#Suave Patria

Tiempo se acaba para reunir pruebas en juicio de Javier Duarte

La PGR cuenta con varias averiguaciones previas abiertas y carpetas de investigación, sin que hasta ahora se haya consignado alguna.

Por Redacción, 2018-11-23 19:41

México.- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, sentenciado a nueve años de prisión por lavado de dinero, enfrenta aún dos procesos penales abiertos en su contra por diversos delitos en el estado, entre ellos peculado y tráfico de influencias. Éstos se acercan a una fase clave: el pasado 21 de noviembre concluyó el plazo que un juez había dado a los fiscales de Veracruz y a la defensa para reunir pruebas, previo al juicio.

Con ello quedaría cerrada la fase de investigación complementaria de estos procesos en los que se responsabiliza a Duarte de haber desviado más de 200 millones de pesos de recursos destinados a obras, y de haber usado ilegalmente un helicóptero en el que se dio a la fuga.

Sin embargo, fuentes de la defensa del exgobernador indicaron que solicitarán al juez una ampliación del plazo de investigación para continuar reuniendo evidencias. Si el juez lo considera procedente, dicha ampliación podría ser concedida solo una vez y por un periodo de seis meses más como máximo.

Este escenario ya se presentó en el proceso federal que la PGR promovió en su momento en contra de Duarte por lavado de dinero (y que terminó con una sentencia de 9 años de prisión). La defensa del exgobernador priista solicitó una ampliación, por lo que se le concedieron seis meses más.

Luego de concluido ese periodo extra Javier Duarte –siguiendo el consejo de sus abogados – optó por declararse culpable para seguir un proceso abreviado, y evitar así el juicio donde existía el riesgo de que se le impusiera una sentencia mayor.

Cabe señalar que los dos procesos promovidos por la Fiscalía de Veracruz en contra del exmandatario veracruzano son los únicos que actualmente se encuentran abiertos y en curso en contra suya. Por ambos procesos el juez capitalino Júpiter López Ruiz ordenó la medida de prisión preventiva justificada en contra de Duarte.

 

Procesos lentos y con obstáculos

 

Los casos que la Fiscalía de Veracruz ha promovido en contra de Javier Duarte integraron – junto con la acusación por lavado de dinero de la PGR –  la solicitud formal de extradición presentada por México ante Guatemala en junio de 2017. Pero a diferencia del caso federal, estos dos procesos se han desarrollado más lento y con algunos obstáculos.

Una primera causa que retrasó el desarrollo de estos procesos fueron los amparos que promovieron los abogados de Duarte (encabezados originalmente por el despacho de Marco del Toro) para que no se le trasladara ante la jueza de Veracruz que había girado las dos órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía.

Luego de varios meses de análisis se determinó que Duarte debería permanecer en el Reclusorio Preventivo Norte y que sería un juez capitalino el que se haría cargo de los procesos.

Así, la audiencia inicial por ambos casos se desarrolló el pasado 16 de mayo, casi un año después de que el exgobernador de Veracruz fuera extraditado a México. Originalmente la Fiscalía de Veracruz pretendía que Duarte fuera procesado por siete delitos distintos derivado de dos investigaciones.

En la audiencia donde se presentó la imputación inicial los fiscales sostuvieron que Duarte había conseguido – a través de funcionarios de su gobierno – que se retuvieran poco más de 220 millones de pesos de recursos federales que estaban destinados a la Comisión Estatal del Agua y que fueran desviados a otras cuentas. Ello terminó afectando al menos a 80 obras hidráulicas.

Los fiscales también acusaron a Duarte de haber utilizado ilegalmente un helicóptero oficial en octubre de 2016, luego de que ya había solicitado licencia al cargo por las investigaciones iniciadas en su contra. Fue en ese helicóptero donde el exmandatario había conseguido escapar de Veracruz para iniciar su fuga hacia Guatemala.

Luego de escuchar los argumentos de los fiscales y de la defensa de Javier Duarte (encabezada por el abogado Ricardo Reyes Retana) el juez Júpiter López Ruiz resolvió que había datos de prueba suficiente para someter a proceso al político veracruzano por ambas acusaciones.

No obstante, el juez consideró que algunos de los delitos que la Fiscalía promovía no se justificaban o resultaban repetitivos, por lo que consideró que Duarte solo podría resultar responsable de tres ilícitos: peculado, tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal.

 

Lo que no ha llegado a juicio

 

En contra de Javier Duarte existen otras investigaciones abiertas o en integración que, por distintas circunstancias, no se han traducido en nuevos procesos penales.

