Chilpancingo, Guerrero.- Integrantes de la Coalición de Organizaciones Demócratas, Urbanas y Campesinas (CODUC), mantienen tomadas de manera indefinida las instalaciones de la delegación federal de la Secretaría de Desarrollo Social de Guerrero.

Encabezados por el diputado local perredista Sebastián de la Rosa Peláez, y la diputada del mismo partido, María del Carmen Cabera Lagunas exigen la liberación de recursos para realizar proyectos sociales.

En entrevista, el diputado Sebastián de la Rosa acusó que la dependencia federal está cerrando recursos para los proyectos y  ser destinados a candidatos del PRI en los estados donde el próximo domingo habrá elecciones.

Sin embargo, reprochó que en entidades como Guerrero, la CODUC tiene proyectos estancados desde el año pasado.

Especificó que hay 23 detenidos en SEDESOL, equivalentes a ocho millones de pesos; además, no se han liberado recursos para instancias infantiles y atención a grupos vulnerables que están destinados para las regiones de Costa Chica, Montaña y Norte, y para municipios como Chilpancingo, Acapulco, y Zihuatanejo.

De la Rosa Peláez denunció que el titular de SEDESOL a nivel federal, José Antonio Meade Kuribreña se negó de última hora a firmar una minuta de acuerdos el pasado domingo para la liberación de los recursos.

Por tal motivo, los integrantes de CODUC no liberarán el edificio de la delegación de la dependencia en Chilpancingo hasta que logren un acuerdo.

“El domingo por la noche nos dijeron que no habría firma, que no harían nada, que las organizaciones le hicieran como quisieran, ante este reto de háganle como quieran,  nos tienen aquí”, señaló.

El perredista informó que la movilización es a nivel nacional, porque hoy fue tomada la oficina central de SEDESOL en la Ciudad de México, al igual que 28 delegaciones del país, y tres más que están de manera intermitente, hasta lograr la liberación de recursos.

El 8 de agosto realizarán una marcha en la Ciudad de México en la que tienen pronosticada la participación de 100 mil personas,  para exigir al gobierno federal atención a las demandas planteadas por organizaciones sociales en las delegaciones de SEDESOL que se encuentran en los Estados.