Guerrero.- Las vacaciones decembrinas dejaron una derrama económica de mil 762 millones de pesos en Guerrero, informó el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) del gobierno del estado, Ernesto Rodríguez Escalona.
Durante la actualización de datos Covid-19 de este miércoles, el funcionario estatal presentó los resultados finales de cómo se comportó Guerrero en materia turística durante el periodo vacacional que inició el 21 de diciembre y concluyó ayer 6 de enero.
Precisó que Acapulco tuvo una afluencia turística de 229 mil 785, una ocupación hotelera en promedio del 36.9 por ciento y una derrama económica de 942 millones de pesos.
A Ixtapa Zihuatanejo, dijo, lo visitaron 196 mil 220 personas que representaron una ocupación hotelera en promedio del 43.3 por ciento y dejaron una derrama económica de 618 millones de pesos.
Taxco, ubicado en la zona Norte del estado, recibió a 15 mil 979 gentes obteniendo como resultado una ocupación hotelera promedio del 25.2 por ciento y una derrama económica de 35 millones de pesos.
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Otros municipios con vocación turística, ubicados tanto en la Costa Chica y Costa Grande, como en la zona Norte y Centro, también tuvieron una afluencia turística de 46 mil 200 y una derrama económica de 30 millones de pesos.
Al igual que los anteriores, los condominios y tiempos compartidos también tuvieron miles de visitantes con un registro de 91 mil 795. Esto logró que se obtuviera una ganancia de 137 millones de pesos.
A nivel estatal, la afluencia turística fue de 579 mil 979 visitantes a diferencia del más del millón que se registró durante la temporada vacacional decembrina de 2019-2020.
La ocupación hotelera promedio cerró con el 38.2 por ciento, mientras que la derrama económica total fue de mil 762 millones de pesos, resaltó Rodríguez Escalona.
De acuerdo con el funcionario, las anteriores cifras indican que la pandemia sí “pegó” al turismo en Guerrero, pero que siempre se privilegió la salud.
Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo Flores reiteró que el semáforo naranja del Covid-19 obliga a no trabajar con normalidad en el Recinto Oficial del Poder Ejecutivo (antes Palacio de Gobierno estatal) y a no reanudar clases de manera presencial en la entidad sureña.
