México.- "Se tienen que acabar los intocables en el país", aseveró el presidente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, tras la vinculación a proceso de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga recluida este martes en el penal de Santa Martha Acatitla, mientras se define su situación.

Consultado vía telefónica, Barrera Hernández declaró que lo que pueda enfrentar en el penal Rosario Robles no se compara con el sufrimiento que enfrentan las familias resultado del mal manejo del recurso público, como en La Montaña donde no se dio atención a los damnificados y hubo una simulación.

“Se tiene que acabar los intocables en nuestro país. Se tiene que acabar la impunidad. Se tiene que tocar a la gente que ha vivido del presupuesto público por muchos años, que no rinden cuentas, que los usa de manera facciosa y que al final pasa al sector de los privilegiados aunque hayan afectado al erario”, comentó.

“Es para que pongan sus barbas a remojar los otros funcionarios, políticos, que han lucrado con el erario que han devastado las finanzas públicas, que han empobrecido más al pueblo de México y Guerrero”.

Se refirió también al trabajo de Rosario Robles en la Montaña, donde, sostuvo, se simuló la reconstrucción luego de las tormentas Ingrid y Manuel a cargo de la Sedatu, el último cargo que ocupó la funcionaria.

“Yo creo que lo que se vivió en La Montaña con la actuación de la señora Rosario fue muy lamentable, porque ella tomó una actitud más vengativa y sobre todo de generar una actitud adversa en contra de la demanda de los pueblos indígenas que se tradujo en una acción de abandono y olvido”, reprochó.

“Es más duro lo que sufre la gente que lo que realmente pueda sufrir ella en un reclusorio, no se compara, apenas es para que pueda entender que hay un sector de nuestro país que está sufriendo las consecuencias de una actuación nada transparente, turbia en el manejo de los recursos, que eso trajo más hambre y más tristeza”.

Barrera Hernández dijo que compete al Poder Judicial determinar la responsabilidad de Rosario Robles, quien tiene derecho a defenderse, a demostrar si es inocente o no. “Por el momento sentimos que es importante que se haga valer el Estado de derecho en nuestro país y que se actúe con objetividad, que se haga valer la justicia”.

El juez de control vinculó a proceso Rosario Robles por ejercicio indebido del servicio público y le impuso prisión preventiva justificada que deberá cumplir en el penal de Santa Marta Acatitla.

La Fiscalía General de la República tiene dos  meses para realizar la investigación complementaria por las presuntas omisiones cometidas por Robles Berlanga ante un supuesto desvío de recursos por más de 5 mil millones de pesos a través de universidades públicas y sistemas de radio y televisión estatales, conocidos como La Estafa Maestra.