Ciudad de México.-La Unión Europea (UE) sancionó este lunes a Luis Parra y a otros diez diputados de la Asamblea Nacional (AN) que, bajo las órdenes de Nicolás Maduro, intentaron tomar el control del órgano legislativo venezolano el pasado mes de enero, para así arrebatarle el cargo a Juan Guaidó, quien es reconocido presidente interino del país por más de sesenta países.

Además de Parra, los otros funcionarios sancionados son: José Ornelas Ferreira, Gladys del Valle Requena, Tania Díaz González, Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, Juan José Mendoza Jover, Jorge Eliezer Márquez Monsalve, Frank Mora Salcedo y Dinora Bustamante Puera.

“Las personas agregadas a la lista son responsables en particular de actuar contra el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, incluso despojando la inmunidad parlamentaria de varios de sus miembros, entre ellos, su presidente, Juan Guaidó.

Las acciones que motivan la decisión de inclusión también incluyen iniciar enjuiciamientos por motivos políticos y crear obstáculos para una solución política y democrática a la crisis en Venezuela, así como graves violaciones a los derechos humanos y restricciones a las libertades fundamentales, como la libertad de prensa y expresión”, señala un comunicado del Consejo Europeo de la UE.

Con esta medida, ya son 36 los funcionarios chavistas bajo sanciones de la UE, que incluyen una prohibición de viajar y un congelamiento de activos. “Estas medidas se dirigen a individuos y no afectan a la población en general”, aclaró la UE.

Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la UE que, desde entonces, ha impuesto un embargo de armas, así como sanciones contra 25 funcionarios venezolanos, los últimos siete, en septiembre, por “torturas” y “violaciones de derechos humanos”.

Esas sanciones fueron prorrogadas a fines de noviembre de 2019 hasta el 14 de noviembre de 2020 ante las “acciones persistentes que socavan la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos” en Venezuela.

Entre las figuras del régimen sancionadas por Bruselas se encuentran el presidente del Supremo chavista, Maikel Moreno, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tareck William Saab, y la ahora ex presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena.

La medida del bloque europeo tiene lugar semanas después de que el Gobierno de Estados Unidos aplicara sanciones contra Parra, Conrado Pérez Lineares y Adolfo Superlano. “Todos aquellos que acepten sobornos y alimenten la corrupción deben rendir cuentas”, indicó la Embajada de Estados Unidos en el país caribeño a la hora de realizar el anuncio.

La elección de Parra ha cobrado actualidad a raíz de una reciente resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) chavista en la que lo respalda como jefe del Parlamento, algo que tanto Guaidó como sus aliados internacionales, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, han rechazado.

“Estas decisiones reducen al mínimo el espacio democrático en el país y crean obstáculos adicionales para la resolución de la profunda crisis política en Venezuela”, dijo el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, en una declaración en nombre de los Veintisiete, tras la resolución del TSJ.

La cuestión de quién ocupa la Presidencia de la Asamblea Nacional es de suma importancia en la actual coyuntura en Venezuela, puesto que Guaidó basa su legitimidad como presidente encargado del país en el cargo de titular del Palacio Legislativo. Si perdiera este último, perdería también el primero.

El pasado 5 de enero, las fuerzas chavistas impidieron el acceso a la Asamblea Nacional (AN) de decenas de diputados opositores, habilitaron la entrada rápida de los legisladores del régimen e impusieron a un aliado de Maduro en la presidencia del Congreso, para desplazar a Juan Guaidó. La oposición y el mundo denunciaron la maniobra como un nuevo golpe a la democracia.

Así, de manera sorpresiva, y sin fiscalizar la lista de presentes en el hemiciclo, Luis Parra –antiguo miembro del partido Primero Justicia (PJ) y actual aliado del régimen– juró como titular de la junta directiva y cerró la sesión rápidamente. Tras el golpe de Maduro, los diputados venezolanos sesionaron fuera del Parlamento y reeligieron a Guaidó como su presidente. Además de ratificar al presidente interino, nombraron como vicepresidentes del cuerpo a Juan Pablo Guanipa y a Carlos Eduardo Berrizbeitia.

El pasado mes de diciembre, Parra, por entonces diputado por el partido opositor Primero Justicia (PJ), junto con otros seis parlamentarios, fue señalado de haber estado involucrado en una trama de corrupción en el marco del programa de las cajas alimentarias CLAP. Además de Parra, José Gregorio Noriega, José Brito, Adolfo Superlano y Conrado Pérez (principales), Leandro Domínguez y Jesús Gabriel Peña (suplentes), fueron acusados tras un informe del portal Armando.Info.

De acuerdo con las acusaciones, los parlamentarios utilizaron su rol en la Comisión de Contraloría para favorecer a Alex Saab, el colombiano señalado por EEUU como testaferro de Nicolás Maduro, y su red empresarial detrás del programa CLAP, que distribuye comida subsidiada en Venezuela. Ese vínculo con Saab volvió a salir a la luz en las últimas semanas tras la detención del empresario colombiano en Cabo Verde.

Tras conocerse esta información, la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, denunció que los siete diputados fueron comprados por el régimen chavista para formar parte de la Operación Alacrán, cuyo objetivo era sumar voluntades para impedir la reelección de Juan Guaidó como presidente del Parlamento en la elección de este domingo.

Parra, Brito, Noriega y Pérez fueron suspendidos y expulsados de los partidos opositores Primero Justicia y Voluntad Popular, del cual formaba parte Guaidó, luego de la difusión de la investigación, que reportó que unos nueve congresistas habrían mediado a favor de dos empresarios vinculados a la dictadura.