Si se igualan las garantías laborales de las trabajadoras del hogar con los derechos de que gozan el resto de las y los trabajadores, ese gremio tendría condiciones más formales de empleo, informó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe Panorama Laboral 2015.
A esta conclusión llegó la OIT, que dedicó un capítulo especial para explicar las medidas tomadas por los países de la región para formalizar el trabajo de las trabajadoras del hogar.
Brasil fue el primer país de AL y el Caribe que cambió en 1972 su marco jurídico para frenar las desigualdades entre las y los trabajadores del hogar y el resto de personas del mercado de trabajo. La acción se replicó en un buen número de países, tras la publicación en 2011 del Convenio 189 de la OIT, sobre trabajo digno para el gremio.
Países como Argentina, Chile, Ecuador y Uruguay destacan por haber tenido más éxito en el empeño de formalizar a las trabajadoras del hogar –explica la OIT- porque pusieron en práctica una estrategia “multidimensional” que combina medidas tanto en el ámbito legislativo como en el de políticas públicas.
Así, además de reformar su normativa para garantizar el mismo régimen de derechos laborales para toda la población, los gobiernos de estos países se aseguraron de que todas las trabajadoras del hogar tuvieran cobertura de salud, sancionando incluso con cárcel, como hizo Ecuador, a los y las empleadoras que se negaran a brindar esta prestación.
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Estos países también buscaron acciones para equiparar gradualmente el salario de las trabajadoras del hogar con el ingreso general del país. A algunos, como Uruguay, crearon grupos salariales específicos para el gremio.
Los gobiernos de estos países también se enfocaron en desarrollar modalidades de inspección de trabajo sin ingresar a los hogares; algunos otros dieron incentivos tributarios y otros reformaron sus marcos legales para permitir e impulsar la negociación colectiva.
A la par, cada país desarrolló campañas de información y divulgación y consiguieron que las instituciones de gobierno ofrecieran servicios de asesoría en cuanto a derechos laborales de las trabajadoras del hogar.
EL SALVADOR, GUATEMALA Y MÉXICO, REZAGADOS
En contraste, países con mayor rezago en la garantía de estos derechos, como El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, se limitaron a establecer en su legislación algunas especificidades para este grupo laboral. En ellas hay un menor reconocimiento de derechos, lo que responde a una discriminación “de jure” (de derecho) basada por normas sociales que históricamente han desvalorizado e invisibilizado este trabajo, observó la OIT.
Algunas de estas medidas son: señalar periodos de descanso inferiores a 12 horas diarias; permitir que la contratación sea verbal; no establecer un salario mínimo o acceder a que parte del pago sea en especie; y consentir un régimen de seguridad social con menor cobertura.
En algunos países, las personas migrantes que se dedican al trabajo en el hogar dejan de beneficiarse con los avances logrados para las los migrantes. Esto es, porque las leyes permiten al empleador contratar a una persona migrante de forma verbal, en lugar de hacerle contrato escrito, para que la trabajadora no goce de los derechos laborales que tiene como migrante. A la trabajadora migrante, por supuesto, le convendría más un contrato escrito.
CONVENIO 189, LA VÍA
Por esto, la OIT estipula que el enfoque “multidimensional” que ha funcionado a algunos países es el de establecer una norma laboral que equipare derechos entre trabajadores y trabajadores de todos los gremios y se armonice con lo que establece el Convenio 189.
Asimismo establece que la seguridad social sea universal, obligatoria, con esquemas adecuados a las características de esta actividad laboral, sanciones penales para quien incumpla la norma y la creación de incentivos tributarios.
Además, los países deben establecer un salario mínimo para las trabajadoras del hogar que se equipare con el de otros trabajos de igual calificación pero mejor remunerados.
A la par, se deben generar sistemas de registros para las inspecciones laborales y estrategias de fiscalización sin ingresar a los hogares; así como garantizar la organización sindical y crear espacios de diálogo social.
