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Ya podrás tramitar tu cédula profesional de forma digital

El titular de la SEP informó que desde que surgió el registro de profesiones se han expedido 10.5 millones de cédulas, y cada año se reciben de universidades y centros educativos unos 200 mil títulos.

Por Redacción, 2018-04-02 13:39

México.-Otto Granados Roldán, secretario de Educación Pública (SEP), , informó que en abril próximo entrará en funcionamiento la primera etapa del proceso de digitalización para la expedición de la cédula profesional.

“Este es un tema que vamos a dejar muy encaminados, ya, en esta administración, y vamos a proceder en dos etapas, la primera es que en el mes de abril, en la segunda quincena, estaremos emitiendo las primeras cédulas (profesionales expedidas vía) electrónica”, precisó.

Entrevistado en el marco de su participación de la reunión del Comparative And International Education Society (CIES) 2018, detalló que se empezará con instituciones de educación superior como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico Nacional de México.

Añadió que la segunda etapa será dentro de seis meses, sobre todo para el resto de las instituciones y de los estados del país, con el fin de que se produzca una adaptación en los departamentos de control escolar de cada universidad.

Granados Roldán reveló que firmó el oficio que dirigió a los gobiernos estatales, en el que se les pide que procedan a la armonización con un plazo de seis meses.

Añadió que el procedimiento es que la SEP recibirá vía electrónica la solicitud de aquellos que se quieren titular y entonces se procesará todo y la cédula será expedida digitalmente.

“Va a ser un cambio radical, ayer vi ya las primeras pruebas y el proceso va bastante bien”, resaltó al dejar en claro que quienes ya tienen su cédula profesional no tendrá que cambiarla pues tiene el mismo carácter de documento oficial.

El titular de la SEP informó que desde que surgió el registro de profesiones se han expedido 10.5 millones de cédulas, y cada año se reciben de universidades y centros educativos unos 200 mil títulos.

Al hablar del tema de seguridad en el país, expuso que como la educación en provincia es operada por las propias entidades, la SEP ha recomendado que las autoridades policiacas de cada una de ellas tomen las medidas pertinentes para que no se afecte la vida dentro de las escuelas.

“Nosotros hemos recomendado que cuando no haya condiciones que garanticen la plena seguridad para los maestros y los chicos, pues evidentemente es recomendable suspender actividades los días en que puedan ocurrir incidencias, pero es una decisión que le corresponde a los gobiernos estatales”, añadió.

Consultado sobre el caso de los estudiantes desaparecidos en el estado de Jalisco, Otto Granados se dijo a favor “de que se haga la indagatoria correspondiente”, y exhortó a quienes hacen dichas investigaciones que trabajen de manera incansable.

Lo anterior, a fin de que los familiares de esos jóvenes puedan tener plena certidumbre de que se hacen los peritajes e investigaciones científicas que corresponde a esos casos, finalizó.

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Maquilas, cárteles y frontera tienen a Ciudad Juárez hundida en drogas

El 11,7 % de los ciudadanos de Chihuahua consume drogas ilegales, colocándose entre los primeros estados de México.

Por Redacción, 2018-08-19 12:32

México.- Los cárteles, su posición estratégica para el trasiego de drogas a Estados Unidos y la industria de la maquila y sus dinámicas incentivan el consumo de drogas en Ciudad Juárez, situada en la frontera norte de México.

“Somos una frontera grande, que se utiliza principalmente para el narcotráfico. Y al existir esa compraventa de drogas ilícitas hace que se formen ciertas asociaciones delictivas. Y eso hace aumentar la demanda y el número de usuarios”, explicó hoy a Efe el director de la Unidad de Hospitalización de Centros de Integración Juvenil (CIJ) Ciudad Juárez, Adrián Ríos.

Esta ciudad del norteño estado de Chihuahua arrastra un largo historial de consumo. A partir de 1930, detonó el uso de opio con la comunidad asiática.

Y desde 1993, tras la llamada Operación Bloqueo que reforzó los controles migratorios y de contrabando de Estados Unidos, creció el consumo al haber más narcóticos del lado mexicano.

