México– El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso mexicano un paquete de 20 iniciativas, entre ellas, 18 iniciativas de reformas constitucionales.
Propone ampliar otra vez la lista de delitos que conllevan prisión preventiva oficiosa. Esto reduciría aun más las facultades de las autoridades judiciales para determinar si es necesario encarcelar a las personas imputadas. Cabe recordar que la prisión preventiva oficiosa es una violación de derechos humanos que trastoca la correcta implementación del sistema penal. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado al Estado mexicano eliminar esta figura de su normatividad.
El paquete de reformas enviado el 5 de febrero, abarca diversos temas, desde los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas, hasta las pensiones y el sector energético, entre otros.
Aunque algunas de las iniciativas buscan avanzar en los derechos de las comunidades u otras demandas sociales, otras pretenden rediseñar o eliminar instituciones del Estado, en muchos casos con el fin de reducir contrapesos democráticos.
López Obrador propone una serie de reformas en materia de seguridad y justicia que, según sus críticos, debilitarían la división de poderes, el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos.
El presidente propone establecer desde la Constitución que la Guardia Nacional sea una de las fuerzas armadas, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Este es su segundo intento de formalizar el control de la SEDENA sobre la Guardia Nacional, tras la invalidación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2023 de una reforma legislativa en ese mismo sentido.
Poder judicial y derechos humanos
López Obrador afirma que el Poder Judicial es corrupto y elitista, y ataca a jueces y juezas por liberar a personas detenidas. Ahora, propone que las autoridades judiciales, incluyendo las personas ministras de la Suprema Corte, sean electas por voto popular como supuesta medida contra la corrupción y las malas prácticas.
Bajo las normas mexicanas e internacionales, toda persona detenida tiene derecho a ser liberada si su detención fue ilegal o si la fiscalía no sustenta la imputación en su contra; este es un mecanismo fundamental para proteger los derechos de las personas y para exigir que las fiscalías realicen investigaciones confiables.
A pesar de lo anterior, el discurso de López Obrador da a entender que la liberación de personas es el problema, y que la población tendría que corregir ese problema eligiendo a jueces y juezas. Esto crea fuertes incentivos para que las personas candidatas y electas validen detenciones ilegales o prometan no liberar a personas, un riesgo mayor en un país con un largo historial de detenciones arbitrarias.
En resumen, las reformas profundizarían un modelo en que el ‘éxito’ se mide por el número de personas privadas de libertad en vez de por el acceso a verdad y justicia. Quienes más sufrirían violaciones a sus derechos en este escenario serían, como siempre, las personas en pobreza e integrantes de grupos sociales históricamente marginados.
Las reformas también proponen prohibir desde la Constitución actividades relacionadas con cigarrillos electrónicos, vapeadores y drogas sintéticas ilícitas. Asimismo, establecerían la prisión preventiva oficiosa para “narcomenudeo” —un término que abarca no solamente la distribución de drogas sino la posesión— y delitos relacionados con las drogas sintéticas.
Si bien la legislación ya contempla la prohibición de una amplia gama de conductas relacionadas con las drogas y la prisión preventiva para varias de ellas, la reforma pretende ampliar este esquema desde la Constitución. Dicho enfoque obstaculizaría aun más el acceso a servicios de salud, tratamiento y otras medidas de reducción de daños.
López Obrador no cuenta actualmente con la mayoría legislativa necesaria para reformar la Constitución sin la oposición. Más bien, las iniciativas de reforma se presentan en un contexto en que ocuparán la atención y serán un tema central de debate para medios, actores políticos y el público durante la temporada electoral.