Guerrero.- Magistrados, jueces y funcionarios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) beneficiaron a esposas, hijos, familiares y amigos otorgándoles plazas de jueces de control y ejecución penal, sin contar con carrera judicial ni el perfil, denunció la fracción de Morena en el Congreso local.

En la sesión de ayer, diputados de Morena propusieron un exhorto como urgente y obvia resolución al presidente del TSJ y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, Alberto López Celis para que a la brevedad remitiera al Congreso un informe pormenorizado de las plazas otorgadas a jueces de control y de ejecución penal.

Sin embargo, el PRI y sus aliados del PRD se opusieron y el punto de acuerdo no fue aprobado.

El tema fue llevado ante el pleno por los diputados Nilsan Hilario Mendoza, Saida Reyes Iruegas, Mariana García Guillén, Luis Enrique Ríos Saucedo y Norma Otilia Hernández Martínez.

En su exposición de motivos, Hilario Mendoza recordó que el 8 de enero se publicaron las convocatorias a concurso de oposición interno para designar hasta 12 jueces de control y hasta ocho jueces de ejecución penal, en total 20 espacios.

En marzo se publicaron los resultados y fueron 13 los candidatos ganadores: nueve jueces de control y cuatro jueces de ejecución penal.

Sin que explicaran por qué no se asignaron las plazas restantes: tres jueces de control y cuatro de ejecución penal.

De acuerdo con la diputada, los ganadores del concurso no acreditaron los requisitos de elegibilidad establecidos en la propia ley y no cuentan con carrera judicial de conformidad con los artículos 97 y 163 de la Constitución local.

“Es decir, el máximo órgano de Justicia en la entidad quien debe ser el primero en observar y respetar la Ley, el primero en conducirse en estricto derecho, tendiente a no generar o propiciar en los más mínimo la corrupción, deliberadamente convocó a personal que no forma parte de la carrera Judicial, en franca violación a la carrera judicial”, dijo la diputada.

“Toda vez que la mayoría de los ganadores son encargados de causas y asistentes jurídicos, y extrañamente quienes ocupan esas plazas, son precisamente quienes tienen relaciones de parentesco o sentimentales con consejeros o magistrados del tribunal, es decir, se convocó ilegalmente a plazas eminentemente jurisdiccionales, en un evidente acto de corrupción”.

De acuerdo con Morena, los nueve acreditados como  jueces de control son: Víctor Hugo Nava García, hijo del magistrado Félix Nava Solís; Yolanda Morales Silva quien se desempeña como proyectista del magistrado Nava Solís “y protegida del magistrado Paulino Jaimes Bernardino”, dijo la diputada.

Francisco Michel Espinoza Larios, hijo del consejero Francisco Espinoza Grado y su proyectista, Reyner David Ramírez, también fueron designados como jueces de control, al igual que Luis Jesús Hernández, sobrino político del secretario general de acuerdos del TSJ, Juan Sánchez Lucas.

En la lista se encuentra también, Evelyn Ramírez Venegas, “protegida” del magistrado Víctor Arellano Justo; Mario Hernández “protegido” del asesor de la presidencia del TSJ, Adrián Vega Cornejo.

Verónica Roldan quien es auxiliar de la magistrada Norma Leticia Méndez Abarca, y Erick Serrano Aguirre, proyectista del consejero magistrado Alfonso Vélez Cabrera.

Los cuatro jueces de ejecución penal son: Celia Croman Flores, esposa del juez Bartolo Currichi Meza; María Teresa Sánchez Romero, sobrina del secretario general de acuerdos del TSJ, Juan Sánchez Lucas y esposa del juez de Control Luis Enrique Hernández. 

Génesis Hernández Rodríguez, esposa del magistrado Raúl Calvo Sánchez, y Flaviano Alfaro Fierro, secretario auxiliar de la Secretaría General de Acuerdos del TSJ que preside, Juan Sánchez Lucas.

El exhorto que propusieron los diputados de Morena pedían también al presidente del TSJ, Alberto López Celis que  entregara  al Congreso un informe de los métodos de selección, criterios, lineamientos y bases para el otorgamiento de plazas a las juezas o jueces de control y juezas o jueces de ejecución. Las bancadas del PRI y PRD votaron en contra, el punto de acuerdo fue turnado a comisiones.

El tema de la corrupción y el nepotismo del TSJ no es algo nuevo, los propios diputados lo han reconocido. Organismos de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha atribuido la impunidad en Guerrero a la corrupción que se vive dentro del TSJ y quienes lo encabezan.