#Suave Patria

Sólo 3 de 19 militares son procesados por violación a indígenas

Por Redacción, 2016-05-06 16:52

Por: Anayeli García Martínez


Después de 14 años de la violación sexual de las indígenas tlapanecas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú por parte de militares, persiste la falta de justicia, ya que sólo tres soldados son acusados pese a que habrían participado más elementos de las fuerzas armadas en los hechos.

Luis Carlos Buob, abogado e integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización que acompaña a las víctimas, informó que este martes 3 de mayo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) revisó el cumplimiento de la sentencia que dictó en octubre de 2010 contra el Estado mexicano, para brindar justicia y reparación del daño a ambas indígenas.

En la reunión, los representantes de Cejil y del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan informaron que hay diversas acciones de reparación que no se han cumplido, por lo que pidieron que en agosto próximo los jueces de la CoIDH vengan a México para hacer una revisión más exhaustiva.

Buob explicó que, para ambos casos, hay por lo menos 16 medidas de reparación en materia de justicia, reconocimiento de responsabilidad, educación, salud, indemnización, reformas legislativas, políticas públicas y reparaciones comunitarias.

Uno de los temas que más preocupan es la falta de justicia, y es que en diciembre de 2013 se detuvo a cuatro soldados que fueron identificados por Inés y Valentina, pero hasta la fecha el caso sigue en investigación por lo que aún no hay sentencia, y uno de ellos murió en prisión.

Según la denuncia de las indígenas por los hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –la de Inés presentada en junio de 2004 y la de Valentina en noviembre de 2003–, a esta última la habrían agredido ocho militares, y a Inés Fernández la habrían violentado 11 elementos de las fuerzas armadas.

Luis Carlos Buob señaló que las organizaciones que defienden a las víctimas saben que el militar que murió este año habría sido asesinado, aunque reconoció carecer de elementos para sostener si el crimen tuvo relación con las denuncias de Inés y Valentina.

Por otra parte, para las agrupaciones que acompañan el caso se deberían abrir investigaciones penales o disciplinarias al personal judicial del fuero civil que obstaculizó la presentación de las denuncias por las violaciones contra las indígenas, pero en este tema –explicó el abogado– todavía no hay ningún proceso.

En su momento, Inés y Valentina acusaron que el agente del Ministerio Público del distrito judicial de Allende, en Guerrero, dificultó la recepción de sus denuncias; y en el caso de Inés, el médico que la atendió en la clínica de Caxitepec, en el mismo estado, no avisó a las autoridades correspondientes tras la agresión sexual.

“Para las víctimas, por supuesto, el tema de justicia y combate contra la impunidad es bastante importante, y entonces nosotros pusimos énfasis en que a seis años de la sentencia de la Corte Interamericana y 14 años de sucedidos los hechos, aún no hay una resolución firme”, remarcó Buob.

Hasta ahora un logro es que los tres militares son juzgados ante el fuero civil, con lo que se garantizaría imparcialidad judicial, pero las organizaciones pidieron que en agosto próximo se celebre una reunión para que las autoridades encargadas de cumplir la sentencia de la CoIDH detallen el nivel de avance.

En ambos casos, las  autoridades se comprometieron a castigar a los culpables, así lo dijeron el 15 de diciembre de 2011 a Valentina Rosendo durante un acto de disculpa pública del Estado mexicano; y el 6 de marzo de 2012 a Inés Fernández, a quien también le ofrecieron justicia.

#Suave Patria

Mexicanos confían en universidades, la Marina y el Ejército

Los menores niveles de confianza ciudadana se tuvieron en la administración pública en sus distintos niveles, como gobierno municipal, gobiernos estatales y federal, así como en la policía.

Por Redacción, 2019-06-20 14:48

México. Notimex.- Las universidades públicas, las escuelas públicas de nivel básico, así como la Marina y el Ejército, son las instituciones con los mayores niveles de confianza ciudadana a nivel nacional, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con motivo del Día de la Administración Pública, este 23 de junio, refirió que los menores niveles de confianza ciudadana se tuvieron en la administración pública en sus distintos niveles, como gobierno municipal, gobiernos estatales y federal, así como en la policía.