Uno de esos casos es por la presunta responsabilidad del exgobernador en el delito de desaparición forzada. Según la investigación de la Fiscalía de Veracruz, Duarte presuntamente consintió que en su administración, la policía estatal realizara sistemáticamente detenciones ilegales de personas que posteriormente desaparecieron.

Por este hecho ya hay varios exfuncionarios de la policía detenidos y procesados, incluido el exsecretario de Seguridad Pública de la entidad Arturo Bermúdez. En el caso de Duarte, un juez concedió ya la orden de aprehensión en su contra para que se le procese por este caso.

Sin embargo, dicho proceso no ha podido iniciar ya que la Fiscalía de Veracruz necesita primero el consentimiento de Guatemala. Lo anterior debido a que los tratados de extradición indican que una persona solo puede ser juzgada por los delitos por los cuales fue extraditado y, en caso de que surjan nuevas acusaciones, tiene que pedirse un permiso especial al país donde ocurrió la captura.

De acuerdo con autoridades de la Fiscalía la solicitud se está tramitando a través del gobierno federal y la PGR, sin embargo, hasta ahora no hay avances.

Por este mismo motivo tampoco ha podido cumplimentarse otra orden de aprehensión girada desde 2016 en contra de Duarte, en este caso por un juez federal, derivado de una acusación que hizo la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en su contra por presuntos delitos electorales.

Por otro lado la Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con varias averiguaciones previas abiertas y carpetas de investigación, relacionadas con malos manejos de recursos públicos en la administración de Javier Duarte, sin que hasta ahora se haya consignado alguna. También cuenta con otro caso por presuntos delitos fiscales que no ha sido consignado.

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Subsecretario de Segob defiende a Congreso de BC en caso Ley Bonilla

«(No estoy) ni a favor ni en contra, simplemente los congresos tienen atribuciones y facultades», aseveró Ricardo Peralta.

Por Redacción, 2019-07-22 20:55

México.- El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta, defendió la facultad del Congreso de Baja California al decidir ampliar de dos a cinco años el periodo del gobierno de la entidad, sin pronunciarse a favor o en contra.

Esto, luego de que la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, calificara como inconstitucional la decisión del Congreso local.

«No solamente tiene facultades y atribuciones cualquier congreso del País para modificar sus propias leyes, no se califica si está bien o está mal en la ley, simplemente tiene atribuciones», refirió Peralta.

«(No estoy) ni a favor ni en contra, simplemente los congresos tienen atribuciones y facultades, no califiqué, ni he calificado si está bien o está mal, o esté a favor, simplemente tienen atribuciones y facultades los congresos, para eso están», añadió.

Señaló que si dicha reforma está «mal o bien», o es antidemocrática, ello lo definirá en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que este lunes fue presentada una controversia constitucional.

«Desde el punto de vista jurídico, en mi caso opino, en lo personal, insisto, (no) como subsecretario ni como vocería de Gobernación, que el artículo 73 de la Constitución señala cuáles son las atribuciones y las facultades de los Congresos… En este caso, es modificar legislación, puede ser la Constitución local, pueden ser otro tipo de legislaciones… no se califica si está bien, está mal, o si estoy de acuerdo o no, simplemente tienen la atribución de hacerlo», puntualizó.

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Brecha salarial en México, la más injusta de Latinoamérica

Las mujeres deben trabajar 5 días más al mes para ganar igual que un hombre.

Por Redacción, 2019-07-22 20:42

México.- México presenta la peor brecha salarial entre hombres y mujeres en América Latina, por encima de países como Guatemala, Honduras y El Salvador. De tal suerte, las mujeres tendrían que trabajar  un mes extra al final del año para igualar el salario que recibe un hombre.

El Segundo Informe del Observatorio de Trabajo Digno, organizado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, reveló que las condiciones laborales son peores para las mujeres, sobretodo cuando son menores de 30 años.

De acuerdo con Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana, dijo que se presenta mayor desempleo entre las mexicanas, así como mayor carga de trabajo en servicios de cuidado, que no se ve reflejado en su salario.

«Lo que es notorio es que esa brecha salarial sea la peor de América Latina (…). Eso es una vergüenza», enfatizó Hermosillo al presentar los resultados del informe.

Los datos del Observatorio revelan que el 18% de los desempleados en México son mujeres, mientras que el 8% son hombres. Ello significa que el desempleo afecta a más del doble de las féminas.

María Ayala, encargada el área de Investigación y Datos de la organización, explicó que en México, se presenta más del doble de desempleo, «que es la exclusión del derecho al trabajo. (…) Además hay 20 millones de mujeres que no buscan trabajo porque tienen obligaciones que cumplir en sus hogares».

