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Tribunales mediáticos juzgan a priori sin investigación: ARTICLE 19

Sin pruebas validadas por jueces, ni garantías, exhiben y linchan en redes a personas señaladas de cometer o participar en algún supuesto delito.

Por Redacción, 2018-10-10 22:37

México.- Una práctica común en México ha sido la exhibición y el linchamiento en redes de personas que son señaladas por cometer o participar en algún supuesto delito, así como calificativos que se erigen en “sentencias mediáticas”, que en automático, sin investigación ni garantía de un debido proceso, juzgan a una persona a priori de “ratera”, “homicida”, “secuestradora”….

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, en coordinación con el periodista Marco Lara Klahr, publicó el informe “Tribunales Paralelos y Exposición Mediática de las Personas”.

El objetivo central del informe es convocar a la reflexión, haciendo un alto dentro de la vorágine de violencia y violaciones a derechos humanos por la que atraviesa México, y abordar desde un enfoque crítico, ético y jurídico, la importante función que tienen periodistas y medios de comunicación frente a la cobertura de dicha situación. La labor periodística, en el marco del sistema de justicia penal, constituye un componente esencial para la construcción de Estado de Derecho y democracia, así como una veta transformadora en las dinámicas y narrativas dominantes sobre los procesos judiciales en la sociedad mexicana.

En el documento mostramos cómo constituye una práctica común en el país, la exhibición de personas que son señaladas por cometer o participar en algún delito, así como calificativos que se erigen en “sentencias mediáticas”, que en automático, sin investigación ni garantía de un debido proceso, juzgan a una persona a priori de “ratera”, “homicida”, “secuestradora”…. Del lado de las víctimas, se erige también una dinámica informativa estigmatizante y justificatoria de los delitos cometidos contra ellas. Dentro de este esquema existe una corresponsabilidad de autoridades, que deben ser las garantes de los derechos humanos de las personas en un proceso penal, así como de aquellos medios de comunicación y periodistas que replican y alimentan esas prácticas violatorias de derechos.

De la mano con lo anterior, también es una práctica común por parte de dichas autoridades la filtración de informaciones contenidas en investigaciones o procesos penales, quienes deben ser las encargadas de resguardar dicha información. En este sentido, podemos encontrar notas periodísticas donde se publican fotografías, tanto de víctimas como de personas imputadas, así como dictámenes periciales, declaraciones o entrevistas, videos…, cuya información, en principio, debe mantenerse bajo reserva y a la que sólo las partes deben tener acceso. Incluso, existen notas sobre diversos casos donde se menciona explícitamente que el medio o periodista en cuestión “tuvo acceso al expediente”, todo lo cual va en contra de la ley y en detrimento de los derechos humanos. Estas filtraciones, por supuesto, tienen una intención: construir una versión sesgada de los hechos, dar soluciones mediatizadas y justificar la impunidad.

El informe aborda en su primera parte la gran importancia que tiene el respeto, protección y garantía de los derechos humanos en la construcción de un sistema de justicia democrático, especialmente la libertad de expresión y el derecho a la información. Entre los tópicos centrales encontramos los parámetros normativos; la armonización de derechos cuando unos se ubiquen en tensión frente a otros (publicidad y presunción de inocencia, por ejemplo); la imperiosa necesidad de equilibrios y contrapesos en un Estado democrático de derecho; así como el papel que desempeñan las estructuras estatales frente a una crisis de violencia y criminalidad desde un enfoque de “populismo punitivo”. Bajo el esquema actual, todas las personas son vistas como potencialmente culpables y se pretende encontrar soluciones simplistas y mediáticamente atractivas que, al final, no resuelven ningún problema de fondo y, al contrario, vulneran derechos humanos.

La segunda parte aborda un análisis del sistema de justicia penal acusatorio y oral, en relación con la cobertura periodística y los derechos de las personas, para proteger su dignidad e integridad. Asimismo, las implicaciones y consecuencias que podrían presentarse dentro un proceso penal en caso de coberturas periodísticas que vulneren derechos humanos, así como la oportunidad que se abre bajo este sistema para que las y los periodistas acudan a las audiencias y puedan dar seguimiento de primera mano a algún asunto, lo cual además representa una herramienta trascendente para realizar un escrutinio sobre el desempeño de la procuración e impartición de justicia en el país.

Dentro de este apartado se estudia el caso del multifeminicidio y homicidio en la Colonia Narvarte, el 31 de julio de 2015, donde fueron privadas de la vida Nadia Vera, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz, Mile Virginia y Rubén Espinosa. Hasta la fecha, las autoridades no han garantizado el derecho a la verdad, justicia y reparación a las víctimas, pero sí se han destacado en violar derechos humanos de las víctimas. El caso ha estado plagado de omisiones e irregularidades, así como de filtraciones por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), a partir de las cuales se dieron a conocer en diversos medios informativos, fotos de los cuerpos de las víctimas, declaraciones, dictámenes periciales, videos. Todo ello tendente a generar una narrativa oficial que presenta el caso como un asunto “resuelto” de robo, drogas y sexo, descartando otras líneas razonables de investigación, siendo criminalizante y estigmatizante para las víctimas.

