México.- Un tribunal ha ordenado detener de nuevo a los siete militares implicados en la matanza de Tlatlaya, en México, en junio de 2014. La Fiscalía acusa a los siete uniformados de ejercicio indebido del servicio público y a tres de homicidio y encubrimiento. En 2016 todos salieron de prisión. Entonces, dejando de lado pruebas cruciales, el mismo tribunal consideró que no había elementos para enjuiciarlos. Pero ahora, tenidas en cuenta todas las pruebas, los jueces han decidido la reaprehensión de los soldados.

Al menos ocho personas fueron asesinadas en aquel evento, hace ya más de cinco años. Nadie supo en un principio qué había pasado exactamente. La Secretaría de la Defensa, Sedena, divulgó una versión distorsionada de los hechos, que se mantuvo durante meses. El Ejército dijo que un convoy militar se había enfrentado a un grupo de civiles armados en una bodega a medio construir, en una comunidad del municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, a unas horas de la capital; que los civiles habían atacado a los militares y que estos se habían defendido; que en el tiroteo, 22 civiles habían muerto y un militar había resultado herido.

En septiembre de ese mismo año una testigo de lo ocurrido, Clara Gómez, desmintió a los militares y denunció que después del enfrentamiento, una vez rendidos, los militares habían ejecutado a los supervivientes. Otras dos testigos dijeron lo mismo. En su investigación, la Fiscalía concluyó que los asesinados eran ocho, el resto había caído en combate. La oficina del ombudsman elevó ese número, sin embargo, a entre 12 y 15. Además, los militares modificaron la escena del crimen, movieron cuerpos y armas para apuntalar su versión.

La irrupción de Gómez y las demás testigos provocó un escándalo en México que acabó en la detención de los militares. Pero los errores y omisiones de los investigadores, estatales y federales y las controvertidas interpretaciones de los jueces acabaron con los militares en libertad. Procesados, acusados, pero en libertad.

La nueva orden de detención supone un giro en el caso, congelado desde la liberación de los militares en 2016. Sus abogados podrían ampararse ante la decisión del tribunal, pero su margen de actuación es estrecho. De todas formas, los jueces podrían impulsar la detención de los soldados mientras esto ocurre. Su captura depende ahora de la voluntad de la fiscalía, reticente en el pasado a volcarse en este caso. Y también del actual Gobierno y su capacidad para fiscalizar la actuación de las Fuerzas Armadas.

El cambio de criterio en los juzgados ha tenido que ver con la decisión previa de otro tribunal, que obligaba a este a contemplar pruebas que antes obvió. Las pruebas son las declaraciones testimoniales de las testigos y el dictamen que realizó la Fiscalía hace años, sobre cómo los militares modificaron el lugar de los hechos.

 

Información tomada de El País: https://elpais.com/internacional/2019/10/17/mexico/1571270616_411914.html