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Unidad, en defensa de la CRAC-PC | OPINIÓN

La CRAC-PC cumplirá 24 años de su creación, un sistema de seguridad y justicia al servicio de los pueblos indígenas, pero fue asesinado el coordinador Julián Cortés Flores.

Por Redacción, 2019-04-18 09:59

Guerrero. Tlachinollan.- A seis meses de que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán (CRAC-PC) cumpla 24 años de su creación, como un sistema de seguridad y justicia puesto al servicio de los pueblos indígenas de la Costa Montaña, es asesinado el coordinador Julián Cortés Flores.

El pasado viernes 12 de abril al filo de las 3:30 de la tarde, cuando salía de la casa matriz fue agredido a balazos por personas desconocidas. Lo interceptaron antes de que cruzara la calle Vicente Guerrero, en la esquina que lleva a la Iglesia de San Isidro. Julián no acostumbraba llevar guardias para su seguridad, sobre todo cuando realizaba actividades particulares. Esto lo sabían quienes planearon privarlo de la vida, por eso lo hicieron a unos metros de las instalaciones de la CRAC.

Fue un atentado no sólo contra una autoridad nombrada en asamblea, sino contra todo el sistema de seguridad y justicia que ha luchado por el reconocimiento constitucional de sus derechos y ha contribuido a brindar seguridad y aplicar justicia en una región de alta conflictividad social.

A lo largo de los años los coordinadores de la CRAC han sido foco de agresiones, sobre todo por parte de las autoridades del estado, quienes siempre se han opuesto a que los pueblos indígenas ejerzan su derecho a la libre autodeterminación. Desde sus orígenes se giraron órdenes de aprehensión contra los comisarios municipales, que en las asambleas regionales asumían el cargo de coordinadores. Varios de ellos han sido encarcelados, acusados de secuestro, privación ilegal de la libertad, portación de armas de uso exclusivo del Ejército, entre otros delitos.

Hace 20 años fueron citados por el secretario de Gobierno y todo el aparato de seguridad del estado para darles un ultimátum a los coordinadores. Expresamente les manifestaron que no permitirían que la Policía Comunitaria se constituyera como un sistema normativo regido por sus usos costumbres. Tanto el Ejército como la PGR, la entonces Procuraduría de Justicia del Estado y el mismo Tribunal Superior de Justicia cerraron filas para impedir que los pueblos indígenas contaran con sus policías comunitarios.

Las autoridades de los pueblos respondieron que su interlocución no podía ser con los encargados de la seguridad, sino con el ejecutivo estatal por ser la autoridad política de la entidad. Como coordinadores también asumían una responsabilidad política y no de policías, por eso emplazaban a un diálogo de alto nivel. Por otra parte manifestaron que la autoridad máxima del pueblo era la asamblea regional, y que en ese espacio determinarían qué hacer ante este ultimátum dado por los representantes del aparato de seguridad del estado.

La respuesta fue contundente, los pueblos de la Costa Montaña realizaron una marcha multitudinaria en la cabecera municipal de San Luis Acatlán, donde mas de 4 mil personas salieron a las calles a defender su sistema de seguridad y justicia comunitario. Demostraron su determinación de no claudicar en este proceso de conformación de un movimiento basado en los derechos colectivos reconocidos internacionalmente.

Desde 1998 hasta la fecha existe una disputa entre los pueblos indígenas que han consolidado su sistema de seguridad y justicia, con la conformación de cuatro sedes, con el ejecutivo estatal en turno, quien en todo momento ha intentado desconocer y colocar fuera de la legalidad un movimiento de base comunitaria que ha demostrado ser exitoso en la protección de los derechos de la población indígena.

La misma Fiscalía se ha encargado de criminalizar el trabajo de los coordinadores y los policías comunitarios. Se han realizado detenciones por consigna, al grado que la misma población se ha visto orillada a movilizarse para exigir la libertad de los detenidos. Se han dado momentos muy tensos, cuando sucedió la detención del sacerdote Mario Campos y de un coordinador de la CRAC. La reacción fue contundente, la asamblea después de analizar que estas detenciones eran arbitrarias con el fin de atemorizar a la población, determinó traer a los policías ministeriales y al mismo juez ante las instalaciones de la CRAC en san Luis Acatlán para que explicaran el motivo de las detenciones de sus autoridades. El diálogo que se tornó ríspido en ciertos momentos logró que se llegara a un acuerdo de que se liberaría a los detenidos y se respetaría el trabajo de la CRAC.

Estas luchas dieron pie para que en el 2011 se reconociera en la constitución local el sistema de seguridad y justicia de la CRAC-PC y se contara con la Ley 701, que expresamente le daba un estatus jurídico homologado a los sistemas de seguridad y justicia del estado. Fue una conquista histórica donde el poder Legislativo atendió las demandas de los pueblos y lo supo plasmar en estas normas.