En 2017, el servicio de energía eléctrica, las escuelas públicas y el servicio de limpia generaron los mayores niveles de satisfacción entre la población. En contraste, la policía, el transporte público y el alumbrado público tuvieron los menores porcentajes de satisfacción.

El organismo reportó que al cierre de ese año laboraban cuatro millones 198 mil 846 personas en las administraciones públicas federal y estatal, de las cuales, 40.4 por ciento laboraban en las oficinas del gobierno federal y 59.6 por ciento en las oficinas de los gobiernos estatales.

En 2017, las instituciones de las administraciones públicas federal y estatal estaban dirigidas por dos mil 433 titulares, de los cuales 22.7 por ciento eran mujeres y 77.3 hombres.

Sobre las condiciones laborales de los servidores públicos, el INEGI mencionó que uno de cada cuatro servidores públicos del ámbito federal tuvo un ingreso mayor a 20 mil pesos mensuales.

Al indagar en los niveles de ingresos de hombres y mujeres en el ámbito federal, se encontró que por cada dos hombres que ganaban más de 20 mil pesos mensuales, solamente había una mujer que recibía el mismo rango de ingreso.

Comparado con los ámbitos estatal y municipal, el orden federal presentaba la mayor disparidad entre mujeres y hombres, tanto en altos ingresos como en quienes percibían los menores salarios.

A nivel estatal, 38.8 por ciento de los funcionarios obtuvieron un salario entre mil y 10 mil pesos mensuales y 18.9 por ciento ganaba más de 20 mil pesos.

En este ámbito de gobierno, la brecha salarial por sexo no fue tan amplia en los distintos niveles de ingreso; con excepción de algunos estados como Guanajuato, donde 37.3 por ciento de los hombres y 25.6 por ciento de las mujeres tenían ingresos superiores a 20 mil pesos mensuales.

En el orden municipal se encontraron los menores niveles de ingresos, con tres de cada cuatro servidores públicos que tenían un sueldo mensual por debajo de 10 mil pesos, mientras que 4.8 por ciento ganaba más de 20 mil pesos, sin observarse grandes diferencias por sexo.

Los salarios más bajos se reportaron principalmente en municipios de los estados de Chiapas, Oaxaca y Yucatán.

#Suave Patria

Pemex aumentará producción en 2021

Pemex ha señalado que se propone revertir hacia fines de 2019 la caída de su producción y para ello está desarrollando una veintena de campos descubiertos.

Por Redacción, 2019-06-20 14:44

México.- México prevé producir en 2021 el doble de barriles de petróleo diario que la generada con los contratos privados derivados de la reforma energética de la Administración pasada, dijo este miércoles el director de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza.

«Para el año 2021 la producción de los contratos con los productores privados rondará los 200.000 barriles por día en tanto que la producción de los nuevos desarrollos de Pemex alcanzará más de 400 mil barriles por día pero en tan solo una tercera parte del tiempo», explicó.

Ante 7 mil asistentes de 20 países presentes en la apertura de la 14 edición del Congreso Mexicano del Petróleo (CMP) en León, estado de Guanajuato, Romero dijo que Pemex tiene certeza de que para 2024 alcanzarán la meta planteada de 2,48 millones de barriles diarios en promedio.

Recientemente, Pemex ha señalado que se propone revertir hacia fines de 2019 la caída de su producción y para ello está desarrollando una veintena de campos descubiertos en los últimos años o cuyo desarrollo se había pospuesto.

Esos planes corresponden a la estrategia del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la Presidencia del país en diciembre, para rescatar a la petrolera, que incluyen una sustancial inyección de recursos y que se aleja de la reforma energética impulsada por su predecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien abrió el sector energético a la iniciativa privada.

Sobre los nuevos desarrollos de Pemex, 20 en total, Romero dijo hoy que se trabaja para elevar el factor de recuperación de los campos maduros mediante la contratación de servicios integrales que incentiven la inversión.