Indicó que la diferencia salarial es de 16%, es decir, 797 pesos mensuales para ellas. «El salario promedio para las mujeres trabajadoras, con jornada completa, es de 5,029 pesosy un hombre recibe 5,825 pesos», precisó.

Con tal diferencia, las mujeres deben trabajar hasta 35 días para igualar el salario de un hombre.

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Urgen a AMLO a ratificar acuerdo sobre medio ambiente y dd. hh.

Se trata del Acuerdo de Escazú que tienen el objetivo fundamental de proteger el derecho a vivir en un entorno saludable.

Por Redacción, 2019-07-22 20:29

México.- Expertos de Naciones Unidas de 17 mecanismos de defensa del medio ambiente, de derechos humanos, de libertad de expresión, de pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros, urgieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a ratificar el Acuerdo de Escazú “como una cuestión prioritaria”, antes del próximo 27 de septiembre.

En una carta fechada el 15 de julio, los expertos de la ONU resaltaron que, con la ratificación del acuerdo, aplicable a la región de América Latina y el Caribe, México “reforzará su firme compromiso con la protección del medio ambiente y los derechos humanos”.

Tras destacar que hasta ahora sólo 16 de 33 países de la región han refrendado el pacto, alertaron sobre la urgencia de la ratificación ante un escenario en el que –subrayaron– “las personas defensoras de derechos humanos ambientales en la región sufren niveles de violencia, intimidación y acoso sin precedentes, y en el que las mujeres defensoras de derechos humanos enfrentan desafíos únicos que a menudo son impulsados por la intersección de múltiples formas de discriminación contra las mujeres”.

De igual manera, señalaron que el Acuerdo de Escazú “es el primero en su tipo en el mundo en incluir disposiciones específicas y vinculantes para la protección y promoción de las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en cuestiones medioambientales”.

Bajo ese panorama, se solicitó al gobierno mexicano detalles de “los pasos y medidas” que se han tomado para adherirse al tratado, así como el “cronograma” y las “medidas (…) para implementar el Acuerdo una vez que sea ratificado”.

En la misiva enviada a López Obrador, los expertos recuerdan que el Acuerdo Regional Sobre el Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (“Acuerdo de Escazú”, negociado bajo el liderazgo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica, y se abrió para firma el 27 de septiembre de 2018”.

El tratado regional “no sólo garantiza una buena gobernanza ambiental y de derechos humanos, incluidos los derechos de acceso a la información, de participar en el proceso de toma de decisiones, así como para buscar reparación, sino que también es un catalizador para la protección ambiental y el desarrollo sustentable”, recalcan.

Y, con el objetivo “fundamental de proteger el derecho a vivir en un entorno saludable”, puntualizan que el Acuerdo fija obligaciones internacionales para “abordar algunos de los desafíos más apremiantes del mundo, como el cambio climático, el declive de la diversidad biológica, la degradación de los suelos, la contaminación del aire y del agua, los desastres naturales y el agotamiento y uso insostenible de los recursos naturales”.

Además, pretende “proteger la diversidad cultural de América Latina y el Caribe, y reconocer los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales y los grupos vulnerables”, y recuerda que los Estados tienen la obligación de “fomentar la participación inclusiva, combatir la desigualdad y la discriminación, y garantizar la igualdad de todas las personas en los derechos a un medio ambiente saludable y al desarrollo sustentable”.

La carta enviada al gobierno de México fue firmada por los presidentes de los Grupos de Trabajo de Expertos sobre afrodescendientes, Ahmed Reid; sobre derechos humanos, empresas transnacionales y otras empresas, Elzbieta Karska, y sobre la discriminación contra la mujer en la legislación y práctica, Meskerem Techane.

El documento fue firmado por 11 relatores especiales: sobre el derecho al desarrollo, Saad Alfarargi; sobre los derechos de las personas con discapacidad, Catalina Devandas-Aguilar; sobre la cuestión en las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, David R. Boyd; sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, David Kaye, y sobre derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Nyaletsossi Voule.

También lo signaron el relator Baskut Tuncak, sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de sustancias y derechos peligrosos; sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Dainius Puras; sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst; sobre los derechos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary; sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intorelarancia, E. Tendayi Achiume, y sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Lëo Heller.

La misiva fue firmada igualmente por tres expertos independientes: sobre la promoción de un orden democrático y equitativo, Livinstone Sewanyana; sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad (sic), Rosa Komfeld-Matte, y sobre los derechos humanos y solidaridad internacional, Obiora C. Okafor.