El triunfo jurídico y el éxito alcanzado en la región por parte de la Policía Comunitaria ha sido ignorado y vilipendiado por la clase política del estado, sobre todo, por los grupos de poder que han visto amenazados sus intereses. Los caciques locales siempre se han opuesto a que la CRAC desempeñe sus funciones de prevención del delito, de procuración y administración de justicia y de reeducación. Se han aliado con los partidos políticos, diputados y presidentes para hacer un bloque contra este movimiento emancipador de los pueblos. Por ello la legislatura pasada hizo causa común con el ejecutivo estatal al final de su mandato, para imponer una contrareforma al artículo 14 constitucional y a la Ley 701 para borrar de las leyes del estado al sistema de seguridad y justicia comunitaria, desconociendo a la CRAC y a la Policía Comunitaria.

Esta embestida desde las esferas del poder del estado no sólo es para colocar fuera de la legalidad el trabajo de la Policía Comunitaria, sino para alentar su persecución y promover su desarme y desmovilización. Es un mensaje claro contra los pueblos que se organizan para hacer efectivos sus derechos y para ejercer su libre autodeterminación. Se percibe que para las autoridades estatales, estas formas de lucha son una real amenaza al status quo. A un modo de gobierno que no tolera el pluralismo jurídico porque atenta contra los intereses económicos enquistados en los aparatos de seguridad y justicia del estado.

En un contexto de alta conflictividad social donde los grupos del crimen organizado expanden su fuerza y toman el control de varios enclaves donde permean negocios ilícitos, las autoridades del estado se muestran débiles y hasta condescendientes con sus actos delincuenciales. No vemos que exista una estrategia orientada a contener esta fuerza destructora, por el contrario, se deja que hagan el trabajo sucio donde se gestan procesos comunitarios que buscan recuperar el orden y garantizar la seguridad de los pobladores.

No sólo se toleran la presencia de grupos que aterran a la población, sino que se confabulan con personajes de la política y establecen acuerdos con miembros de las corporaciones policiacas. Con este contubernio han llegado al extremo de autodenominarse policías comunitarios, para escudarse en una figura legal y legítima de los pueblos que defienden sus derechos. Se ha permitido que proliferen estos grupos para generar confusión y dar pie para el descrédito y la descalificación del trabajo responsable y comprometido de la CRAC.

La infiltración del crimen organizado en los aparatos del sistema de seguridad del estado también quiere reproducirse dentro del sistema de seguridad comunitaria. Se ha buscado de diferentes maneras doblegarlo y debilitarlo. Se han dado varios intentos de generar divisiones, de fracturar a la CRAC y de debilitar los órganos que toman decisiones. Se ha aprovechado el desgaste que se ha dado por los trabajos tan extenuantes y por la falta de una estrategia que hagan sostenible el sistema comunitario, para cooptar a sus dirigentes y generar desconfianza y desánimo al interior de la CRAC.

Han sido momentos difíciles, porque no sólo hay que lidiar con esta estrategia gubernamental de fracturar y debilitar a la CRAC y de imponerle otro rumbo y otra agenda, sino porque tienen que hacer frente a los grupos del crimen organizado que no están dispuestos a ceder sus espacios, donde han logrado establecer negocios ilícitos. Han pasado todas las pruebas, de la persecución, los encarcelamientos, las amenazas y las campañas de descrédito, sin embargo, el asesinato del coordinador Julián Cortés es ya un golpe artero a todo el sistema, es una acción criminal que quiere destruir la vida de las autoridades, como la forma más cruenta de emprender una guerra contra la CRAC.

Esta tragedia obliga a los pueblos a tomar en sus manos el sistema de justicia comunitario que nació en las entrañas de las asambleas, para defender la vida de la gente pobre. No podemos permitir que esta acción delincuencial vulnere el patrimonio de las comunidades que está enraizado en sus derechos reconocidos internacionalmente. Es urgente atender el llamado a la unidad que están haciendo los coordinadores de la CRAC, y reivindicar el trabajo y la lucha del compañero Julián, que en medio de su pobreza mantuvo en alto el nombre de su pueblo, de no permitir que otros intereses ilícitos se pongan por encima de un sistema que ha honrado a compañeros que han caído por defender a la CRAC-PC.

Centro de Derechos humanos de la Montaña Tlachinollan

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Añorve ordena a PRI Guerrero aliarse con todos para derrocar a Morena

El senador por dedazo expresó que en la Cámara Alta ya formaron un frente para bloquear al partido de AMLO.

