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Zavala propone crear más burocracia, Oficina de Ética, anuncia

Critica que congelar el precio de los combustibles es una barbaridad, porque los primeros perjudicados serán los más pobres de nuestro país, dijo.

Por Redacción, 2018-04-16 11:49

México.- Margarita Zavala del Campo, candidata independiente a la Presidencia, señaló que desea la mejora del Estado mexicano en todos los rubros, pero esto se logrará solo con una Oficina Ejecutiva de Ética de la Presidencia.

En su visita a Nuevo León para sostener un encuentro con estudiantes en el centro Convex, previo a inaugurar su casa de campaña en Monterrey y hacer un volanteo de campaña en el municipio de Guadalupe, Zavala del Campo sostuvo que hay que ser responsable en el Gobierno.

En su mensaje destacó que existen ejes importantes, no solo mejorar el PIB para traer inversiones, sino integrar seguridad máxima y combate al crimen organizado pero sobre todo concretar infraestructuras viales para el desarrollo del país.

Agregó que no dará amnistía ni complicidad con los delincuentes.

Durante esta participación estuvo presente el político y exgobernador panista, Fernando Canales.

Un joven universitario de nombre Jorge Luis, cuestionó a la candidata sobre una posible impunidad para su prima, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, después del incendio de la Guardería ABC, en donde murieron 49 niños en Hermosillo, Sonora.

El joven, estudiante de Comunicación, tomó el micrófono y advirtió que sería un cuestionamiento “caliente” y le dijo que vio los documentales ABC Nunca Más y La Hora de la Siesta y su prima salió impune y le preguntó ¿qué harías con ella, cómo lo afrontarías o esto es una mentira?

Zavala agradeció a Jorge Luis su libertad para preguntar y dijo que muchas veces se ha utilizado el dolor para atacar y se deslindo de una posible protección para su familiar y dijo que ella nunca ha intervenido para que se evite la justicia.

“Muchas gracias Jorge Luis que bueno que te sentiste en libertad de preguntar lo que quisiste, respecto de lo que me dijiste de la Guardería… muchas veces se ha utilizado el dolor de los demás para atacar. Yo nunca he intervenido, nunca, he intervenido para que alguien evite la justicia, nunca en eso estate suficientemente tranquilo. Pero además, siempre estuve solidaria con las más y estoy hasta la fecha todavía y tengo contacto con muchas de ellas, en eso estoy tranquila y es importante que me lo preguntes para que les quede claro”, respondió Margarita.

Impuesto Especial para Productos y Servicios

La ex primera dama, indicó que de llegar a la Presidencia revisaría el Impuesto Especial para Productos y Servicios (IEPS) que tiene la gasolina y dijo que con lo recaudado por este combustible se podría generar un fondo que podría utilizarse para canalizarlo a infraestructura y economía verde.

“El IEPS en primer lugar, desde luego tendrá que revisarse y también me gustaría que tengamos la posibilidad de generar un fondo de ese propio impuesto que regrese en infraestructura y economía verde y de muchas cosas que podemos canalizarlo”, dijo.

“Lo que están proponiendo que es congelar el precio de los combustibles es una barbaridad, es una demagogia, que además los primeros perjudicados serán los más pobres de nuestro país y lo más beneficiados serán los más ricos y es una pena que se esté poniendo una idea de estas, es una irresponsabilidad”, agregó.

Más tarde, la aspirante presidencial hizo un volanteo en la esquina de Av. Vallarta y calle Rafael Sanzio en Zapopan, en donde los ciudadanos recibieron de buena manera. Sólo un automovilista le gritó: “¡Arriba el peje!”.

Durante 40 minutos, Margarita Zavala repartió Propaganda, pegó calcomanías y se tomó fotos con los paseantes de la zona.

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Colosio, el magnicidio que desató la violencia y la corrupción en México

La crisis que empezó ese año permitió una mayor presencia de la delincuencia organizada en estructuras de gobierno.