“Ahora estamos muy preocupados porque casi en toda la ciudad hay consumo de drogas inyectadas, antes se reducía al centro”, indicó a Efe María Elena Ramos, directora del Programa Compañeros, una ONG con 32 años trabajando en prevención del VIH y la adicción a las drogas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas Alcohol y Tabaco 2016-2017, el 11,7 % de los ciudadanos de Chihuahua consume drogas ilegales, colocándose entre los primeros estados de México y lejos de la media nacional del 9,9 %.

Aunque no hay datos específicos de Ciudad Juárez, en este municipio parece que la problemática es visible.

El Programa Compañeros, por ejemplo, trabaja con unos 2.000 usuarios de drogas inyectables al año. Mientras que el CIJ, entre otros servicios, atiende a diario 400 usuarios de metadona.

Dos grupos delictivos rivales, Los Aztecas y La Línea, pelean el tráfico a pequeña escala y trabajan con tres poderosos cárteles que buscan controlar el narcotráfico; el de Juárez, el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación.

Ambos detonan la existencia de estupefacientes en esta ciudad de 1,5 millones de habitantes y se ceban con los más jóvenes.

“En un primer momento les regalan cristal (metanfetamina) en paquetitos y los tratan de incorporar a la venta de la droga. Es por ello que es común que jóvenes sean víctimas de la delincuencia organizada”, agregó Ríos.

El pasado 2 de agosto, asesinaron en una casa a 11 personas de entre 18 y 30 años, en una aparente venganza entre pandillas.

Óscar Eduardo tiene 17 años y una vida que recuerda a la de muchos adolescentes en esta ciudad. Su padre cruzó a Estados Unidos para arreglar la ciudadanía y su madre trabaja a todas horas.

Ante este vacío familiar, comenzó a consumir marihuana, cristal y dextrometorfano o DMX, un jarabe para la tos muy popular entre adolescentes.

Cayó en una espiral de consumo, dejó la escuela y empezó a ayudar a un pequeño traficante o “pusher”.

Detrás de todo “hay cárteles y pandillas”, reconoció este joven que, si bien hoy sueña con estudiar Arquitectura, admite que él fue parte de esta cadena y su vida corría peligro.

Se internó en un centro el pasado año pero recayó, y ahora se encuentra en el CIJ, uno de los espacios más reputados en ayuda a drogodependientes.

Guadalupe y Katia tienen recorridos vitales distintos pero un común denominador: las maquilas.

Esta industria, dedicada a la fabricación y exportación de productos a Estados Unidos, es de enorme importancia en la región. De acuerdo con el informe “Radiografía del Empleo en Juárez”, en 2016 había 324 empresas y más de 250.000 trabajadores.

Guadalupe tiene 20 años y era encintador en una maquila, un trabajo que requiere gran velocidad. Dejó el empleo tras meses consumiendo cristal y otros estupefacientes, que compraba en la misma cadena de montaje.

“En cada línea hay un compañero que vende píldoras, otro marihuana, otro cocaína, otro cristal. Y todos en la maquila se conocen bien aunque sean de diferentes cárteles”, aseguró este padre de un bebé, que gastaba en drogas los 1.100 pesos semanales que ganaba (unos 60 dólares).

Katia tiene 38 años y empezó de muy joven en la maquila. Primero como secretaria, luego como directiva y posteriormente como entrenadora en liderazgo.

El estrés y una depresión desde joven la llevó a consumir pastillas para dormir y cocaína. Un día no podía conciliar el sueño, diluyó las pastillas y se inyectó ella misma el tranquilizante. Casi pierde el brazo.

Atribuye buena parte de sus errores al estilo de vida agotador. “Mi consumo de cocaína se alteró mucho por la maquila, donde entras a trabajar a las 6 de la mañana y a veces no sales hasta las 7 u 8 de la noche”, subrayó a Efe.

En medio de esta dureza, muchos consumidores en Ciudad Juárez luchan en un difícil camino para evitar las drogas. Según el CIJ, solo el 1 % evita recaer pasado el año.