Por último, este informe pretende establecer pautas claras y brinda recomendaciones para la cobertura periodística desde un enfoque protector de derechos humanos y que garantice la libertad de expresión y el derecho a la información a través de una cobertura ética que funja como una herramienta transformadora y no forme parte de un círculo vicioso que implique mayor revictimización y criminalización.

En este sentido, la violencia generalizada en México requiere prácticas comunicacionales acordes a la necesidad social de verdad y justicia, pero sin ser generadores directos o indirectos de estigmatizaciones, criminalizaciones o impunidad.

ARTICLE 19 no pretende establecer reglas acerca del ejercicio periodístico, pues es claro que todas las expresiones se encuentran protegidas en primera instancia; sin embargo, ante el grave contexto de violaciones a derechos humanos, la sociedad requiere información sobre los procesos penales con enfoques transformadores y con alto grado de responsabilidad ética, jurídica y social.

Cuestionar la forma en la que se abordan ciertas coberturas, en confrontación con los derechos de las personas relacionadas, es a su vez una herramienta necesaria para un cambio de enfoque de los medios de comunicación, quienes deberían responder a las problemáticas sociales y no a un entorno de realidades controladas o mercantilizadas como el periodismo de “nota roja”.

ARTICLE 19, con el Informe “Tribunales Paralelos y Exposición Mediática de las Personas”, invita a la reflexión sobre estas prácticas que urge revisarse y cambiar, así como tomar en cuenta las recomendaciones y pautas deontológicas que se proponen al final del informe. Un periodismo judicial de alta calidad y estándares éticos, resulta apremiante en un contexto de violencia, criminalidad e impunidad imperante en México. De esta manera se abonaría desde el ejercicio periodístico a una cultura de respeto y garantía de los derechos humanos.


Descarga el informe en formato PDF en este enlace

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Casas deshabitadas, otro daño colateral de la violencia en México

Según datos oficiales, en México existen al menos cinco millones de casas abandonadas, y no se sabe qué va a pasar con ellas.

Por Redacción, 2019-02-19 11:42

México.- Ciudad Juárez, Chihuahua, es uno de los sitios donde la violencia provoca el abandono de casas.

Es un problema grave que puede profundizarse: según datos oficiales, en México existen al menos cinco millones de casas abandonadas, y no se sabe qué va a pasar con ellas.

En muchos casos sus propietarios las desalojaron para huir de la violencia. Pero en otros las viviendas se construyeron en zonas inadecuadas o no se les proporcionaron servicios básicos. Además, las autoridades no saben dónde se encuentra todas las casas abandonadas ni tampoco se sabe cuántas son en realidad.

El dato de las cinco millones de viviendas abandonadas corresponde a un censo de 2010, realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Pero después se han realizado diagnósticos similares. Así, el problema puede ser aún más serio, reconocen las autoridades.

“Ha sido uno de los grandes problemas que nos hemos enfrentado”, dice Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial (Sedatu). “Es un tema vinculado al abandono del espacio público, a la delincuencia. Es como una bolita de nieve que se va acumulando”, sostiene.

¿Por qué se acumuló la cifra de casas abandonadas? Son varias razones, coinciden especialistas y autoridades. Desde 2000 los distintos gobiernos aplicaron una política de construcción de viviendas en todo el país. En México hay más de cinco millones de casas abandonadas como ésta, en Jalisco.

Muchas viviendas en fraccionamientos gigantescos, como este en Jalisco, están en el abandono.

Pero muchas veces sin tomar en cuenta todos los elementos necesarios para estos desarrollos, dice el secretario Meyer: “Desde una lógica plenamente financiera se colocaron de forma masiva un número importante de viviendas”.

“Pero a final de cuentas carecían de los temas muy básicos como la cercanía a los trabajos, equipamientos, usos mixtos, espacios públicos”, explica. En otros casos los conjuntos habitacionales se edificaron en zonas totalmente inadecuadas, como pantanos.

“Muchas veces se construyó incluso en lugares donde no se debió haber puesto una piedra”, reconoce Carlos Martínez Velázquez, director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

“Se hicieron desarrollos que no cuentan, hasta la fecha, con servicios básicos como agua o electricidad”, reconoce.

En Tabasco los grandes desarrollos de viviendas han sufrido de inundaciones en época de lluvias.

Estos conjuntos de casas no debieron construirse, dicen especialistas, pero fueron autorizados por gobiernos estatales y municipales.