Por Redacción, 2019-03-22 11:12

México.- El magnicidio ocurrió por la tarde. Luis Donaldo Colosio, candidato oficialista a la presidencia de México, se abre paso entre una multitud tras concluir un evento político en Tijuana, Baja California.

De pronto alguien acerca una pistola a la cabeza del político y dispara. Colosio se desploma. El presunto homicida, Mario Aburto, es detenido. En los siguientes minutos sólo hay desorden, hasta que los guardias logran llevarlo a un hospital. Horas después es declarado muerto.

Fue el 23 de marzo de 1994. Ese miércoles México empezó a cambiar. El país, coinciden especialistas, entró en un proceso de violencia que, 25 años después, todavía no cesa. “Se mandó el mensaje de que todo se vale” dice el analista político Agustín Basave, expresidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD). “Estoy convencido que allí empezó la espiral de violencia que hoy nos tiene donde nos tiene”.

La muerte de Colosio, candidato del entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) desató una crisis política con algunos episodios violentos. Uno de ellos fue el asesinato, en septiembre de ese año, del secretario General del PRI Francisco Ruiz Massieu, excuñado del presidente Carlos Salinas de Gortari.

México terminó 1994 con una profunda crisis política, conocida en el país como “el error de diciembre” aunque a nivel internacional se le llamó “Efecto Tequila”. Por la crisis económica miles de personas perdieron sus empleos o propiedades.

Según datos del gubernamental Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi), en 1996 el índice de personas con pobreza patrimonial fue del 69% de la población. Además de las dificultades económicas el país vivía un paulatino incremento en violencia e inseguridad.

En junio de 1995 fueron asesinados 17 campesinos en el paraje de Aguas Blancas, Guerrero, a quienes atacaron policías estatales. El incidente provocó la aparición pública del Ejército Popular Revolucionario (EPR), un movimiento armado heredero de grupos guerrilleros formados en los años 60 y 70.

Mientras, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se había alzado en armas el 1 de enero de ese año, denunció hostigamiento de paramilitares en sus comunidades de Chiapas, en el sureste del país.

La presión de estos grupos provocó la matanza de 45 indígenas que oraban en la comunidad de Acteal, el 22 de diciembre de 1997. Ese mismo año se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP, que empezó la medición oficial sobre los índices de violencia.

Uno de sus primeros resultados fue que más del 90% de los delitos no se denunciaban, por temor o desconfianza hacia las autoridades. También se registró una tendencia creciente en el número de homicidios violentos, que en 1997 fue mayor a 13.000 en el país.

Por esa época nació el grupo de Los Zetas, formado por 40 exmilitares de élite y que originalmente fue el brazo armado del Cartel del Golfo. Años después se convirtió en una de las organizaciones de narcotráfico más violentas de la región, según autoridades.

Uno de los orígenes de este proceso es el asesinato de Colosio afirma Flavio Meléndez Zermeño, investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.

La muerte del candidato, a quien la mayoría de las encuestas ubicaban como ganador de las elecciones presidenciales de 1994, representó “el tiro de gracia al régimen político de partido de Estado”, explica.

Lo que surgió fue un sistema político vulnerable a la delincuencia organizada, que en algunos años provocó escándalos. Un ejemplo fue el general Jesús Gutiérrez Rebollo, designado en diciembre de 1996 como el primer jefe del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas. Meses después el militar fue detenido al descubrirse sus nexos con Amado Carrillo “El Señor de los Cielos”, líder del Cartel de Juárez.

Casos similares se presentaron en las décadas siguientes en distintos niveles de gobierno.

Eso ocurrió por ejemplo con el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, acusado en tribunales de Estados Unidos de proteger al cartel de Los Zetas. O los recientes señalamientos de empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex) a quienes se acusa de colaborar con bandas de robo de combustible.

