Una ONG exigió que la la Contraloría tiene que imponer sanciones en caso de haber una responsabilidad administrativa en los términos de las disposiciones aplicables.
También se detectó que se pagó con recursos de participaciones federales a 154 funcionarios después de su fecha de baja definitiva, por un importe de 3.2 millones de pesos.
Los cinco integrantes del Comité tienen un salario bruto mensual de 116 mil pesos, mientras que la percepción bruta del gobernador es de 106 pesos mensuales.
“El gobierno solamente tiene que construir un hospital, las escuelas y los servicios básicos”, por lo que “espero convencerlos este mismo año”, remarcó el gobernador.