El resultado: miles de familias abandonaron las casas ante las dificultades para seguir ocupándolas. Otra de las razones para el alto número de casas deshabitadas es el desplazamiento masivo de personas por la violencia.

De acuerdo con el Estudio Diagnóstico del Derecho a la Vivienda Digna y Decorosa 2018, hasta 2017 más de 345.000 personas “tuvieron que desplazarse de manera forzada en el interior del país debido a la violencia o a conflictos territoriales”.

Los desarrollos inmobiliarios en muchas ocasiones no han previsto los servicios básicos necesarios. El secretario Meyer asegura que éste problema es particularmente serio en el norte del país.

Pero Louise David, coordinadora de la organización Alianza para la Regeneración Urbana, recuerda que hacen falta datos para asegurarlo pues no hay un censo o estudio reciente sobre las viviendas abandonadas. Lo que sí se conoce es el impacto del problema y la cadena de acciones que desata.

“Hay un círculo vicioso alrededor de la vivienda abandonada”, explica a BBC Mundo. “Si hay una casa deshabitada se suma otra y luego una tercera”.

Así, los vecinos que permanecen en los barrios empiezan a sentir un ambiente de inseguridad, sobre todo cuando las casas deshabitadas se invaden. Muchas casas abandonadas por la violencia se encuentran en zonas rurales.

Hasta ahora no está claro qué va a suceder con estas casas. La Sedatu empezó un nuevo estudio para saber, primero, la ubicación precisa de las viviendas.

Y luego se pretende conocer las condiciones específicas de cada desarrollo habitacional, sobre todo determinar si pueden ser recuperadas.

Es parte de una estrategia contra la violencia, sobre en zonas con alto número de casas deshabitadas por el problema, como Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Parte del proceso de pacificación del país pasa a través del ordenamiento del territorio y una adecuada política de vivienda”, dice el secretario Meyer.

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Peña impuso el silencio ante ola de periodistas asesinados

Enrique Peña Nieto pasará a la historia como el presidente que no quiso enfrentar la violencia contra las periodistas.

Por Redacción, 2019-02-19 11:25

México.- “Enrique Peña Nieto pasará a la historia como el presidente que no quiso enfrentar la violencia contra las periodistas. Por el contrario, actuó con todo el poder para silenciar a quien, con la fuerza de su palabra y la evidencia del trabajo periodístico, mostró a la población el tamaño de su avaricia.

Esto nos hereda, el país más peligroso para ejercer el periodismo, el país de las grandes contradicciones, el país identificado a nivel mundial como el más feminicida”.

Lo anterior fue expuesto por Lucía Lagunes Huerta, directora general de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), cuya asociación civil, realizó una investigación en torno a la violencia que enfrentaron las mujeres periodistas durante el sexenio de Peña Nieto.

De acuerdo con el estudio, de 2012 a 2018 se registraron 448 casos de violencia en contra de las comunicadoras del país; de los cuales, 11 fueron feminicidios.

Tales cifras representan un incremento de 341 por ciento, en comparación con las 131 agresiones que se documentaron en la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

El estudio fue presentado hace unos días en la Universidad Iberoamericana Puebla y ahí se detalló que la entidad su ubicó en tercer lugar a nivel nacional con el mayor número de atentados en contra de las periodistas con un total de 37 casos; de los cuales, uno fue homicidio en 2012.

A Puebla solo la superaron la Ciudad de México que reportó el 17 por ciento de las agresiones y Veracruz con el 13 por ciento.

Las amenazas y hostigamientos contra las reporteras en Puebla, explicó Lagunes Huerta, se dieron en tres momentos trascendentes como fue el inicio de la gestión de Rafael Moreno Valle, con el aumento del robo de combustible y durante el proceso electoral del año pasado.

En este tiempo, se registró una persecución de periodistas por parte de actores políticos y funcionarios, así como espionaje y llamadas intimidatorias en las redacciones para eliminar contenidos, publicación obligatoria de boletines oficiales y censura de fotografías que comprometieran al entonces gobernador Rafael Moreno Valle.

Los ataques, detalló, no dejaron de lado la intimidación, el hostigamiento, las agresiones físicas y la violencia sexual digital.

Cimac también mencionó robos de material de trabajo en las redacciones como computadoras, así como prácticas de espionaje en correos electrónicos, grupos de WhatsApp y ataques al patrimonio de los periodistas como el allanamiento a sus domicilios y acoso judicial.

Tanto en Puebla como en el resto del país, la mayoría de las informantes atacadas cubren la fuente política, quienes además, trabajan temas de corrupción y anomalías del proceso electoral.

En el estudio antes mencionado se precisa que el 73.70 por ciento de las periodistas amenazadas o violentadas en el país cubren la fuente política, el 15 por ciento sociedad, el 4.98 por ciento seguridad, el 3.79 por ciento estados y el 0.71 por ciento cultura y deportes.