Esto habrá de complementar las actividades de mantenimiento de producción que realiza Pemex en el campo que tiene asignado, precisó el funcionario.

«Requerimos empresas con capacidad económica, técnica y el historial ético para establecer relaciones productivas, buscamos esquemas que brinden confianza a los inversionistas a fin de que tengan interés por los proyectos», comentó.

Invitó a los empresarios mexicanos y extranjeros a que se acerquen a Pemex y le presenten sus propuestas de proyectos productivos y desarrollos tecnológicos innovadores.

«Tenemos toda la disposición de trabajar con las empresas mexicanas y también con las extranjeras para realizar las inversiones siempre y cuando resulten benéficas para ambas partes; debemos de dejar atrás las prácticas en las que Pemex siempre salía perdiendo», sentenció.

Romero explicó que a Pemex le interesa trabajar estrechamente con empresas y empresarios que compartan «los más altos valores» que ahora les rigen».

Según Romero, Pemex ya superó el robo de combustibles que mermaba fuertemente sus finanzas y que significó pérdidas por más de 100 mil millones de pesos que equivalen al 78,4 % del total de los vencimientos de la deuda de Pemex para el 2019.

En lo que va de mandato de López Obrador, entre diciembre de 2018 y junio de 2019, se redujo el hurto de combustibles en un 93%, lo que confirma la eficacia de la estrategia de combate al robo de combustibles y supone un ahorro de 32.617 millones de pesos.

#Suave Patria

Peña recupera el alma: libra investigación por corrupción

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE, antes FEPADE) determinó, de manera formal, que no hay delito qué perseguir porque ¡los ilícitos han prescrito!

Por Redacción, 2019-06-20 13:46

México.- El expresidente Enrique Peña Nieto y Odebrecht han librado ser acusados por el supuesto financiamiento en 2012 de la empresa a la campaña del entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Y es que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE, antes FEPADE) determinó, de manera formal, que no hay delito qué perseguir porque ¡los ilícitos han prescrito!

Así lo da a conocer Reforma, al subrayar que por los hechos del 2012, la Fiscalía indagaba a Emilio Lozoya, entonces coordinador de Vinculación Internacional de la campaña de Peña.

También se le seguía la pista a la hoy senadora Nuvia Mayorga Delgado, quie fue titular de la Comisión de Presupuesto y Fiscalización del Consejo Político Nacional del tricolor.

De acuerdo con lo suscrito el pasado 3 de junio por el fiscal Valdemar González Ramírez y entregado a la juez federal Luz María Ortega Tlapa: El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una denuncia el 16 de agosto de 2017 abriendo así el caso Odebrecht.

La indagatoria comenzó cuando comenzaron a emerger testimonios de ex directivos de la firma brasileña que afirmaban haber sobornado a Lozoya.

Abel Barajas señala en su nota que en el documento que firma el fiscal González Ramírez, se revela que esos pagos ilícitos fueron por un total de 12 millones 856 mil 433 dólares, de los cuales 7 millones 856 mil 433 dólares se depositaron del 20 de abril al 27 de noviembre de 2012 y los restantes 5 millones de dólares, del 3 de diciembre de 2013 al 17 de marzo de 2014.

Al parecer se fue la primera parte a la campaña de Peña Nieto y el resto presuntamente a cambio de los contratos de la Refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tula, Hidalgo.

Un Tribunal ordenó a finales de mayo a la FEDE resolver la carpeta de investigación que se abrió por delitos electorales.

Reforma señala que en cuanto a la prescripción, el Tercer Tribunal Colegiado Penal ordenó a la Fiscalía contar el plazo a partir del 20 de abril de 2012, cuando Odebrecht presuntamente hizo el primer depósito por 250 mil dólares a una offshore que estaría vinculada con Lozoya.

Al cumplir ese mandato, el 3 de junio, FEDE dijo que, debido a que el plazo de prescripción de los delitos electorales investigados es de 5 años, las conductas penales de 2012 ya estaban prescritas, por lo que no puede haber castigo.