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Validan diputación de candidato que fingió ser indígena en Chiapas

No sólo se dio la usurpación de la identidad indígena, también se incumplió con la paridad de género, ya que debió ser una mujer la ganadora de la curul.

Por Redacción, 2018-08-19 12:18

México.- Roberto Antonio Rubio Montejo, ex secretario técnico del gobernador Manuel Velasco, fue señalado por falsificar documentos y hacerse pasar por indígena de Chiapas, para cumplir con requisitos electorales y ser candidato a una diputación federal.

Y aún así, con ese antecedente, Rubio Montejo será diputado federal.

Si bien la Sala Regional Xalapa del TEPJF había anulado la victoria de la fórmula de Rubio Montejo y Rogelio Rayo Martínez (de la coalición Todos por México), en el distrito 11, al no cumplir “con el requisito de autoadscripción indígena”, ambos personajes y el Partido Nueva Alianza (Panal) presentaron recursos de reconsideración.

Y lograron su cometido.

El argumento que admitió la Sala Superior es que la demanda de impugnación de la coalición Juntos Haremos Historia, que postuló la fórmula integrada por Yanet Martínez Domínguez y María Magdalena Hernández Méndez, fue presentada “fuera del término de cuatro días establecidos por la ley”.

En consecuencia, estableció el Pleno de la Sala Superior, “quedó firme el cómputo distrital y la constancia de mayoría y validez de la elección otorgada a la formula integrada por Roberto Antonio Rubio Montejo y Rogelio Rayo Martínez, postulada por la coalición ‘Todos por México’”.

En este caso no solo se dio la usurpación de la identidad indígena, sino que además se incumplió con la paridad de género, ya que debió ser una mujer la ganadora de la curul que le correspondía al pueblo indígena tojolabal de Las Margaritas.

El medio local también detalló que, en la votación de la Sala Superior sobre este caso, seis de los magistrados votaron a favor, y solo uno en contra, Reyes Rodríguez Mondragón.

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PGR tiene pruebas de que Ejército desapareció a un hombre

Cuando el ingeniero Herrera desapareció, su familia rastreó su paradero hasta un cuartel militar.

Por Redacción, 2018-08-19 11:55

México.- La mañana del 24 de febrero de 2015, el ingeniero Francisco Herrera, entonces de 39 años, fue interceptado cuando conducía a su trabajo, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, por al menos dos vehículos que lo encajonaron en una avenida y lo obligaron a parar la marcha.

Tal como registraron las cámaras del C4 de la ciudad, de uno de esos autos descendió al menos una persona, que abordó la camioneta del ingeniero Herrera, y luego los tres vehículos partieron, ya con el ingeniero bajo “privación ilegal de la libertad”, para luego perderse, tal como señalan las averiguaciones previas que por separado iniciaron tanto la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas, el mismo día de los hechos, como la Procuraduría General de la República, un mes después.

Desde entonces, el paradero del ingeniero Francisco Herrera (empleado de una empresa productora de papel, recién separado, que habitaba en una casa de interés social con una cama y una mesa de plástico como únicos muebles) es desconocido.

Aunque los indicios acumulados en los tres años y medio transcurridos desde el rapto apuntan a un presunto responsable, paradójicamente, las mismas averiguaciones previas emprendidas evidencian omisiones y actos dilatorios por parte de la autoridad investigadora hacia el presunto involucrado, que es el Ejército Mexicano.

 

El rapto

 

Al mediodía del 24 de febrero de 2015, al no tener noticia del ingeniero Francisco Herrera, y al no lograr contactarlo en ninguno de sus dos teléfonos celulares, su familia comenzó a rastrearlo a través del servicio de geolocalización de su teléfono celular, que ubicó las instalaciones del 15 Batallón de Infantería, de Tampico, como último punto en donde su teléfono celular se había activado.

Tal como indicaba el rastreador GPS, el aparato se había activado dentro del cuartel militar a las 9:35 horas del 24 de febrero, es decir, alrededor de dos horas después de que el ingeniero fue raptado.