Del tipo de medio donde laboran las víctimas, el 57.58 por ciento lo hace en prensa escrita, el 26.54 por ciento en un portal digital, el 9.48 por ciento en radio, el 4.74 por ciento en televisión y el 1.66 por ciento en agencias de noticias.

Las edades, el 26 por ciento tiene entre 36 y 40 años de edad, el 21 por ciento de 41 a 45 años, el 19 por ciento de 31 a 35 años, el 14 por ciento de 45 a 50 años, el 9 por ciento de 26 a 30 años y el 7 por ciento de 51 a 55 años de edad.

De todo el sexenio de Peña Nieto, el año más violento para las profesionistas de la información fue 2018 con el 23.93 por ciento de las agresiones; 2016 con el 18.01 por ciento; 2015 con el 17.54 por ciento y 2014 con el 15.64 por ciento.

Respecto al tipo de violencia destacan los actos de intimidación con el 19.56 por ciento, amenazas con el 13.39 por ciento, hostigamiento con el 11.51 por ciento, agresiones físicas con el 10.15 por ciento, bloqueo informativo con el 8.69 por ciento, campañas de desprestigio 7.22 por ciento y uso desproporcionado de la fuerza pública con el 6.28 por ciento.

Lucía Lagunes resaltó que los funcionarios, servidores públicos y legisladores, son los que más agreden a las féminas comunicadoras; incluso, se ubican por arriba de los narcotraficantes e integrantes de bandas delincuenciales.

En este sentido detalló que del total de las denuncias documentadas, los agresores fueron: funcionario municipal con el 18.48 por ciento, candidato, militante o simpatizante de partido político 16.35 por ciento, funcionario estatal 15.88 por ciento, civiles 8.53 por ciento, grupos armados civiles 6.4 por ciento y funcionario federal 4.74 por ciento.

En este último punto cabe mencionar que hace unos días, la reportera de esta casa editorial y colaboradora de la K Buena de Ciudad Serdán, Evangelina Rosales Gasca, fue amenazada por Julio César Bonilla, asistente del diputado local del partido Compromiso por Puebla, Uruviel González Vieyra, por publicar una entrevista con el legislador en la que reconocía que le interesaría la candidatura a gobernador por dicho instituto político.

El agresor intimidó a la reportera de la fuente política al mencionarle el nombre de la escuela de su hijo y posteriormente dicho sujeto, también amenazó al esposo de Eva, también reportero.

Ante ello, el gremio periodístico y diversas organizaciones civiles condenaron tal acto intimidatorio de la comunicadora que sólo realiza su trabajo.

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AMLO deja en vilo a la madre del “Chapo” sobre repatriación del capo

Un abogado de doña Consuelo buscaría entregarle una carta a AMLO para solicitarle la repatriación del capo sinaloense.

Por Redacción, 2019-02-19 11:16

México.- El pasado 16 de febrero la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán pidió a Andrés Manuel López Obrador repatriar a su hijo, antier el Ejecutivo Mexicano respondió a tal petición.

Días antes de la declaración de Consuelo Loera, Joaquín Guzmán Loera fue declarado culpable por una corte de los Estados Unidos; transcurridos unos días de aquel martes que puso fin a un largo juicio y seis días de liberación por parte del jurado

El adelanto que dio López Obrador respecto al tema, fue declarado el pasado domingo, momentos después de que regresara de su gira por Sinaloa y que visitara la tierra de Joaquín “El Chapo” Guzmán (Badiraguaro).

En una breve entrevista para Suelta La Sopa de la cadena de televisión Telemundo, el Presidente fue abordado y al ser cuestionado referente a la petición de la madre del Chapo, Andrés Manuel López Obrador respondió que pronto hablará del tema.

Cabe señalar que su respuesta, misma que fue captada en video, apunta a que Andrés Manuel López Obrador ya conoce del tema y que posiblemente esté considerando, junto con su gabinete, la opción de solicitar a Estados Unidos la repatriación del narcotraficante sinaloense.

El pasado 16 de febrero, Consuelo Loera, madre de Joaquín Guzmán comentó a Univision que quiere volver a ver al Chapo, por lo que solicitará a autoridades estadounidenses una visa humanitaria para visitarlo.

La mujer de 90 años de edad detalló que recibe recados de parte de su hijo, quien les dice que se encuentra bien, y lo único que le queda a ella es pedirle a Dios para que lo mantenga en buen estado y lo ayude a salir de prisión.

Señaló pensó abordar al presidente López Obrador en su visita al municipio de Badiraguato, donde nació “El Chapo”, pero se arrepintió.

Aun así, un abogado de doña Consuelo buscaría entregarle una carta a AMLO para solicitarle la repatriación del capo sinaloense.