Por Luis Jijón León, 2019-08-24 14:28

Guerrero.- En el proceso electoral del 2021 a la gubernatura de Guerrero el PRI debe buscar alianza con todos los partidos posibles, dijo el senador Manuel Añorve Baños ante una posible coalición con el PRD.

El priista recordó que en el senado ya existe un frente opositor a Morena conformado por el PRI, PRD, PAN, MC y Partido Verde.

Este sábado Añorve Baños y la secretaria del PRI en Guerrero, Gabriela Bernal Reséndiz encabezaron la inauguración de la escuela de cuadros en la sala del museo La Avispa en Chilpancingo, donde se quejaron de la falta de crecimiento económico del país a casi un año del gobierno de López Obrador.

“El PRI tiene que buscar alianza con todos los partidos posibles con quienes se pueda aliar. Nosotros ya hicimos un bloque opositor en la Cámara de Senadores PAN, PRI, Verde, PRD, MC, yo creo que es el momento de poder incursionar de un bloque opositor parlamentario a un bloqueo opositor electoral”, comentó.

El PRI debe cuidar al Partido Verde con el que han mantenido una alianza y después tender puentes con todos los demás partidos políticos, precisó.

El senador dijo que coincidía con el exgobernador Ángel Aguirre Rivero (quien propuso la alianza PRI-PRD) de platicar con todos los partidos rumbo al proceso electoral del 2021 y confió en que el PRI mantendrá la gubernatura ante los incumplimientos del gobierno federal.

En relación con la encuesta realizada por Massive Caller que coloca a Morena como el partido con mayor preferencia entre la población para gobernar el estado de Guerrero, pronosticando una alternancia política en el proceso electoral del 2021, Manuel Añorve la minimizó y dijo que era “la fotografía del día”.

Añorve Baños sostuvo que resultado de las “erróneas” políticas públicas del gobierno federal la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador ha caído del 84% a 61 lo cual también se verá reflejado en el proceso electoral del 2021.

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Guerrero, el estado con más autodefensas; hay 50 grupos en México

Sólo 10 de estas organizaciones, que operan en Morelos (seis), Michoacán (tres) y Tabasco (uno), se han institucionalizado.

Por Redacción, 2019-08-24 09:10

México.- En México hay al menos 50 grupos de autodefensas o policías comunitarios visibles que operan en municipios de Guerrero, Michoacán, Veracruz, Morelos, Tamaulipas y Tabasco. Se formaron en los últimos seis años, presuntamente para hacer frente a la delincuencia, y no todas se identifican con un nombre.

Del total, sólo 10, que operan en Morelos (seis), Michoacán (tres) y Tabasco (uno) se han institucionalizado.

La primera guardia comunitaria surgió el 24 de febrero de 2013 en La Ruana, municipio de Michoacán, donde los civiles armados, liderados por Hipólito Mora, un ganadero y agricultor de la zona, se organizaron para defender su territorio del Cártel de Los Caballeros Templarios.

Con el tiempo llegaron a ser 32 grupos armados; sin embargo, de éstos ya sólo quedan tres en los municipios de Coahuayana, Chinicuila y en la comunidad indígena de Ostula. Los demás se convirtieron en policías municipales, se diluyeron o se fueron a las filas del crimen organizado.

A la fecha, es Guerrero el estado con más civiles armados: 23 grupos de autodefensas que operan en 70% del territorio, de acuerdo a un informe de la Coordinación Estatal para la Reconstrucción y la Paz.

Muchos de estos grupos mantienen confrontaciones entre ellos por el control de los territorios; otros están señalados por las autoridades de estar infiltrados por organizaciones criminales o de ser fachadas de criminales.

En Guerrero, el surgimiento de grupos de autodefensas se desató la madrugada del 5 de enero de 2014 en Ayutla y Tecuanapa, municipios de la Costa Chica, cuando cientos de pobladores esbozados, con armas de bajo calibre y machetes en mano montaron guardias sobre la carretera federal para, según dijeron, detener a los criminales más buscados de la región.

Al grupo lo llamaron Policía Ciudadana de la Unión de los Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Actualmente operan en 25 municipios, y de esta organización han salido otros grupos como el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), con el que mantienen una confrontación por el corredor que comienza en Chilpancingo, pasa por Tierra Colorada y termina en Acapulco.

En un mapa de riesgo que elaboró el gobierno de Guerrero considera a 20 municipios como de alto riesgo por los índices de violencia; en la mayoría de ellos detecta presencia de grupos de autodefensas, entre éstos, Acapulco, Chilapa, Zihuatanejo y Chilpancingo.

En Guerrero, el único grupo de civiles armados reconocido por las autoridades y que no entra en el grupo de 23 antes señalados, es la Policía Comunitaria de la CRAC que se fundó hace casi 24 años en el municipio de San Luis Acatlán, en la Costa Chica.