Con esta información del GPS, los familiares se trasladaron a dicho cuartel, al frente del cual estaba en ese entonces el general brigadier diplomado del estado mayor Jesús Alejandro Adame Cabrera.

Al rendir declaración ministerial sobre los hechos, este militar reconoció haber atendido a la familia del ingeniero Herrera, a quienes “llevé personalmente a la parte donde supuestamente estaba el teléfono, y no había nada, porque no hay instalaciones, es un área verde”.

Para entonces, habían transcurrido más de nueve horas desde que el teléfono se había activado en ese lugar.

Destaca un hecho: este militar subrayó en su declaración que, con la intención de ayudar a esta familia, él mismo les sugirió buscar en la colonia Tancol, que rodea el cuartel, específicamente en “las casas que colindan con la barda perimetral del campo militar”.

La familia no atendió dicha sugerencia, y en cambio acudió a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, para formular ante el Ministerio Público local una denuncia formal por la desaparición del ingeniero.

Según consta en la denuncia ministerial de esta familia, una serie de coincidencias peculiares ocurrieron justo cuando acababan de ingresar a las instalaciones del MP: primero, el teléfono del ingeniero Herrera volvió a dar una señal, y una nueva ubicación de GPS, una casa ubicada precisamente junto al 15 Batallón, colindante con su barda perimetral, tal como había sugerido el encargado del cuartel.

Esta nueva ubicación GPS le fue comunicada inmediatamente al general brigadier Jesús Alejandro Adame, quien informó a la familia del ingeniero que, por voluntad propia y sin notificarles, él había integrado un contingente de 50 soldados para salir a buscarlo en la colonia aledaña al cuartel.
Según el militar, el contingente de soldados acudió rápidamente al domicilio señalado por la familia del ingeniero, pero no encontró nadie que les abriera la puerta.

“Fui a tocar –declaró el militar ante el Ministerio Público– y no salió nadie”. Esa fue toda la búsqueda.

Al día siguiente de la desaparición del ingeniero Herrera, su madre denunció ante el MP que un grupo de al menos cuatro militares estaba vigilando la vivienda de su hijo, y la de otros integrantes de la familia.

Aunque vestían de civil, la familia pudo constatar que se trataba de militares ya que, al detectarlos, se comunicaron al 15 Batallón para denunciar que personas extrañas estaban haciendo rondines en sus viviendas, ante lo cual, el general brigadier Jesús Alejandro Adame les confirmó que se trataba de soldados que realizaban investigaciones para apoyar la búsqueda.

Cabe destacar que, según el marco legal mexicano, el Ejército no está facultado para realizar ningún tipo de investigación relacionada con la comisión de delitos del orden común ni violaciones a derechos humanos cometidas por sus integrantes, facultad exclusiva de las autoridades civiles.

Al rendir declaración ministeral, el encargado del 15 Batallón subrayó que en todo momento los militares actuaron de buena fe, para apoyar en la búsqueda. Sin embargo, de su misma declaración se desprende que la información que admite haber recabado el Ejército, luego le fue ocultada a la familia y a las autoridades judiciales.

En el reporte interno titulado “Urgente. No. PTN.INF.333”, el general reporta que entró en contacto con la encargada del C4, para que personal militar realizara “una exhaustiva búsqueda en los registros de grabación con que cuentan en el citado centro de monitoreo”, para identificar el momento, lugar y forma en que fue privado de la libertad el ingeniero Herrera.

Ese rastreo en los archivos del C4, realizado por los militares, permitió identificar el momento en que fue interceptada la camioneta del ingeniero Herrera, y éste raptado.

No obstante, tal como informó el encargado del 15 Batallón, una vez que las imágenes fueron recabadas y llevadas al cuartel “ahí las dejé, en el batallón, porque no tenía yo ningún objeto (sic) de mandárselas a nadie”, y luego añadió: “esas imágenes no se las mostré a la familia Herrera”, bajo la lógica de que ellos, por su cuenta, “en algún momento iban a pedir esa información” al C4.

Esos videos también revelaron que el contingente de vehículos en el que iba secuestrado el ingeniero Herrera se detuvo, por unos minutos, en una gasolinería.

