México.-“Mi hija no es un animal para venderla”, dice Virginio, padre de Catalina, de 22 años. El suyo fue el primer caso en la localidad de Juquila, Guerrero, en que los padres decidieron no vender a su hija, para que se casara.

En comunidades del municipio de Metlatónoc, entre ellas Juquila, se ha permitido durante años la venta y compra de niñas, con un precio que va desde los 40 mil pesos, cuando algún hombre quiere casarse con ellas.

El precio puede variar hasta los 180 mil pesos, dependiendo de la edad, las habilidades para las labores del hogar que tengan y su belleza. Entre más jóvenes, son más caras, aunque quien decide cuánto cobrar por ellas es su propia familia.

Las autoridades de Guerrero han documentado la existencia de la venta de mujeres y niñas en los municipios de Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Xochistlahuaca, Igualapa, Tlacoachistlahuaca y Malinaltepec.

Sin embargo, en algunas comunidades esta tradición comienza a cambiar. Con ello, algunas de sus habitantes han tenido la oportunidad de decidir su destino.

La primera mujer en casarse por voluntad

Catalina es la única hija de Virginio y Maurilia, un matrimonio que tiene otros seis hijos hombres. Todos ellos, al igual que su padre, tuvieron que pagar por sus esposas. Algunos de ellos incluso siguen endeudados, porque pidieron prestado para saldar la deuda con la familia de la novia.

Fue hasta noviembre pasado que la familia decidió dar un vuelco. Decidieron que su hija, la única de la familia que llegó a estudiar una licenciatura, pudiera elegir con quién casarse.

Ahora, ella vive en Chilpancingo, capital de Guerrero, donde estudia la licenciatura en Derecho. Está a dos años de terminar la carrera, y sus padres están felices de ver que su esposo, a quien no pidieron un solo peso por casarse con ella, decidió apoyarla para continuar estudiando.

Sus hermanos no corrieron con la misma suerte: Villano, uno de los hijos del matrimonio, cuenta que él y sus cinco hermanos tuvieron que pagar por sus esposas, quienes hasta la fecha trabajan con ellos, para saldar la deuda con sus padres, que cobraron por ellas entre 100 y 150 mil pesos.

Conscientes de que es necesario un cambio, se comprometieron a no vender a ninguna de sus hijas. “Esto es una herencia que nos deja nuestro padre, seguiremos su ejemplo”.

Juquila, ubicada en la cima de La Montaña, es una de las cuatro comunidades de Metlatónoc en las que se prohibió la venta de niñas y mujeres desde noviembre de 2019, y se impuso un castigo contra quien la practique.

Desde 2016, Juquila, junto con las comunidades Yuvinani y Valle de Durazno, habían acordado prohibir la venta de mujeres, pero la práctica continuó, con el único cambio de que las familias aceptaron cobrar menos por sus hijas -entre 30 y 50 mil pesos-, porque los hombres manifestaron su preocupación ante la falta de recursos para poder unirse con ellas.

En dicha ocasión, salvo el rechazo de la comunidad, manifestado en un documento firmado por las autoridades responsables en el momento, no se establecieron sanciones contra quien siguiera vendiendo a sus hijas.

Tres años después, las autoridades de una cuarta comunidad de Metlatónoc, San Juan Puerto Montaña, firmaron un nuevo acuerdo, en el que se establece la prohibición de los matrimonios forzados y la venta de niñas, y se establecieron sanciones contra quienes lo hagan, por los próximos 200 años.

Si bien aún no se termina con este costumbre en toda la región de La Montaña de Guerrero, el inicio de su erradicación ha sido producto del trabajo de mujeres de las comunidades, organizaciones sociales y autoridades del estado, que han acercado el tema de los derechos con talleres sobre violencia y sexualidad.

De acuerdo con la organización Yo Quiero Yo Puedo, al brindar asesoría y lograr acuerdos con comunidades desde 2015 se ha logrado que al menos 144 niñas no hayan sido vendidas o casadas por la fuerza.

Este grupo trabaja en 66 comunidades de Metlatónoc: desde 2015 acuden a dar pláticas y talleres sobre derechos de las mujeres, como parte de las actividades promovidas por el programa Prospera, que el sexenio pasado otorgaba recursos a personas en situación de pobreza, a cambio de que acudieran a estos eventos, entre otras condiciones.

De acuerdo con Patricia Careaga, de Yo Quiero Yo Puedo, al inicio las personas no estaban convencidas de acudir a los talleres, además de que no reconocían como una práctica que vulnera los derechos de las mujeres el venderlas o casarlas a la fuerza.

Sin embargo, dada la obligatoriedad de acudir a ellos para que les dieran los recursos de Prospera, los vecinos comenzaron a asistir.

Desde entonces, continúan acudiendo a dar pláticas en escuelas de Metlatónoc -aunque ahora de manera independiente, pues el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dio por terminado el programa Prospera y el apoyo a organizaciones sociales-, a donde son invitados por profesores que buscan que los jóvenes del municipio reflexionen sobre la necesidad de terminar con la venta de mujeres.

Aunque no ha sido sencillo. Un profesor de secundaria en Metlatónoc, que por seguridad decidió hablar desde el anonimato, cuenta que hay personas en las comunidades que no están de acuerdo con erradicar esta tradición.

Cada año, cuenta, al menos 20 jóvenes de las comunidades de Metlatónoc dejan de acudir a la secundaria, debido a que sus padres las venden.

La doctora Natalia De Marinis, antropóloga especialista en violencia contra mujeres indígenas, dice que dar en matrimonio forzado a niñas es una práctica muy común en contextos rurales y de extrema pobreza en México.

En el caso de Metlatónoc, el 94% de la población se encuentra en situación de pobreza, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

“Claramente hay una situación de pobreza que puede llevar a ese tipo de prácticas”, aunque señala, en muchas comunidades indígenas el matrimonio es un rito de suma importancia.

“En lugares donde los matrimonios son deseados, las mujeres llegan a plantear que las llena de orgullo la idea de que los hombres hagan mucho esfuerzo para poder casarse con ellas, y organizan todo el ritual que implica alianzas entre comunidades y familias”, explica la académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

Autoridades municipales y estatales en Guerrero reconocen la existencia de la venta de mujeres y niñas, sin embargo, dicen que no pueden intervenir en los casos para evitarlo, debido a que son actos que no se denuncian.