Hay dos cosas que hacen diferentes a la policía comunitaria y a los grupos de autodefensas: la  primera, son legales, están reconocidos en la ley local 701, donde se otorga a los pueblos originarios el derecho de establecer sus propio sistema de seguridad y justicia. Y la segunda, la forma en que operan: la policía comunitaria elige a sus miembros en asambleas públicas, 11 agentes y el comandante por pueblo y no pueden salir de su comunidad.

Además el sistema de la policía comunitaria no sólo da seguridad, sino también ejerce justicia.

Cansados de las extorsiones, secuestros y asesinatos, las guardias comunitarias se extendieron en Guerrero, entidad que cuenta con más civiles armados.

En Morelos hay al menos seis policías comunitarias, que operan en el norte del estado, pero a diferencia del sexenio pasado (2012-2018), ahora acordaron trabajar en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad, la Fiscalía General del Estado y la 24 Zona Militar.

Por ejemplo, en Nepopualco, poblado de Totolapan, los comuneros que durante varios meses de 2018 instalaron retenes de vigilancia en puntos estratégicos acordaron con mandos castrenses trabajar en coordinación, pero para ello serán capacitados y posiblemente puedan portar armas.

Otros grupos comunitarios con presencia en los municipios de Zacualpan de Amilpas, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Totolapan, Tlayacapan y Atlatlahucan también se reunieron con autoridades estatales y se comprometieron a trabajar en coordinación.

En Tabasco, el 18 de abril de 2018, luego del secuestro y asesinato de dos niños en el Plan Chontalpa, habitantes del poblado C-31 del municipio de Huimanguillo crearon un grupo de vigilancia y montaron retenes; sin embargo, los retiraron luego de un diálogo con el entonces secretario de Seguridad Pública, Jorge Alberto Aguirre, quien prometió mayor vigilancia.

En siete municipios de Veracruz existen grupos de autodefensas, pero el gobierno no quiere reconocerlo, aseguró el líder del Frente Nacional de Autodefensas, José Manuel Mireles Valverde.

En su visita al estado, recordó que desde 2014 Veracruz ya tenía dos autodefensas. “Cuando fundé el Frente Nacional de Autodefensas con 20 estados, Veracruz tenía uno grupo rural y uno urbano. El gobernador dijo que no hay delincuencia en Veracruz y que por eso no existían las autodefensas y al tercer día le dejaron 49 cadáveres en una glorieta, al quinto día le dejaron 12 cadáveres abajo de un puente”.

Tamaulipas también tiene civiles armados que se agruparon el 17 de junio de 2016 con el nombre de Columna Cívica Pedro José Méndez. Tiene su sede en el municipio de Hidalgo y presencia en otras tres alcaldías.

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Diputados de Morena buscan destrabar la máquina; se reúnen con Salgado

Un grupo de diputados de morena se reunió en un hotel al sur de Chilpancingo, al lugar llegó el senador Félix Salgado.

Por Luis Jijón León, 2019-08-23 19:34

México.- Diputados locales del grupo que encabeza Arturo Martínez Núñez se reunieron con el senador Félix Salgado Macedonio.

Este viernes el grupo de Arturo Martínez y del delegado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros encabezado por el coordinador de bancada, Antonio Helguera Jiménez se reunieron por separado.

Luego de que ayer no lograran acuerdos sobre la permanencia en la fracción del diputado Servando Jesús Salgado Guzmán a quien buscan desconocer de la bancada.

El grupo de Arturo Martínez se reunió en un hotel al sur de la ciudad, al lugar llegó el senador Félix Salgado.

“Nos reunimos con el Senador Félix Salgado Macedonio, amigo de toda la vida, con quien tenemos muchas coincidencias y mucho más por aportar para Guerrero”, escribió el diputado Arturo Martínez.

Además de Arturo Martínez, en la reunión con Félix Salgado participó la diputada Erika Valencia Cardona, Celeste Mora Eguiluz, Carlos Cruz López, Alfredo Sánchez Esquivel, Adalid Pérez Galeana, Marco Antonio Cabada Arias, Ossiel Pacheco Salas y Cervando de Jesús Salgado Guzmán.

La reunión de ayer no se realizó luego que los diputados no llegaran a un acuerdo sobre la permanencia del diputado Salgado Guzmán a quien el grupo de Sandoval Ballestero pretende desconocer ante las críticas y cuestionamientos que hizo de la entrega del fertilizante, además de la postura en contra de la bancada durante el paro de labores de trabajadores del Congreso que llevo a sesionar en sedes alternar.

Sin embargo, el grupo de Arturo Martínez defiende la permanencia de Salgado Guzmán en la bancada.