Esa gasolinería tiene ocho cámaras de seguridad, por lo que, según la declaración ministerial del general brigadier, al lugar acudieron elementos de la Policía Militar Ministerial, cuyo nombre y grado afirmó no recordar, para confiscar los videos del día del secuestro, cuyo contenido no ha sido incluido enteramente a la investigación, porque el Ejército, hasta la fecha, sólo ha entregado a la PGR fragmentos editados.

Dos días después del rapto, el mismo encargado del 15 Batallón elaboró un informe interno, en el cual concluyó, sin aportar ningún elemento de prueba, que el ingeniero Herrera es “parte de algún grupo de la organización delictiva Cartel del Golfo que opera en el área, y pudo haber sido objeto de una agresión por parte de la misma organización delictiva”.

Con eso, el Ejército dio por concluida su participación en la búsqueda, y se deslindó de cualquier responsabilidad.

Tres semanas después del rapto, el general brigadier Jesús Alejandro Adame Cabrera fue relevado de sus funciones al frente del 15 Batallón de Infantería en Tampico, y reubicado por el mando militar en Badiraguato, Sinaloa.

 

Campo Militar Número 1

 

Los peritajes elaborados por la PGR revelaron que el 28 de febrero de 2015, cuatro días después del rapto del ingeniero Francisco Herrera, los dos teléfonos celulares que portaba consigo registraron actividad, y la señal de uno de estos aparatos pudo ser rastreada mediante sistemas de geolocalización hasta un lugar preciso: latitud 19º, 26″, 14′ Norte, y longitud 99º, 14″ 20′ Oeste, coordenadas que corresponden exactamente con la ubicación del Campo Militar Número 1, en la frontera entre la Ciudad de México y el municipio mexiquense de Naucalpan, el cuartel central del Ejército Mexicano.

Tal como consta en la averiguación previa, la PGR no hizo ninguna diligencia para saber por qué el teléfono de esta víctima de desaparición emitió una señal, cuatro días después de su rapto, desde el principal cuartel militar del país.

Cuando el ingeniero Francisco Herrera fue raptado, los perpetradores también se llevaron consigo su camioneta, un Jeep Grand Cherokee con 14 años de antigüedad.

La versión oficial indica que este vehículo fue localizado cinco meses después, tras un enfrentamiento con integrantes del crimen organizado ocurrido en el rancho “El Perro”, del ejido Ruiz Cortines, en el municipio de González.

No obstante, la versión oficial, sin embargo, queda desmentida con la misma averiguación previa.

La dueña del rancho El Perro, por ejemplo, declaró ante el MP que su propiedad no se encuentra en el ejido Ruiz Cortines, y que en su rancho nunca hubo enfrentamientos entre fuerzas oficiales y grupos del crimen organizado.

Asimismo, aclaró que tampoco era un lugar llano y despoblado, como fue descrito por la autoridad, sino que es un rancho en constante producción agrícola, con permanente presencia de trabajadores y comercializadores.

Por su parte, la bitácora del servicio privado de grúas convocado, revela que la solicitud para la remoción del Jeep Grand Cherokee se dio en un municipio distinto al señalado por las autoridades.

Según la bitácora, el vehículo tenía las llaves, aunque le faltaba una de las llantas delanteras, por lo que no se explica cómo llegó la camioneta hasta el lugar de donde fue remolcada, un camino de terracería custodiado por militares.

El vehículo fue entregado en el Hotel Miramar, de Ciudad Madero, a un teniente de infantería del 15 Batallón, aunque terminó en un corralón de la PGR.

Dentro de la camioneta fue reportado el hallazgo de un uniforme de la Secretaría de Marina, que pudo ser vinculado a un marino que estuvo asignado a Tamaulipas entre 2012 y 2013, es decir, un año antes del rapto del ingeniero Herrera.

Según la declaración de ese marino, él entregó su uniforme gastado en 2013, una vez que concluyó su asignación en Tamaulipas y salió del estado, al cual, desde entonces, nunca fue nuevamente destacamentado.

