Por la falta de apoyo de las autoridades de los tres niveles de gobierno a la denuncia que interpuso por hostigamiento y agresión verbal, la vicepresidenta del Patronato Pro Mejoras de Caleta, Caletilla y La Roqueta, Glafira Pineda Pineda, presentó una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos (CNDH) en contra el presidente del Colegio de Abogados Penalistas en Guerrero, Alfredo Pérez Zarate.

En esa denuncia, dijo la líder en entrevista, se expone el caso de dos de los integrantes de ese patronato: María Eugenia Zambrano y el abogado Marcelino Juárez Mariche, ambos asesinados el 6 de agosto del 2015 y el 24 de febrero de este año.

Ante la CNDH, Pineda Pineda informó que fue agredida por Pérez Zarate tras el asesinato del abogado, Marcelino Juárez Mariche.

Meses atrás, al abogado penalista se le acusó en una manta de haber “mandado a matar” a Juárez Mariche, quien fue asesinado frente al hotel Acamar, a unos metros de playa Caleta.

En tanto, a Eugenia Zambrano, quien hacia los contratos y recibía el dinero por las rentas de las villas, según declaraciones de al líder del patronato, fue golpeada previo a su asesinato.

En ambos casos existen denuncias ante el Ministerio Público, que lamentó, “ignoraron” las autoridades judiciales.

“Ella estuvo publicando las amenazas de muerte en redes sociales. Etiquetó al presidente de la República, Enrique Peña Nieto y a quien hoy es el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores”, dijo.

Luego de ello, la empresaria ha hecho una serie de denuncias y hasta la fecha no han sido informados si las acusaciones han procedido.

Glafira Pineda reprochó la falta de apoyo de las autoridades de Guerrero como el fiscal Javier Olea Peláez; al alcalde Evodio Velázquez Aguirre y el gobernador Héctor Astudillo Flores.

“Nos daban ocho días para entregar las llaves de las casas, como no lo hemos hecho, tenemos muchísimos problemas, tanto que ya hay dos muertes, tememos por nuestras vidas. De todos modos aunque las entreguemos nos van a mandar a matar porque hay evidencias de que las casas no fueron vendidas”, sostuvo.

El conflicto, relató, inició cuando rentaron un villa a Jacqueline Isabel Zapata Castro, esposa del abogado, y que “no pagó”, por lo que se inició un juicio de desahucie por las villas ante autoridades judiciales con el número de averiguación previa TAB/BAH/02/0107/2016.

“Esta interesando en las casas, con la escuda de rentarlas pero el problema empezó porque se quiere quedar con las casas, hasta la fecha”.

El valor de las propiedades oscila entre los 8 millones de pesos y abarca tres villas ubicadas en avenida Costa Azul.