe presentado en 2018 de la ONG (Organización no Gubernamental) Global Witness citado por su homóloga Brigadas Internacionales de Paz (PBI por sus siglas en inglés), tan solo en 2016 y 2017 se registraron 18 homicidios de defensores de la tierra, territorio y medio ambiente en esta zona (tres en 2016 y 15 en 2017).

Al respecto, uno de los activistas que pidió omitir su nombre, comentó en entrevista que la violencia y la inseguridad están relacionadas con el auge minero y la tala legal e ilegal de pino y encino, actividades que se han acrecentado en los últimos tres años, principalmente en el municipio de Guadalupe y Calvo.

“En el municipio de Guadalupe y Calvo existen un sinfín de concesiones mineras vigentes, algunas están en la fase de georreferenciación o de explotación y exploración, porque es una zona muy rica en minerales”, detalló.

Sentenció que esta sobreexplotación de los recursos naturales ha llevado a las comunidades indígenas de la región a realizar una defensa legal para salvaguardar su patrimonio, lo que ha devenido en persecuciones, hostigamiento, amenazas y asesinatos de sus principales luchadores sociales.

Precisó que una de estas localidades es Coloradas de la Virgen en el municipio de Guadalupe y Calvo, donde se han suscitado dos de los homicidios más significativos, el de Isidro Baldenegro, el 15 de enero del 2017, y el de Julián Carrillo Martínez, quien fue asesinado el 24 de octubre del 2018.

En este sentido, señaló que tan solo en esta comunidad se tiene información de nueve carpetas de investigación abiertas por homicidios de ecologistas y de otras nueve por amenazas, despojo, robo de ganado, daños y lesiones a pobladores.

“Durante los últimos cuatro años se han enfrentado a una situación grave de inseguridad y de violencia en la comunidad y ello se debe a que no hay presencia del estado, no hay acciones que brinden seguridad y bienestar a la comunidad indígena", dijo.

El activista agregó que “además, hay grupos de la delincuencia organizada que están afectando los derechos de los indígenas en Coloradas de la Virgen”.

Según información de las Brigadas Internacionales de Paz en su artículo de enero de este año titulado: “Asesinatos en la Sierra Tarahumara: un capítulo abierto”, Isidro Baldenegro luchaba contra la tala ilegal en Guadalupe y Calvo, labor que le hizo merecedor en 2005 al premio Goldman.

Asimismo, en 2017 también se registró el asesinato de Juan Ontiveros Ramos, quien defendía el territorio ancestral de la comunidad Choréachi, localizada en el municipio ante referido.

En 2018, el caso más sonado fue el del defensor y presidente de bienes comunales de Coloradas de la Virgen, Julián Carrillo Martínez, quien desde 2016 recibió amenazas que lo obligaron a dejar su comunidad para salvar su vida.

No obstante, luego de varios crímenes contra sus familiares y pese a ser beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno federal, a su regreso a Coloradas de la Virgen fue ultimado.

La Fiscalía General del Estado informó el pasado jueves del asesinato de Gregorio Chaparro Cruz y Otilia Martínez Cruz de 20 y 60 años de edad, respectivamente, quienes según medios nacionales y locales, eran defensores del medio ambiente en la localidad de El Chapote en Guadalupe y Calvo.

Sin embargo, el vocero consultado por Notimex aseguró que las víctimas recientes no eran defensores del medio ambiente, aunque sí eran familiares del ecologista Julián Carrillo Martínez. En este sentido, puntualizó que el nombre de la mujer es Matilde y no Otilia.

“Matilde y Gregorio no son activistas, no son defensoras de derechos, no son personas que hayan estado al frente de litigios, acompañando los procesos legales, pero sí son familiares de Julián Carrillo”, argumentó.

Agregó que los asesinatos a pesar de que no estar relacionados directamente con la defensa de la tierra, dejan al descubierto los graves problemas de inseguridad que vive la población local.

“Cualquiera que haya sido el móvil es una muestra clara que no hay presencia del Estado (…) El sentir de las comunidades es que se garantice la integridad física de sus habitantes y que se aseguren garantías para que no se repitan los hechos”, expuso.