En febrero del 2014 un grupo de hombres armados irrumpió en la comunidad de Santa María Sur, municipio de San Miguel Totolapan, Tierra Caliente de Guerrero. En aquella ocasión solamente dispararon al aire, recuerdan algunos de los pobladores que huyendo de esa violencia hoy viven en Chilpancingo por cuenta propia.

Santa María Sur, forma parte de un área geográfica natural importante para la siembra de amapola y, además, sus territorios colindan con una red de al menos tres minas de oro que se encuentran activas en la región de Tierra Caliente.

“Militares vestidos de civiles han llegado a quemar casas y a decirnos que nos tenemos que ir del pueblo o va a haber matanzas”, denunciaron mediante radios populares en Chilpancingo, los vecinos de aquella localidad ante el temor de que la amenaza fuera cumplida.

Entre marzo y abril pasados, el comisario de la localidad, Eduardo Acevedo Jaimes, solicitó la ayuda de las autoridades estatales y fuerzas de seguridad pública para que resguardaran el pueblo y evitaran que se dieran nuevos hechos de violencia. La ayuda nunca llegó.

“La única respuesta fue que el grupo de armados incendió una vivienda de la comunidad y fue entonces cuando la gente comienza a irse, mejor, por nuestras vidas”, recuerda el último comisario que tuvo la localidad.

La respuesta al desplazamiento de pueblos no es sólo por la siembra y trasiego de drogas, va mucho más allá: la minería.

Debido a su cercanía con el cinturón de oro en Guerrero, así como con la mina Media Luna de Cocula, la cual será una de las más grandes del mundo en producción de oro y explotada por la empresa canadiense del mismo nombre, subsidiaria de Torex Gold Resources, el municipio de San Miguel Totolapan, Arcelia y comunidades cercanas forman una red de propiedades con condiciones para ser exploradas y explotadas para sustraer metales preciosos.

Toneladas de oro por año
En Guerrero se encuentra la mina de oro, hasta ahora, más grande en América Latina, se trata del complejo Los Filos-El Bermejal, ubicada en el municipio de Eduardo Neri (Zumpango) entre las comunidades de Mezcala y Carrizalillo, que en 2014 produjo 7.3 toneladas de oro.

Los pobladores de Carrizalillo emprendieron una de las luchas más emblemáticas desde el 2012 en contra de la empresa. Luego de conocer el valor real de los predios que rentaron, los vecinos exigieron revisar los contratos con los cuales daban autorización a la empresa para realizar la explotación.

Tras bloqueos y una larga jornada de lucha, lograron un aumento que nuevamente desconocieron en 2014 y GoldCorp tuvo que ceder y otorgar parte del oro producido a los ejidatarios de Carrizalillo.

No lidiar con conflictos como el de Carrizalillo, parece ser la labor fundamental del Estado para evitar que las trasnacionales que invierten en Guerrero se vayan y continúen generando ganancias a cambio de permisos multimillonarios.

Proyectos en espera
Ahora hay al menos 36 proyectos mineros de importancia en Guerrero, según la Secretaría de Economía, la mayoría de ellos en etapa de exploración y tan solo en la Tierra Caliente, se localizan, entre otros, los proyectos: El Dragón, Campo Morado, Petlacala y Rey de Plata.

No sólo es Santa María Sur. Los pueblos afectados por el desplazamiento a raíz de la amenaza de grupos armados en la misma zona geográfica había ocurrido antes cuando habitantes de las comunidades El Barroso y Pericotepec, pasaron por la misma situación.

“En esos lugares no hay tanta injerencia de la amapola; cuál es la excusa de que la violencia sea la misma… es evidente, no quieren pagar los terrenos o los quieren a bajo costos en donde hasta por tres pesos están vendiendo el metro cuadrado”, aseguró uno de los desplazados quien pidió anonimato y que actualmente radica en San Miguel Totolapan.

El nexo Minas-Estado, se centra en el tema económico que tiene que dejar satisfecho tanto a las trasnacionales, al gobierno y a los grupos delictivos que a cambio de “protección” y no agresiones a la empresa y trabajadores se ven beneficiados con el saqueo de recursos y desplazamiento de pueblos.

Un documento emitido en marzo, resultado de un estudio de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada, arroja que México es el décimo tercer productor de oro más importante del mundo y la actividad minera es controlada por los grupos delictivos.

También, indica que en Chihuahua, Michoacán Tamaulipas, Morelos y Guerrero este tipo de permisos son dados por el crimen organizado para que las empresas mineras puedan trabajar.

“Si estos pagos no se realizan, los directores de las empresas, los miembros de sus familias, y los propios mineros son amenazados”, plantea el documento.

Estrategia de terrorismo
El 28 de abril pasado, en una movilización en Chilpancingo, el dirigente del Consejo de los Pueblos de la Sierra, Servando de Jesús Salgado denunció la relación de las minas con el que a cambio de dar facilidades para la obtención de predios, usan a grupos delictivos.

“No es un secreto de nadie, pero nosotros queremos decirlo. ¿Por qué no se fijan en eso? ¿Por qué el Estado no apunta a ese tema?”, cuestionó el dirigente. Ese mismo día, fue “desaparecido”, según familiares y hasta la fecha nada se sabe de él.