 

Las puertas

 

La última prueba que destaca, de entre el cúmulo de indicios recabados en tres años y medio de investigación judicial de este caso, es un conjunto de llaves y llaveros encontrados por la Procuraduría de Tamaulipas en la vivienda ubicada junto al cuartel del 15 Batallón de Infantería, en Tamaulipas, en donde el teléfono del ingeniero Herrera pudo ser geolocalizado por segunda ocasión el día de su rapto.

Se trata, explica el peritaje realizado, de un inmueble adyacente a la barda del cuartel, que estaba pintado con el mismo color que las instalaciones militares.

Según el peritaje, el inmueble estaba deshabitado, aunque en una repisa fueron encontradas las llaves y llaveros, entre los cuales la familia del ingeniero Herrera pudo reconocer el llavero de la víctima.

Luego de ese hallazgo, la Procuraduría estatal dejó pasar 48 horas para acudir a la vivienda del ingeniero Herrera, a verificar si esas llaves abrían las puertas, lo que permitiría comprobar que la víctima, o sus captores, sí habían estado en el inmueble aledaño al cuartel militar.

Finalmente, cuando la Procuraduría estatal acudió al domicilio del ingeniero, a verificar si las llaves abrían las puertas, se encontró con que los sellos de aseguramiento habían sido quebrantados, y las chapas destruidas, lo que impidió realizar la comparación.

Curiosamente, el objetivo de violentar las chapas de las puertas no fue robar la vivienda, ya que la televisión, el aparato de aire acondicionado y el equipo de sonido del ingeniero, los únicos objetos de valor dentro del inmueble, aún permanecían ahí.

La Procuraduría estatal no realizó ningún acto orientado a rastrear huellas dactilares de las personas que destruyeron las chapas.

Ante ese escenario, la familia propuso una segunda forma para verificar si las llaves encontradas en el inmueble adyacente al cuartel militar pertenecían al ingeniero Herrera: compararlas con el juego de llaves de la vivienda de la víctima, que la misma familia había entregado al MP cuando esta autoridad puso su casa bajo resguardo.

Sin embargo, la Procuraduría estatal les informó que tampoco podían realizar dicha confronta, ya que esa copia de las llaves de la casa del ingeniero (que la familia había entregado al MP) se extraviaron.

 

El presente

 

A lo largo de dos años, la PGR requirió al Ejército (a través de una decena de oficios) que entregara la lista del personal que estaba asignado al 15 Batallón el 24 de febrero de 2015, así como los partes de novedades y la bitácora del cuartel, sin obtener respuesta.

Finalmente, en enero de 2017, el Ejército anunció oficialmente a la PGR que no entregaría esa información (aunque la ley obliga a todas las instituciones de gobierno entregar al Ministerio Público la información que se les requiera como parte de sus investigaciones), bajo el argumento de que está “reservada por comprometer la Seguridad Nacional”.

Parapetándose en esa respuesta del Ejército, la PGR informó a la familia del ingeniero Herrera que no había logrado recabar información suficiente y que “no es posible acreditar la probable responsabilidad de elementos adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional” en el rapto.

Además, les notificó y que este caso no puede ser investigado como una “desaparición forzada de personas”, ya que dicho tipo penal exige la participación, directa o indirecta, de agentes del Estado. Lo anterior, a pesar del cúmulo de pruebas recabadas por la PGR, empezando por la geolocalización de los teléfonos de la víctima en dos cuarteles militares, de forma posterior a su rapto.

El argumento de la PGR con el que descarta la participación de agentes del Estado en el rapto es contradictorio, ya que en la misma notificación aclara que no puede investigar al Ejército en este caso, pues “autoridades del fuero común también pudieran estar implicadas en la desaparición de Francisco Herrera”.

Tal como muestran las averiguaciones previas estatal y federal, las autoridades investigadoras no han realizado ninguna acción orientada a determinar si, además del Ejército, otras autoridades locales “también” están implicadas en esta desaparición.

Para conocer la postura del Ejército en torno al rapto y desaparición del ingeniero Francisco Herrera, Animal Político solicitó una entrevista con un representante de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin que se obtuviera respuesta.