En todo esto el hilo conductor es el magnicidio asegura el investigador Meléndez Zermeño. “Lo que ocurrió fue una interpenetración entre estructuras del Estado y del crimen organizado, sobre todo en el marco de esta llamada guerra contra el narcotráfico” insiste. “Eso da impulso a la violencia, los asesinatos, las desapariciones. Son miles”.

En eso coincide el analista Agustín Basave. “El asesinato de Colosio fue un parteaguas negativo, un hito nefasto que llevó a México por un derrotero donde todo se vale”.

Antes de 1994 existían reglas no escritas en el país para evitar la violencia política. Pero con el crimen del candidato presidencial “eso se rompió, allí empezó el clima de violencia que hoy tenemos” dice. El mensaje fue que las autoridades no respetaban los acuerdos de civilidad, algo que dejó algunos vacíos que se llenaron por la delincuencia organizada.

La crisis que empezó ese año permitió una mayor presencia de la delincuencia organizada en estructuras de gobierno.

La muestra más clara es el alto número de corporaciones policíacas locales que fueron infiltradas por bandas de narcotráfico, según denunció el gobierno de Estados Unidos.

“El asesinato de Colosio conduce a una mutación del Estado mexicano, pero no a la democracia sino al estado del crimen”, afirma Flavio Meléndez. “A lo que conduce es a un Estado delincuencial, todavía estamos en eso y vivimos las consecuencias”.

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“Obrador me decepcionó, es más de lo mismo y peor”, sostiene Mireles

El exlíder comunicario dijo que en Michoacán la problemática de violencia sigue, pues algunos que se nombran autodefensas son criminales.

Por Redacción, 2019-03-22 11:05

México.- El exjefe y vocero de las autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles, dijo que el gobierno del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador lo ha decepcionado, pues es ‘más de lo mismo e incluso peor’, pues aseveró que no ha cumplido con sus promesas.

Lo anterior fue declarado durante un evento por el natalicio del Benemérito de las Américas Benito Juárez.

Al respecto, José Manuel Mireles anunció que si AMLO no resuelve la inseguridad se levantará con las autodefensas: “Si votamos 32 millones de mexicanos por un cambio y vemos con tristeza que siguen poniendo a los mismos mandos que tenía Peña Nieto, las cosas no van a cambiar van a ser peor. Es lo mismo, peor tantito”, comunicó.

Asimismo, Mireles dijo que en Michoacán la problemática de violencia sigue, pues algunos que se nombran autodefensas son criminales que secuestran y roban la región de Tierra caliente.

“Yo tenía la esperanza de que como el presidente de la República jaló a los actores políticos de diferentes partidos para lograr la unidad nacional estoy viendo que estos regresaron nada más por sus cueros, no porque les interese el pueblo”, añadió.

Finalmente, con todo lo anterior Mireles dijo que la administración de AMLO lo ha decepcionado. Sin embargo, agradece su libertad: “Estoy decepcionando se lo di bien razonado al presidente de la República, porque él mismo demandó mi libertad y es un compromiso moral que yo tengo con él, de ahí en más todo está igual”, remató.

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Empresas son dueñas del 70% del agua que hay en México

Desde 1992 un 7 % de empresas -mineras, embotelladoras, lecheras- controlan el 70 % de las concesiones del agua, cuya escasez afecta a los ciudadanos más vulnerables.

Por Redacción, 2019-03-22 10:59

México.- Aunque el agua es de titularidad pública, está “de facto” en manos de grandes empresas en México, las cuales controlan buena parte de su uso amparadas por una ley que no contempla el derecho humano a este recurso.

De acuerdo con expertos desde 1992 un 7 % de empresas -mineras, embotelladoras, lecheras- controlan el 70 % de las concesiones del agua, cuya escasez afecta a los ciudadanos más vulnerables.

El coordinador del área de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Rodrigo Gutiérrez, explicó que para entender las desigualdades hay que conocer el derecho humano al agua, que incluye obligaciones para el Estado y las empresas.

Por derecho, el agua debe tener un flujo constante y continuo, estar limpia y en condiciones óptimas, estar físicamente accesible, ya sea en el hogar del ciudadano o a una distancia mínima. Pero no siempre sucede en México.

También el agua debe ser fácil de obtener desde el punto de vista económico y el ciudadano debe tener acceso a información exacta sobre la situación del líquido en el país. Tampoco sucede. Además, el agua tiene que distribuirse de forma equitativa a todos los sectores de la población, algo que tampoco termina de cumplirse como es debido en el país.

Tomando esto en cuenta, Gutiérrez entiende que en México, “en general”, se está violando el derecho humano al agua. Para afirmar esto se basa en la citada desigualdad a la hora de distribuir el agua, pues a menudo no se sabe “qué cantidad de agua se tiene ni qué calidad”.

Además, algunas familias que viven en condiciones de pobreza tiene acceso a agua una vez cada 8 días, o deben gastar el 15 % de su salario para obtenerla.

A esto, el coordinador del programa de sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Pedro Moctezuma, agregó en entrevista con Efe que 10 millones de mexicanos no tienen acceso al agua.

Para entender cómo se llegó a esta situación es necesario remontarse a 1992, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el año pasado fue reemplazado por otro pacto denominado T-MEC y que está pendiente de su ratificación.

El TLCAN, entre EE.UU., Canadá y México, establecía que el acceso al agua es un componente importante para las inversiones.

Ese mismo año se creó la Ley de Aguas Nacionales (LAN) en la cual no se contempla el derecho humano al agua pues todavía no este no aparecía en la Constitución. Se dio un proceso opaco en torno a la entrega de concesiones bajo el principio de que el agua pertenecía al primero que la solicite. Sobre este contexto, los oligopolios empresariales vieron una gran oportunidad.

“Esa ley concibe al agua como un recurso que hay que distribuir, pero todos esos elementos que contiene el derecho humano al agua nunca fueron contemplados”, asegura Gutiérrez.

En aquel entonces, el agua “era concebida casi como un recurso infinito que había que llevar de un lado a otro sin tomar en cuenta las necesidades de las personas ni de la naturaleza”.

La coordinadora de Planeación del Centro Para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa (Centli) de la UAM, Elena Burns, indica a Efe que el objetivo de la ley anterior fue “crear un mercado del agua”.

“Las concesiones fueron objetos de compra y venta con la idea de que el agua quedara en manos de los que podrían hacer un uso más productivo y rentable de ella”, precisó.

En 2012 se incluyó en el articulo 4 de la Constitución el derecho humano al agua y se dio a los legisladores 365 días para publicar una Ley General de Aguas, algo que finalmente nunca sucedió. Moctezuma va más allá y habla del llamado “huachicoleo del agua”, que se da a través de desviación ilegal del recurso a grandes empresas.

El huachicoleo es una palabra que en México alude al robo y venta ilegal de hidrocarburos, ahora extrapolado a la distribución del recurso hídrico. “Estas empresas tienen a pozos clandestinos”, sostiene el especialista. No obstante, identificar a esas empresas beneficiadas resulta sumamente complicado: una empresa puede dividirse en cientos de filiales.

Gutiérrez considera esto como “el gran problema para monitorear a las empresas”. “Las grandes multinacionales del agua tienen una cantidad increíble de empresas diversificadas”, asegura.

Sobre este escenario se ciernen dos imágenes contrapuestas: en la localidad de Alpuyeca, en el estado de Morelos, la gente tiene agua una vez a la semana durante 3 horas.

Enfrente, un gigantesco campo de golf se riega diariamente con agua potable. “Como este caso hay cientos en el país, ahí descubres cómo las concesiones están siendo otorgadas a actores que hacen mucho dinero con el agua”, concluye.